PROXENETAS MEXICANOS Fin de una historia de abusos (2a)

Leticia Puente Beresford y Carolina Velásquez (Segunda y última Parte)

México, D.F. (apro-cimac).- Con nombres ficticios, estos son los testimonios de cinco de las víctimas de una familia de mexicanos, oriundos del estado de Tlaxcala, que durante 13 años –de 1991 a 2004—se dedicó a la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

En 1998, Claudia, de 17 años, conoció a Josué Flores Carreto en Tenancingo, México. Josué se presentó bajo el nombre de “Raúl” y la sedujo con promesas de amor y matrimonio. Tres años más tarde, en 2001, Josué se casó con ella e inmediatamente después la llevó a un hotel, donde la mantuvo encerrada durante dos semanas. Claudia sólo podía salir acompañada de él o su primo (Eliú). Posteriormente, Josué la llevó a casa de su madre Consuelo.

Claudia tuvo un hijo con Josué. Y cada vez que ella intentaba escapar, la madre y la cuñada la retenían, la golpeaban y la amenazaban con quitarle al niño para siempre. Inicialmente, Josué utilizó el chantaje como medio para convencerla de que se prostituyera. “Lo harás si realmente me amas”, le decía. Luego, utilizó la violencia física y las amenazas.
Una vez dominada su víctima, Josué obligó a Claudia a prostituirse en Irapuato, el DF y Puebla. En 2003, Claudia cruzó la frontera ilegalmente junto con su cuñada, María de los Ángeles Velásquez. Ya en Queens Claudia fue obligada a “atender” a un promedio de 20 hombres al día. Nunca vio un centavo. Josué la amenazó con matarla si intentaba escapar.

El caso de Petra no es muy distinto: Petra fue seducida por Gerardo Flores Carreto, quien la llevó a casa de su madre Consuelo en Tenancingo, Tlaxcala. Una vez ahí, Gerardo le prometió que le compraría dos casas en México, una para ella y otra para su familia. Tiempo después, en junio de 2003, Gerardo, en complicidad con su amigo, Daniel Pérez Alonso, la llevó a Estados Unidos. Como en los otros casos, cruzaron la frontera con la ayuda de “polleros”. Petra creía que iba a trabajar como mesera o en una lavandería, sin embargo, una vez en Nueva York, Gerardo y Daniel la convencieron para que se prostituyera, bajo el argumento de que tenían que pagar urgentemente la deuda que habían adquirido con los polleros que los ayudaron a cruzar la frontera.

Un caso más: A los 15 años, María, originaria de una pequeña comunidad de Puebla, fue a la Ciudad de México a trabajar como sirvienta. Un domingo asistió a un baile y ahí conoció a Daniel Pérez, quien dos semanas después la llevó a la casa de su “hermano” en Tenancingo, bajo la promesa de que esa noche regresarían al DF. Sin embargo, nunca regresaron: María fue encerrada y ultrajada por su captor. Después de aproximadamente dos meses, Daniel le dijo a María que tenía que ejercer la prostitución. Ella se negó y escapó. Se refugió en la casa de su hermana, en la Ciudad de México. Sin embargo, Daniel la encontró, le dijo que había cambiado, que la trataría bien, y la convenció para que volviera con él. Luego, la llevó a un departamento que compartía con Josué en el DF, donde la mantuvo incomunicada y, posteriormente, la forzó a prostituirse.

Igual que en los dos casos anteriores, María llegó a Estados Unidos sin documentos. Fue severamente golpeada y amenazada cuando no llevaba dinero suficiente o si se negaba a trabajar o intentaba guardar algo de dinero para sí. Dos veces quedó embarazada y en ambas ocasiones la obligaron a abortar. La vida de María era controlada completamente por la familia Carreto.

Lupe es otra víctima. Tenía 14 años cuando fue a visitar a su prima a Tenancingo, y ahí conoció a Gerardo Flores Carreto y al primo de éste, Cándido. Al final del día, Gerardo invitó a Lupe a casa de su mamá. Esa noche, la violó. Tiempo después Gerardo fue al pueblo de Lupe y convenció a sus papás de que se casaría con ella. Nunca lo hicieron, pero sí tuvieron una hija, Gladis, que vivió con Consuelo Carreto. A Lupe la llevaron a Tijuana, donde la obligaron a prostituirse y a mantener relaciones con más de 30 hombres al día. Vivió en esas condiciones durante cinco años. Gerardo le prometió que una vez que naciera el bebé no volvería a ser prostituta, pero luego la llevó a Estados Unidos a “trabajar”. Una vez más fue forzada a prostituirse y a enviar aproximadamente mil dólares semanales a la familia de Gerardo. El abuso y las amenazas fueron las mismas que en los casos mencionados.

Cristina es una mexicana que tenía varios años trabajando en un billar que frecuentaba la familia Carreto. Daniel Pérez la sedujo y varias veces le pidió que se prostituyera para él. Le decía que necesitaba dinero desesperadamente para enviar a su hermana y su madre enferma. Prometía que sería por un periodo corto de tiempo hasta que pudiera “ofrecerle lo que ella realmente merecía”. Cristina se negó. En conversaciones posteriores, Pérez reconoció ante Cristina que tenía a mujeres trabajando en la prostitución (tres en México y una en EU), con el argumento de que ese era su “trabajo”.

