martes, septiembre 29, 2009

29 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO


Luto entre organizaciones de mujeres por la ratificación de Chavez Chavez como Procurador General de la Republica

La sangre de las asesinadas en Juárez recaerá en el Senado


Protestas contra la aprobación del nombramiento del nuevo procurador-Foto María Meléndrez Parada

Alma E. Muñoz

“Toda la sangre de las mujeres asesinadas está recayendo en el Senado”, sentenció Yuridia Rodríguez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, cuando anunció desde un micrófono instalado en la calle Donceles que Arturo Chávez Chávez fue ratificado por el grueso de los senadores como procurador general de la República. La activista formó parte del grupo de representantes de organizaciones civiles que ayer desde las 11 de la mañana se dieron cita en ese lugar para protestar por el nombramiento de quien –acusaron– actuó de manera omisa como procurador de Chihuahua para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

“Lo desconocemos, no podemos avalar la impunidad”, argumentaron quienes tomaron el micrófono afuera de la casona de Xicoténcatl, cuando se enteraron de lo ocurrido. Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, advirtió que acudirán a organismos internacionales para protestar e intentarán someter a juicio político a los legisladores que avalaron la designación de Chávez Chávez.

Las mujeres, pertenecientes además a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, llegaron a Donceles cargando cruces fúnebres con leyendas como “aquí asesinan la justicia”.

Portaron mantas, pancartas y moños negros para expresar su inconformidad con el nombramiento. “¿A dónde va la sangre de las mujeres asesinadas, la de las humilladas, apaleadas e ignoradas? Se la lleva el Senado ratificando a Arturo Chávez Chávez”, se leía en una de las pancartas.

También acusaron que se actuó con ilegalidad porque se viola el artículo 102 constitucional, apartado A, donde se establece, entre otros requisitos, que para ser procurador se requiere “gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso”. Al salir Chávez Chávez de la casona de Xicoténcatl, desde lejos le demostraron su rechazo. Al grito de “¡asesino, asesino!” un grupo de mujeres trató de alcanzarlo, pero cuando se plantaron en la calle Tacuba el funcionario ya se había ido.

En ese momento apareció el senador priísta Francisco Labastida Ochoa, a quien encararon Julia Klug y Wendy Vega, quienes se manifestaban contra el IVA en alimentos y medicinas. Vega arremetió contra el legislador sinaloense, quien junto con un asistente se encaminó a su camioneta con la sonrisa en el rostro. “¡Maldito!”, le gritaron las mujeres, y cuando se abrió la puerta del vehículo una lo empujó. El senador se volvió con el rostro descompuesto y abordó el vehículo. Cuando se iba, Vega le manoteó frente a la ventanilla cerrada: “¡Bájate, cabrón, bájate!” La camioneta arrancó y la mujer rompió en llanto.

Mientras, en Donceles, seguía la protesta contra la ratificación de Chávez Chávez. Allí, las agrupaciones civiles denunciaron los “requisitos” que el grueso de los senadores tomó en consideración para avalar la propuesta del presidente Calderón: “Contar con 10 años o más de impunidad; no tener noción de derecho, sólo documentos; mala reputación; ser sexista y misógino; culpabilizar a las víctimas de su propia violación a derechos humanos; contar con más de cien feminicidios; ser negligente y omiso, así como violentar derechos humanos”.

Apenas avalada la designación del nuevo procurador general de la República, la senadora Rosario Ibarra se acercó a las mujeres para expresarles su solidaridad: “Vengo con el estómago revuelto. En serio, me da náusea estar ahí escuchando todos los debates… pero quiero decirles que estoy con ustedes por todo y con todo”.

jueves, septiembre 17, 2009

Jacinta Francisco, libre luego de 3 años de injusta prisión


Gustavo Castillo García. La Jornada, 17 de septiembre, 2009

Tres años después de haber sido encarcelada a petición del Ministerio Público Federal por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, la otomí Jacinta Francisco Marcial obtuvo su libertad sin reserva alguna. La Procuraduría General de la República (PGR) informó al juzgado cuarto de distrito en materia penal, con sede en Querétaro, que se desistía de su acusación por carecer de prueba plena de la responsabilidad penal.

