Atrapadas sin salida

Lydia Cacho Plan B 21 de julio de 2008

El gobierno de Calderón informa que tiene controlada la violencia contra mujeres, y los países no dan recursos

Andrea tiene 30 años y un pequeño de tres. Estudió leyes y eligió la responsabilidad social; trabaja en una ONG, gana siete mil pesos.

Es un refugio para mujeres maltratadas en Oaxaca que el año pasado, entre atenciones sicológicas, legales, de trabajo social y de salud, dio 25 mil servicios directos. Si ellas no existieran, su comunidad tendría índices más altos de feminicidio, y las mujeres seguirían soportando la esclavitud de la violencia.

Pero el gobierno de Felipe Calderón hará todo por destruirlas, a ellas y a muchas organizaciones sin fines de lucro que atienden violencia contra mujeres, que rescatan niñas de la calle, o atienden a personas con VIH-sida. Pero no las desaparecerán al estilo dictatorial, ni las cooptarán y aplastarán como el PRI; sino por asfixia económica.

Antes decían que las ONG operaban con poca transparencia, así que durante el foxismo, la mayoría aceptaron convertirse en OSC y registrarse con los mecanismos exhaustivos que exigen la Sedesol, Inmujeres, el Indesol y la Secretaría de Salud. Luego comenzaron a intervenir en los modelos de atención, imponiendo prácticas recomendadas por académicos o burócratas que jamás han hecho trabajo de campo. Se exigen profesionales de alto nivel, que cobren poco, no voluntarias. Exigieron que todas las OSC, incluyendo las indígenas en las zonas más pobres del país, hicieran todo por computadora, y que 20% de sus recursos se destine a sistemas contables y administrativos de primer mundo. Exigieron que en lugar de “mendigar” dinero al Estado, hicieran marketing social corporativo (como si viviéramos en Suiza y no hubiese narcoguerra, pobreza, crisis económica y alimentaria, y empresarios mezquinos). Eliminaron la deducibilidad del ISR, cortaron fondos privados. Forzaron a todas las y los trabajadores a salir de nómina y perder su seguro social e Infonavit.

Cobrando por honorarios, Andrea, paga el IVA, el IETU, el ISR y el DIOT, y al contador. Esto significa que se quedará con 4 mil 900 pesos para pagar la guardería y al pediatra (a lo que ya no tiene derecho su niño), los libros de la escuela, la renta, ropa y comida, y los pasajes para ir a su trabajo. La organización de Andrea ha solicitado fondos a cooperaciones extranjeras, pero el gobierno de Calderón informa que tiene controlada la violencia contra mujeres, y los países no dan recursos para lo que el gobierno “sí ataca”. Gastan 120 millones de pesos en una campaña para decir que a las mujeres ya no les pegan en México con la nueva ley; en tanto Indesol e Inmujeres informan que no podrán aportar los 150 mil pesos a cada OSC porque se agotó el presupuesto. La Secretaría de Salud envió los recursos a los estados, pero muchos gobernadores niegan apoyos a las OSC que no entran en su redil político. Se termina julio y los recursos públicos que debieron ser entregados desde marzo, no aparecen. El Congreso de la Unión que los aprobó no pregunta por qué.

Poco a poco cientos de organizaciones que salvan vidas y siembran futuro, morirán por falta de recursos. Nadie llorará su muerte, hay demasiados problemas en el país para que la gente se preocupe porque millones de personas, cuya esperanza radica en la asistencia profesional de la sociedad civil organizada, queden solas, pobres, enfermas o muertas. Andrea estudió para comprometerse con su comunidad. Ahora trabajará para un despacho privado que conoce los caminos para evadir impuestos.