PROXENETAS MEXICANOS Fin de una historia de abusos

Leticia Puente Beresford y Carolina Velásquez (Primera Parte)

México D.F. (apro-cimac).- El pasado jueves 24, el diario estadunidense The New York Times publicó en sus páginas interiores una nota sobre el caso de una familia de mexicanos, oriundos del estado de Tlaxcala, que durante 13 años –de 1991 a 2004—se dedicó a trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

Según la información difundida por el periódico, una de las cabezas de la organización, Consuelo Carreto Valencia compareció ante los tribunales estadunidenses y se declaró culpable del presunto delito de trata en comercio sexual, por lo que, de acuerdo con el la legislación penal de aquel país, podría enfrentar una sentencia de al menos 14 años de prisión.

De 61 años de edad, la mujer fue detenida en México en febrero de 2004 y extraditada a Estados Unidos en enero pasado, acusada de los presuntos delitos de conspiración, trata sexual y contrabando. Este asunto es uno de los casos de trata de personas más importantes que ha llegado a las cortes estadunienses desde que entró en vigor el Acta para la Protección de Víctimas de Trata.

La historia se remonta a 2004, cuando la policía neoyoquina detuvo, en una redada, a varios integrantes de la organización de proxenetas, entre ellos a dos hijos de Consuelo, Gerardo y Josué Flores Carreto, así como a Edith Mosquera de Flores, dueña del prostíbulo ubicado en el barrio de Queens, donde los Carreto obligaban a prostituirse a una decena de mujeres internadas ilegalmente en Estados Unidos. Según las investigaciones realizadas por la policía estadunidense, la familia Carreto reclutaba a sus víctimas en zonas rurales pobres del centro de México, además de Tenancingo y la Ciudad de México.

Con base en los propios testimonios de las víctimas, que obran en el expediente, se sabe ahora que los hijos y sobrinos de Consuelo Carreto enganchaban a mujeres con un nivel pobre de educación con la promesa de matrimonio o las deslumbraban con costosos regalos. Una vez que tenían bajo control la situación, las llevaban a vivir a la casa paterna o en departamentos siempre vigilados. Cuando estos métodos no funcionaban, los Carreto recurrían al secuestro, la violación y la violencia para someter a sus víctimas.

De acuerdo con el relato de las víctimas, Consuelo y María de los Ángeles Velázquez, se hacían cargo de las víctimas: las mantenían incomunicadas y cuidaban a los hijos que las jóvenes tuvieron con sus hijos. Antes de llegar a Estados Unidos, las mujeres fueron obligadas a ejercer la prostitución en distintos puntos del territorio nacional: Tenancingo, DF. Puebla, Irapuato y Tijuana. De este último punto, los Carreto cruzaban la frontera hasta llegar a Nueva York. Ahí, se les obligaba a "atender" a un promedio de 30 hombres al día. Por cada sesión de sexo, cobraban de 25 a 35 dólares, de los cuales nunca vieron un centavo. Una parte iba a parar a manos de los Carreto y, la otra, a la dueña del prostíbulo. La investigación de la policía permitió saber que Consuelo recibía de 800 a mil 600 dólares semanales.

La investigación

En el juicio contra los Carreto testificaron nueve víctimas y un "testigo cooperante" íntimamente ligado a la familia mexicana de proxenetas, quien muchas veces la hizo de custodio de las víctimas, así como de acompañante de los acusados durante los "enganches". Adicionalmente, el 4 de enero de 2004, los agentes del Inmigration and Customs Enforcement (ICE), del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, inspeccionaron los dos departamentos en los que vivían los miembros de la familia Carreto y sus víctimas, en Queens, NY. Ahí, los agentes encontraron un número considerable de evidencias: libretas con números y direcciones de burdeles, casas de masaje y centros de alterne, precios y ganancias por el "trabajo" que realizaban sus víctimas, bolsas de dormir, registros telefónicos, condones, lubricantes y artículos para uso sexual, cartas, fotografías y recibos de transferencias monetarias. Un día después de la inspección fueron arrestados Josué y Gerardo Flores Carreto, así como Daniel Pérez Alonso. Y en febrero de 2004, autoridades mexicanas detuvieron a Consuelo Carreto Valencia y María de los Ángeles Velázquez Reyes, en Tenancingo, México. Luego, Edith Mosquera de Flores, dueña del burdel, se declaró culpable de beneficiarse económicamente de la prostitución forzada. Entre las acusaciones que se adjudican a la familia destacan: conspiración, trata con fines de explotación sexual, trabajos forzados, tráfico ilegal para prostitución, conspiración para importar extranjeros con propósitos inmorales, trata y tráfico de personas.

Exige diputada castigar feminicidios en sierra de Zongolica

Regina Martínez JALAPA, Ver., 28 de julio (apro).

La presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso veracruzano, Alba Leonila Méndez, instó a la Procuraduría local a tomar medidas para castigar a los responsables de los feminicidios perpetrados en la sierra de Zongolica. Al presentar un pronunciamiento con proyecto de acuerdo, la legisladora panista denunció que los crímenes de mujeres, sobre todo de ancianas indígenas, han sido una constante en esa región veracruzana.