Alrededor de la una de la madrugada, Jacinta Francisco abandonó el Centro de Readaptación Social Femenil localizado en San José El Alto, Querétaro, luego de que el juzgado cuarto concluyera diligencias del caso y aceptara que la PGR tenía duda razonable de la responsabilidad de la indígena en los delitos que le imputaron. Según la PGR, a partir de los hechos que se desarrollaron el 27 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago de Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, donde seis agentes de la Agencia Federal de Investigación fueron privados de su libertad por un grupo de entre 80 y 100 pobladores, con la finalidad de obtener un rescate de 80 mil pesos, empezó la averiguación previa AP/PGR/QRO/SJR-VII/ 064/2006, en la que se recabaron diversos elementos de prueba, ejerciendo acción penal contra varias personas, entre ellas Jacinta Francisco Marcial, por privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro.

La dependencia indicó que el juzgado cuarto de distrito consideró que la investigación cumplía con los extremos de la ley, por lo que liberó la correspondiente orden de aprehensión contra Jacinta y otras personas, por los delitos mencionados. Así, el 19 de diciembre de 2008, el juzgado dictó sentencia condenatoria (21 años de prisión) contra Jacinta Francisco por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, pero la defensa de la otomí interpuso un recurso de apelación y rindió elementos de convicción suficientes que dejaron de manifiesto contradicciones entre las declaraciones de los agentes federales de investigación y algunos de los testigos de descargo, así como policías municipales, reconoció ayer la PGR.

La labor de los defensores de Jacinta Francisco surtió efecto positivo para su causa y un tribunal revocó la sentencia, ordenando reponer el juicio para aclarar las citadas contradicciones y obligando al juez de la causa a agotar las instancias procesales. Además de las pruebas que aportó la defensa, se debe recordar que Amnistía Internacional declaró a la otomí prisionera de conciencia y que la presión ejercida por diversas organizaciones no gubernamentales también provocó que la PGR aceptara revisar el caso, trayendo como consecuencia que el pasado 3 de septiembre la dependencia federal reconociera que había insuficiencia de pruebas que acreditaran la responsabilidad penal.

La PGR declaró ayer que durante la revisión del caso se apreció que unos testigos refieren haber visto en el lugar de los hechos a la inculpada, mientras otros aducen no haberla visto, situación que crea incertidumbre en el ánimo de la representación social de la Federación, al no tener la certeza jurídica en cuanto a la participación de la procesada en los delitos que se le imputan, y por ello presentó conclusiones no acusatorias contra ella y así se logró que el juez decretara su libertad sin reservas.

lunes, septiembre 14, 2009

el hombre que odiaba a las mujeres: Arturo Chávez Chávez

LYDIA CACHO

MÉXICO.- El nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de México ha desatado la ira de las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones feministas. La activista Lydia Cacho explica que Chávez, que era fiscal del estado de Chihuahua cuando comenzó el feminicidio en Ciudad Juárez, no hizo nada por las asesinadas ni las 2.000 desaparecidas en esa localidad.

En México desde hace meses corría el rumor de que en la Procuraduría General de la República (PGR) nadie quería la silla caliente de fiscal general. Eduardo Medina Mora, el actual, había renunciado ante el presidente Calderón varias veces, sin resultados. "Esa silla huele a muerto", dijo un agente ministerial, refiriéndose a que Medina Mora llevaba meses paralizando casos, unos por órdenes, otros por intereses políticos y otros más porque Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, usurpa sus funciones y fabrica casos al estilo Big Brother en la televisión; haciendo como hizo Bush con los medios, un espectáculo de la narcoguerra.