Sostuvo que la violencia ha permeado en todo el tejido social de la entidad y alcanzó ya a algunas ciudades, como Jalapa, donde recientemente asesinaron a una joven cuyo cuerpo fue escondido en un tambo. También recordó que en los últimos días se dio muerte de forma cruel a una anciana de 86 años en el puerto de Veracruz, mientras en Cardel una mujer fue ahorcada y después incinerado su cuerpo, y finalmente en el municipio de Atzalán apareció en el río el cuerpo de una joven que presentaba signos de haber sido ultrajada. Estos crímenes y los de mujeres indígenas de la sierra de Zongolica, subrayó la legisladora panista, "lamentablemente no han sido esclarecidos".

Se refirió a los casos de Susana Xocua y Anastasia Coyohua, asesinadas "por ser mujeres, por ser adultas mayores y por ser indígenas, casos a los que se suma el de Avelina Palacios, de 32 años, quien fue apuñalada y su cuerpo tirado en un camino vecinal de esa misma región". La además integrante de la junta de gobierno del Instituto Veracruzano de la Mujeres aseguró estar realizando acciones para que se haga justicia en estos casos de feminicidio.

Por ello exhortó a las autoridades de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública a actuar conforme a la ley para castigar a los responsables de estos crímenes, a incrementar la vigilancia en la sierra de Zongolica y a proporcionar certeza a sus habitantes de que el gobierno "está empeñado en velar por su seguridad".

Por otra parte, en la sesión plenaria de este lunes se retiró de la agenda el polémico dictamen de reformas al Código Civil propuesto por el priista Leopoldo Torres García. La iniciativa había recibido la víspera fuertes críticas de parte de agrupaciones de mujeres y del propio Instituto Veracruzano de las Mujeres. Con la reforma al artículo 162 del Código Civil, se buscaba derogar el derecho a una pensión alimenticia después de dos años de divorcio voluntario, situación que fue calificada de "discriminatoria e ilegal".

En un texto de protesta, Martha Mendoza Parissi, presidenta del Instituto Veracruzano de las Mujeres, solicitó al Congreso local retirar esa controversial iniciativa. En su iniciativa, Torres García alegaba que la realidad histórico-social del estado apuntaba a establecer "que en la separación conyugal mayor a dos años no existe la obligación de otorgar alimentos para ningún cónyuge".

Esta consideración, sostenía, "se funda en que los cónyuges que demandan el divorcio por esta causal tienen en primer lugar la intención de establecer su situación jurídica y con esto permitirse, inclusive, iniciar un nuevo matrimonio con otra persona. Y segundo, buscan evitarse la carga de ser deudores alimenticios de una persona con la que ya no mantienen ningún vínculo directo".

Saquean oficinas de la agencia CIMAC

Elizabeth Velasco C.

Imagen del saqueo en las instalaciones de la agencia de noticias CIMAC, ubicadas en Balderas 86, delegación Cuahutémoc Foto: Alfredo Domínguez

Las instalaciones de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) fueron violentadas este fin de semana y el desorden inusual en que se encontraron las oficinas indica que no se trató de un robo común, sino que se quiso dejar el mensaje de que “CIMAC es vulnerable”, denunció el abogado Manuel Fuentes, quien junto con los afectados presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

En entrevista, el jurista señaló que, de acuerdo con las declaraciones de Erika Cervantes, de CIMAC, al llegar a las oficinas de la agencia, este lunes a las 7:30 de la mañana, se encontraron con que las puertas fueron abiertas con violencia, pues las cerraduras se encontraban destrozadas.

En las oficinas todo estaba hecho un desorden; en particular, refirió Fuentes, “llamó la atención que quienes ingresaron ilegalmente estuvieron hurgando en los escritorios y en los archiveros, pues todos los documentos fueron sacados de su lugar y se encontraron regados por todas partes.

“El desorden que dejaron fue inusual para lo que pudiera considerarse un robo común. De cómo dejaron el sitio es obvio deducir que estuvieron buscando información y documentos, algo muy grave porque la agencia se dedica a la denuncia y difusión de temas que afectan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos”, dijo el jurista en alusión a las actividades de la agencia.

Fuentes comentó que 12 equipos de cómputo fueron robados, así como una pantalla, además de equipo electrónico y de grabación con el cual la agencia desarrolla su trabajo.

Se solicitó la presencia de peritos de la PGJDF, quienes encontraron las huellas digitales y de calzado de quienes ingresaron. Sobre los hechos, se levantó la denuncia FCH/ CUH6/T2/1195/08-07. El abogado pidió a las autoridades de la procuraduría que actúen de manera expedita a fin de identificar a los responsables de estos hechos.

Comentó también que es la primera vez que CIMAC enfrenta esta situación en casi 20 años de existencia, además de que los trabajadores de la agencia no señalan quién pudiera tener interés en enviar tan singular mensaje a la agencia.

Atrapadas sin salida

Lydia Cacho Plan B 21 de julio de 2008

El gobierno de Calderón informa que tiene controlada la violencia contra mujeres, y los países no dan recursos

Andrea tiene 30 años y un pequeño de tres. Estudió leyes y eligió la responsabilidad social; trabaja en una ONG, gana siete mil pesos.

Es un refugio para mujeres maltratadas en Oaxaca que el año pasado, entre atenciones sicológicas, legales, de trabajo social y de salud, dio 25 mil servicios directos. Si ellas no existieran, su comunidad tendría índices más altos de feminicidio, y las mujeres seguirían soportando la esclavitud de la violencia.

Pero el gobierno de Felipe Calderón hará todo por destruirlas, a ellas y a muchas organizaciones sin fines de lucro que atienden violencia contra mujeres, que rescatan niñas de la calle, o atienden a personas con VIH-sida. Pero no las desaparecerán al estilo dictatorial, ni las cooptarán y aplastarán como el PRI; sino por asfixia económica.

Antes decían que las ONG operaban con poca transparencia, así que durante el foxismo, la mayoría aceptaron convertirse en OSC y registrarse con los mecanismos exhaustivos que exigen la Sedesol, Inmujeres, el Indesol y la Secretaría de Salud. Luego comenzaron a intervenir en los modelos de atención, imponiendo prácticas recomendadas por académicos o burócratas que jamás han hecho trabajo de campo. Se exigen profesionales de alto nivel, que cobren poco, no voluntarias. Exigieron que todas las OSC, incluyendo las indígenas en las zonas más pobres del país, hicieran todo por computadora, y que 20% de sus recursos se destine a sistemas contables y administrativos de primer mundo. Exigieron que en lugar de “mendigar” dinero al Estado, hicieran marketing social corporativo (como si viviéramos en Suiza y no hubiese narcoguerra, pobreza, crisis económica y alimentaria, y empresarios mezquinos). Eliminaron la deducibilidad del ISR, cortaron fondos privados. Forzaron a todas las y los trabajadores a salir de nómina y perder su seguro social e Infonavit.

Cobrando por honorarios, Andrea, paga el IVA, el IETU, el ISR y el DIOT, y al contador. Esto significa que se quedará con 4 mil 900 pesos para pagar la guardería y al pediatra (a lo que ya no tiene derecho su niño), los libros de la escuela, la renta, ropa y comida, y los pasajes para ir a su trabajo. La organización de Andrea ha solicitado fondos a cooperaciones extranjeras, pero el gobierno de Calderón informa que tiene controlada la violencia contra mujeres, y los países no dan recursos para lo que el gobierno “sí ataca”. Gastan 120 millones de pesos en una campaña para decir que a las mujeres ya no les pegan en México con la nueva ley; en tanto Indesol e Inmujeres informan que no podrán aportar los 150 mil pesos a cada OSC porque se agotó el presupuesto. La Secretaría de Salud envió los recursos a los estados, pero muchos gobernadores niegan apoyos a las OSC que no entran en su redil político. Se termina julio y los recursos públicos que debieron ser entregados desde marzo, no aparecen. El Congreso de la Unión que los aprobó no pregunta por qué.

Poco a poco cientos de organizaciones que salvan vidas y siembran futuro, morirán por falta de recursos. Nadie llorará su muerte, hay demasiados problemas en el país para que la gente se preocupe porque millones de personas, cuya esperanza radica en la asistencia profesional de la sociedad civil organizada, queden solas, pobres, enfermas o muertas. Andrea estudió para comprometerse con su comunidad. Ahora trabajará para un despacho privado que conoce los caminos para evadir impuestos.

Es de gritar

Gabriela Rodríguez

viernes 18 de julio de 2008 LA JORNADA

La veíamos venir pero no deja de asustarnos. Con los gobiernos de derecha, desde tiempos de Salinas la democracia se debilita y nuestro territorio libre se está convirtiendo en Estado represor.

Uno de los peores síntomas se expresa en la política de población. Crucial para la vigencia de las libertades y una de las pocas, si no es que la única, que se había consolidado como política de Estado. Política laica diseñada a largo plazo (lleva 34 años) para tomar decisiones con base en el conocimiento generado por la investigación y para coordinar acciones multisectoriales, programas sociales, educativos y de salud con criterios técnicos y relativamente progresistas, pero sobre todo trascendiendo periodos sexenales al margen de posiciones religiosas, partidistas e ideológicas.

Los compromisos internacionales, signados por México en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en la primera Conferencia Mundial de Población, llevaron a fundar el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 1974 y a reformular el artículo 4º constitucional. Fue cuando se convirtió en garantía individual la igualdad del varón y la mujer ante la ley, así como el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Se contemplaron también cambios en la estructura por edad y migración interna e internacional.

La ejecución de programas en las siguientes décadas alcanzaron logros importantes: ampliar el acceso de las mujeres a la enseñanza básica, al empleo remunerado y a posiciones en el ámbito político; el derecho a la información, a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos; disminuir la mortalidad materna (por embarazo, parto o aborto), el promedio de hijos por mujer, la fecundidad en menores de 20 años y la proporción de abortos. Desde entonces el rezago lo marca la desigualdad social: el embarazo no deseado y la mortalidad materna se concentra en las mujeres pobres, en adolescentes sin escolaridad y en la población indígena.

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, fue otro parteaguas mundial porque permitió dar un giro a la política de población. Se planteó un programa mundial para 20 años, que más allá de la visión demografista asumió una concepción integral enfocada en la igualdad social con perspectiva de género y en los derechos sexuales y reproductivos. El plan de acción se enfocó en la lucha contra la mortalidad materna, el acceso a servicios de aborto seguro de acuerdo con las legislaciones nacionales; en la prevención del VIH/sida y en servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

Este año, que será la revisión de los 15 años de ejecución del programa mundial de El Cairo, Elena Zúñiga Herrera, secretaria general del Conapo, fue designada presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas y también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue una valoración a una gestión de 12 años al frente de la política de población y un reconocimiento al liderazgo de México para que coordine el seguimiento al plan de acción mundial.

No obstante, la Secretaría de Gobernación nunca dio aviso oficial del nombramiento y, por el contrario, su titular decidió no renovar el contrato a Zúñiga como secretaria general de Conapo, quien además cumplió recientemente el procedimiento de certificación del servicio profesional de carrera, con un promedio de 98 sobre 100.

Mas allá de la sustitución de una funcionaria preparada y comprometida, a quien todavía pueden confirmar como representante del gobierno ante Naciones Unidas, el desprecio a las nuevas políticas de población se observa desde que el presupuesto de Conapo se redujo drásticamente con los gobiernos panistas, cuando no se nombró a nadie al frente de ese organismo durante los primeros nueve meses de la actual administración, cuando se levanta un muro en la frontera con Estados Unidos y se registra un estancamiento de los indicadores de salud sexual y reproductiva.

Más visiblemente en los temas controversiales, la política de población se ha polarizado por partidos y territorios. El Gobierno del Distrito Federal es el único que ha cumplido el compromiso de abrir acceso a la interrupción legal del embarazo, tal como México lo comprometió en El Cairo. Pero el Congreso de Baja California está por dar figura legal al embrión en su constitución estatal. En ese estado quieren meter a la cárcel a las mujeres violadas que pretendan abortar y enviar al panteón a las que tengan un embarazo extrauterino o cualquier afección que ponga en riesgo su vida.

Me dan ganas de gritar, de exclamar mi angustia con un gran alarido, como el de Edvard Munch, bajo un cielo enrojecido por lenguas de fuego que me paralizan, sin que siquiera se percaten los transeúntes que atraviesan ese puente infinito.

Familiares insisten en que sufrió ataque sexual; fue muerte por causas naturales, dice la PGJE

Exhuman cuerpo de indígena en Zongolica

Andrés T. Morales (Corresponsal)

Zongolica, Ver., 18 de julio. Los restos de la indígena nahua Susana Xocua Tezoco fueron exhumados la mañana de hoy del cementerio de San José Independencia por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cual solicitó los servicios de un perito forense del Distrito Federal para evitar las descalificaciones contra médicos veracruzanos, como sucedió en el caso de Ernestina Ascensión Rosario.

En la diligencia pericial también participaron dos peritos en criminalística forense, quienes fueron contratados por los familiares y su intervención fue permitida tras el amago de los lugareños de impedir, por segunda ocasión, la exhumación de los restos si no se permitía la observación de expertos independientes.

Los deudos, quienes persisten en señalar que se trató de muerte violenta con presunto abuso sexual de Xocua Tezoco, afirmaron que no cederán a las presiones ni a las dádivas de autoridades municipales y estatales para cerrar la investigación con la hipótesis de una "muerte natural".

El domingo 25 de mayo, el cuerpo sin vida y semidesnudo de la mujer de 58 años de edad fue hallado en medio de un maizal con huellas de golpes en brazos y cara. Según testigos, tenía las piernas separadas, lo que les hace suponer un ataque sexual.

"Cuando nos entregaron el cadáver para sepultarlo, volvimos a revisarlo en presencia de las madrinas de la difunta y de la gente del pueblo, y todos vimos moretones en los brazos, rasguños en la cara y la barbilla y las venas inflamadas del cuello como si hubiese hecho esfuerzo para pelear o detener a alguien", relata su nuera Felipa Panzo Temoxtle.

Tanto Felipa como Juan Temoxtle Acatencatl, esposo de la víctima, rechazan la versión original de la agencia del Ministerio Público de Zongolica sobre un deceso por "cistocele estrangulada" –vejiga caída que afecta la matriz–, un padecimiento canceroso y envenenamiento por el consumo de hierbas tóxicas para tratar ambos males.

El viudo, de 65 años, negó la versión. "Mienten. Mi esposa nunca estuvo enferma, nunca se quejó de un dolor, ni nada de lo que dicen". También repudia los señalamientos sobre la asistencia de Xocua Tezoco a una fiesta en un pueblo cercano, donde pudo haber ingerido algo tóxico, como presumieron los agentes ministeriales. Susana fue al poblado de Cuetzapotitla, a 20 minutos de San José Independencia, para comprar granos de maíz que se sembrarían en el huerto familiar. En el trayecto, la mujer habría sido atacada.

Presente en la exhumación, el subprocurador de Asuntos Indígenas de la PGJE, Darío Mendiola Solano, insistió en la hipótesis de muerte por causas naturales y la "confusión de los familiares" sobre las condiciones en las que se encontró el cadáver.

Debido a los "usos y costumbres de los pueblos indígenas, afirmó, las mujeres no usan ropa interior; además, el sombrero de un hombre hallado a un lado del cuerpo sería por que: la señora lo pidió prestado para atajarse la lluvia o pertenecía a un espantapájaros" colocado entre la milpa.

Sin embargo, los lugareños lo desmintieron: "Eso es una tontería: la milpa apenas crecía, no tenía ningún espantapájaros".

Por cuenta propia, vecinos y familiares indagaron sobre la propiedad del sombrero hallado junto al cadáver y dijeron que Enrique Panzo Espinosa o Isidro Telquihuatli Colot, de la comunidad Emiliano Zapata, lo portaban en una cantina donde ingerían alcohol ese mismo día. Cualquiera de los dos sería el dueño del sombrero, pero ninguno ha sido detenido, dijeron los deudos.

En la exhumación del cadáver por lo menos un centenar de lugareños rodeó el pequeño cementerio donde amagaron con impedir el peritaje si no se permitía la participación de los médicos Julieta Gutiérrez López y Julio Sánchez Tenorio, contratados por la comunidad.

Luego que los médicos revisaron el cuerpo y tomaron muestras en las cavidades craneal, toráxico y abdominal, y exudados anal, vaginal y oral, el subprocurador Mendiola Solano dijo que "la responsabilidad de las muestras y sus resultados son del gobierno del Distrito Federal que nos mandó a su perito forense (Sebastián Castillo Medina)".

La PGJE dará a conocer los resultados de la necropsia y los peritos independientes presentarán su dictamen en 45 días.

Exhuman restos de mujer náhuatl atacada en Zongolica

Familiares de la mujer contrataron los servicios de un grupo de peritos encabezados por la doctora Julieta Gutiérrez y exigieron que éstos participaran en la autopsia a los restos.

Andrés Timoteo, Corresponsal
Publicado: 18/07/2008 11:20 LA JORNADA

Zongolica, Ver. Peritos forenses iniciaron a las 8:20 de la mañana la exhumación del cadáver de la señora Susana Xocoa Tezoco en el cementerio de la comunidad San José Independencia de Zongolica.

La procuraduría veracruzana pidió apoyo al gobierno del Distrito Federal para enviar los médicos forenses que practican la necrocirugía.

Por su parte, familiares de la mujer náhualt contrataron los servicios de un grupo de peritos encabezados por la doctora Julieta Gutiérrez y exigieron que éstos participaran en la autopsia a los restos.

El cadáver de doña Susana, de 58 años de edad, fue localizado el 25 de mayo pasado en medio de un sembradío de maíz, semidesnudo y con huellas de violencia física y sexual.

En jóvenes y mujeres, nuevos contagios por VIH

■ La feminización del padecimiento aumentará

En la actualidad, la mitad de los adultos que viven con VIH/sida son mujeres; una década atrás era sólo 41 por ciento. En el caso de México había 23 hombres infectados por cada mujer, pero ahora por cada cinco hombres hay una mujer.

No obstante, en algunos estados la proporción es de tres a uno, mientras que en el municipio de Nezahualcóyotl es de uno a uno, señaló Axela Romero Calderón, directora general de Salud Integral para la Mujer (Sipam), organización que coordinará los trabajos de la Aldea Global, encuentro que se efectuará en forma paralela a la Conferencia Internacional sobre VIH/sida.

En entrevista, Romero Calderón precisó a este diario que la feminización de este mal es algo que ocurre a escala global, y sostuvo que las principales razones radican en que en un principio se focalizaron todos los esfuerzos en los grupos de riesgo, en los cuales no estaban las mujeres, lo que se traduce en que en el aspecto sexual las mujeres experimentamos profundas desigualdades y desventajas”.

Apuntó que a escala global, 64 por ciento de las nuevas infecciones corresponde a mujeres jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 24 años, y de países en desarrollo. Así, el VIH/sida se ha convertido en una de las principales causas de muerte de mujeres en edad reproductiva en América, Europa Occidental y África.

De acuerdo con datos de Sipam, en el mundo más de 36 millones de personas viven con el virus, y diariamente ocurren 6 mil 800 nuevas infecciones y 5 mil 700 defunciones. En el caso de América Latina, la tendencia hacia la feminización amenaza con ampliarse, en la medida en que la respuesta de los gobiernos no atiende a las desventajas económicas y sociales de la mujer, lo cual las vuelve vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

Romero Calderón remarcó que la feminización mundial del VIH establece la importancia de mejorar el acceso a servicios de salud reproductiva, y agregó que en el caso de México, a fin de evitar que cada vez más mujeres se infecten, el gobierno debería “incorporar un programa de salud sexual, en el cual se ponga énfasis en el aspecto reproductivo, lo cual implica mayor educación y más acceso a medios de prevención”.

Consideró que “la segunda medida urgente es destinar mayores recursos para la prevención en mujeres, dejando de lado la percepción de que nosotras no somos un grupo de riesgo”.

Apuntó que análisis epidemiológicos realizados a escala global muestran que se está produciendo un incremento más pronunciado del VIH/sida en las mujeres que en los hombres, pues la mayor parte de las infecciones por VIH en el mundo (80 por ciento) se debe al sostenimiento de relaciones heterosexuales sin protección.

Estudios realizados en América Latina indican que entre 60 y 70 por ciento de infectadas vive con una pareja estable, son monógamas, fieles y sólo han tenido relaciones sexuales con sus esposos o compañeros permanentes.

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■ No criminalizar el mal

Emir Olivares Alonso

Representantes de organizaciones en favor de los derechos de personas con VIH-sida exigirán al presidente Felipe Calderón –durante la Conferencia Internacional en atención a esa enfermedad que iniciará en 15 días– que declare que México se encuentra en un “estado de emergencia” por la actual situación de la epidemia en el país, ya que las nuevas infecciones se están presentando entre jóvenes y mujeres.

Anuar Luna, de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH, señaló en entrevista que la situación es “preocupante”, pues en años recientes la enfermedad se ha duplicado en el sector femenino y ahora el grupo en el que más nuevos casos se presenta es en muchachas de 18 a 25 años, lo que refleja que la epidemia ya no es sólo un problema de hombres que tienen sexo con otros hombres.

“El gobierno mexicano debe declarar que el país se encuentra en una situación de emergencia de salud para poder enfrentar el problema del VIH-sida. Ahora vemos que los jóvenes y las mujeres son los más vulnerables (a contraer el mal), al declarar la emergencia comenzaríamos a entender, organizaciones, instituciones y gobierno, cómo movilizarnos para poner en práctica las estrategias que permitan enfrentar mejor este problema tan complejo”, afirmó.

Consideró que debido a la Conferencia Internacional sobre VIH/sida –que se realizará del 3 al 8 de agosto en la ciudad de México– “las autoridades hablarán mucho del tema este año, pero lo importante es qué pasará después, cómo se modificará la voluntad política y cómo aplicar el discurso de la prevención, no discriminación, acceso a medicamentos y servicios de salud y la no criminalización de la enfermedad”.

Agregó que otros grupos que corren grandes riesgos de contagio debido a su condición de “vulnerabilidad” son las personas que usan drogas inyectables, trabajadoras y trabajadores sexuales y travestis.

Luna informó que diversas organizaciones realizarán una preconferencia, en la que participarán personas seropositivas, a fin de atender cuatro “grandes” ejes: criminalización de la transmisión del VIH-sida, salud sexual y derechos reproductivos de quienes viven con la enfermedad, prevención desde la perspectiva de los seropositivos y derechos humanos.

Otro de las razones por las que las ONG demandarán a Calderón declarar el estado de emergencia es que las estadísticas oficiales “sólo son la punta del iceberg”, y no reflejan realmente el número verdadero de casos de VIH-sida. Recordó que las cifras revelan que desde el inicio de la enfermedad –hace casi 30 años– en México se han reportado entre 100 mil y 120 mil casos de personas seropositivas.

Sin embargo, acotó que esas cifras debería multiplicarse por cinco, debido a que en el país no existen las políticas adecuadas que incentiven a las personas a realizarse una prueba que determine si están o no contagiadas. “Mi estimación es que en México un poco más de medio millón de personas viven con VIH-sida. Muchos no quieren conocer si se encuentran infectados y, mientras existan barreras que no motiven a la realización de un examen médico, no podremos conocer la magnitud real de la epidemia”.

Indicó que pese a campañas de información, el sida aún es considerado una enfermedad “de vergüenza, culpa y de personas deshonestas”, debido a la carga social y a la ignorancia.

El activista subrayó que varios temas clave son el reconocimiento del derecho de los seropositivos al ejercicio de una adecuada salud sexual y reproductiva, pues “existe la percepción de que al momento del contagio se deben clausurar esas actividades; uno más, el acceso universal no sólo a medicamentos, sino también a servicios de salud, prevención, información e insumos como condones, y evitar que se criminalice la transmisión de la enfermedad.

Suspenden exhumación de mujer indígena en Veracruz

Andrés Timoteo Morales, corresponsal

Jalapa, Ver. 14 de julio. De última hora y sin mediar una justificación jurídica, la Procuraduría de Justicia del estado suspendió la exhumación del cadáver de la mujer indígena Susana Xocua Tezoco, en el poblado San José Independencia de Zongolica, programada para este martes, pese a que el procurador Salvador Mikel había confirmado la diligencia durante la mañana. Juan Carlos Mexhua, secretario de asuntos indígenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex regidor del ayuntamiento de Zongolica, quien ha acompañado a los familiares de Xocua, lamentó la decisión de la dependencia y advirtió que “resulta sospechosa la medida y apuntaría a fortalecer la teoría de una muerte natural, como se ha aplicado en otros feminicidios de la zona”. El 25 de mayo, el cuerpo de Susana Xocua Tezoco, de 64 años de edad, fue localizado en medio de un sembradío de maíz, desnudo, con signos de violencia y de ataque sexual.

Impiden realizar exhumación de indígena

Andrés Timoteo Morales, corresponsal

Jalapa, 15 de julio. Pobladores indígenas de la comunidad San José Independencia, en la sierra de Zongolica, impidieron a peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado realizar la exhumación del cadáver de la señora Susana Xocua Tezoco, fallecida el pasado 25 de mayo tras un presunto ataque sexual, porque un día antes esa dependencia canceló el peritaje y los pobladores aseguran que esto se hizo para evitar que otros médicos coadyuven en la necropsia y que los medios de comunicación estuvieran presentes. La dirección de servicios periciales de la procuraduría veracruzana notificó el lunes a los familiares y vecinos de la comunidad sobre la cancelación del peritaje forense sin mediar argumentos jurídicos, pero intentaron realizarla el martes. Juan Carlos Mexhua Campos, ex regidor del ayuntamiento de Zongolica y actual secretario de asuntos indígenas y Campesinos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que la intención de las autoridades era evadir la presencia de los medios de comunicación y de dos médicos forenses que contrató la comunidad para coadyuvar en la necropsia.

México: la prostitución florece entre las mafias

La Jornada 26 de julio, 2008

La más cotizada es "administrada" por "los rusos", "los ucranianos" o "los cubano-estadounidenses", que tienen lazos con grupos globales de trata de personas, las menos, responden a "madrotas" y "padrotes" (proxenetas) locales. Ambas mafias operan bajo una red de corrupción en la que participan autoridades.

Gran parte de las que pertenecen a la categoría VIP (very important person), que se divide en platino, oro y diamante, llegaron a México tras ser contactadas por las mafias bajo promesas de trabajar como modelos o edecanes. Las otras provienen de las olas migratorias del sur mexicano y de América Central hacia las ciudades más populosas del país y Estados Unidos.

En los dos casos, para ejercer como prostitutas o sexoservidoras como se denominan en México, estas mujeres deben pasar primero a formar parte de grupos pequeños bajo un liderazgo que responde directamente a las mafias.

Viven en lugares determinados, son vigiladas constantemente, no pueden hacer llamadas telefónicas, se les quita sus credenciales y en ocasiones hasta son encerradas.

"Son organizaciones muy duras y no funciona sin la complicidad entre autoridades y grupos a los que no les tiembla el pulso si se trata de matar", dijo a IPS Jaime Montejo, fundador y portavoz de la Brigada Callejera, una organización no gubernamental que trabaja con prostitutas mexicanas desde 1995.

"Es un esclavismo que en ocasiones termina en el asesinato de la sexoservidora si es que ésta se revela o denuncia", señaló Montejo.

En el barrio de la Merced, en el centro histórico de la capital mexicana, donde trabajan entre las 10 de la mañana y siete de la noche docenas de prostitutas provenientes de los estados sureños de México y de países centroamericanos, fueron asesinadas 14 de ellas en 2007. En lo que va de este año han muerto seis.

Casi todos esos crímenes permanecen impunes, pero Montejo sospecha que fueron perpetrados por personas que desean que el comercio sexual desaparezca de la Merced y proxenetas que no toleran las rebeliones.

En esta zona de la capital, mujeres vestidas de forma sensual se exhiben en medio de vendedores ambulantes, tiendas y cientos de transeúntes. Ellas cobran el equivalente a 15 dólares por una relación sexual que se consuma en hoteles, habitaciones y casas del sector.

Cada una de las prostitutas debe entregar entre 200 y 400 dólares diarios a sus madrotas y padrotes. Para llegar a esos montos tiene que atender a mínimo a 13 clientes por día. A cambio de su trabajo, las mafias les entregan un cuarto, comida y algún dinero adicional.

Brigada Callejera, que inició su trabajo hace 18 años en la Merced y ahora cubre otras zonas y ciudades, calcula que una tercera parte de las sexoservidoras del primer lugar son de la tercera edad, otro tanto de menores de 18 años y el resto mujeres entre 18 y 25 años.

Nadie sabe con exactitud cuántas mafias vinculadas al comercio sexual operan en la Merced y en México en general, pero investigaciones de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) indican que la trata de personas es un delito de alta incidencia y está vinculado al tráfico de drogas y de personas sin documentos y a la venta de armas.

La PGR, informes de la Policía Internacional y de la agencia antidrogas de Estados Unidos coinciden en señalar que en México es millonario el negocio de la prostitución.

Según diversos documentos, operan en este país, entre otras, la mafia rusa y la ucraniana que importan mujeres de los países de Europa oriental y la cubano-estadounidense que las trae del Caribe y del resto de América Latina.

Por las que llegan de Europa, las mafias locales pagan a sus contrapartes unos 30.000 dólares cuando se trata de una VIP diamante, categoría que indica que son hermosas, jóvenes y con un buen nivel de educación.

Estas mujeres llegan especialmente a la capital y a la ciudad de Cancún, en el caribe mexicano, que son los dos lugares de mayor comercio sexual en México. En esos puntos trabajan en agencias que ofrecen "acompañantes de alto nivel" y en centros nocturnos exclusivos.

El subprocurador de asuntos internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, declaró en 2003 que las mafias que traen mujeres europeas está integrada por "gente bien entrenada y de alta peligrosidad", varias de las cuales habrían integrado la KGB, la agencia de inteligencia de la hoy disuelta Unión Soviética.

Las detenciones y acciones legales ejercidas contra estos grupos se cuentan apenas con los dedos de una mano en los últimos años.

"Por la posición geográfica de nuestro país, como vecino de Estados Unidos, el mayor consumidor de comercio sexual, somos un buen lugar para la prostitución de todo nivel", señaló Montejo, de Brigada Callejera.

Este grupo no gubernamental asesora a las llamadas sexoservidoras a crear cooperativas, tener atención médica, distribuir condones y a realizar acciones de prevención contra el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida.

Montejo afirma que autoridades de policía, migraciones, municipios y del gobierno nacional están involucradas con las mafias grandes o pequeñas para permitir que el negocio funcione y sacarle el mayor provecho posible. "Eso lo saben todos", acotó.

Señaló como ejemplo la ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde el municipio recauda más de 150 mil dólares al año por cobrar cuotas de dudosa legalidad a cada trabajadora sexual.

Otro punto es la Merced en la capital. En ese barrio hay más de 30 hoteles, habitaciones y otros lugares donde se practica la prostitución. Según Montejo, para poder operar, esos sitios pagan unos 450 mil dólares al año a diversas autoridades de policías y municipales.