Y, como si no bastara la guerra contra el narco y las tensiones políticas, le ponen leña al fuego entregando la silla a Arturo Chávez Chávez, ex delegado estatal de la PGR, ex procurador de Chihuahua cuando comenzaron los feminicidios en Ciudad Juárez. Lo que nos faltaba: el rey de la impunidad del feminicidio y de las casi 2.000 desapariciones forzadas en Chihuahua, designado como encargado de la Fiscalía general del país.

¿Nadie le dijo a Calderón que la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Chávez exige que se le aplique la ley por fabricación de culpables y por negarse a investigar? Y que su mano derecha operaba para el Cártel del Golfo. O que en denuncias formales por desapariciones forzadas Chávez aparece como sospechoso. Él presume de su amistad con el Jefe Diego (abogado y líder del sector más conservador del Partido de Acción Nacional) y el secretario de Gobernación. Ésos son sus méritos. Le corresponde al Senado ratificar al procurador y resulta que nadie se acordaba de que Chávez fue quien acuñó la frase 'las violan y las matan por prostitutas', avalando cien feminicidios en Chihuahua. Los diputados han dicho que 'ojalá que Chávez salga bueno', como si fuera un jamón. Como si no tuviese historia.

Si el presidente fuera el capitán de un barco, le advertiríamos de que cuando la nave hace agua se enciende la bomba de achique y se trae a un experto, nunca se abre un boquete más grande. Pero no somos un barco, sino un país lleno de rabia, agotado por la violencia y la inseguridad, por la pobreza y los impuestos, donde las mujeres viven una violencia cada vez más sádica, un país en que los pederastas poderosos salen ilesos; somos un país en el que la simulación de justicia para la opinión internacional es el pan de cada día.

Para esa silla caliente de procurador urge nombrar a una persona de probidad demostrada, que ayude al discurso presidencial de que los Derechos Humanos sí le importan. A menos que poner a Chávez, el hombre que odiaba a las mujeres, sea el mensaje que Calderón nos manda a las mexicanas. ¿Será posible?" .

En Europa y en México arrecian las críticas contra el candidato a procurador general de la República Arturo Chávez Chávez


Andrea Becerril y agencias

Bruselas, 10 de septiembre. El rechazo a la ratificación de Arturo Chávez Chávez como nuevo procurador general de la República se expresó también desde Europa. Hoy, el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo pidió al Senado de México no ratificar al abogado en virtud de sus malos antecedentes en la investigación de los asesinatos de cientos de mujeres en Ciudad Juárez. El eurodiputado español Raúl Romeva dijo que la designación representa “premiar con el más alto puesto del país en materia de justicia, justamente a una persona bajo cuyo mando ha proliferado impunemente el fenómeno de los feminicidios, constituye la señal más negativa” sobre la seriedad del combate e impunidad por parte del gobierno de México. El legislador, quien elaboró el informe del Parlamento Europeo en 2007 sobre los feminicidios en México y América Central, apuntó en un comunicado que comparte plenamente la exasperación de un sinnúmero de organizaciones de derechos humanos y de las garantías de las mujeres en particular.

En síntesis, apuntó Romeva, designarlo es como poner al zorro a proteger las gallinas y recordó que desde 1992, cuando Arturo Chávez asumió la subprocuraduría de Chihuahua, los asesinatos de mujeres se multiplicaron sin que la justicia interviniera adecuadamente y su actuación, según testimonios, contribuyó significativamente a obstaculizar las investigaciones.

Al conocer las críticas a esta postulación presidencial, en la capital mexicana el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, minimizó los señalamientos y declaró que un eurodiputado no hace verano, un eurodiputado no es el Parlamento Europeo, es una opinión, como puede haber muchas respetables y respetadas. Dijo que el aspirante a procurador será convocado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores para que explique todas las dudas externadas en torno a su nombramiento. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, también miembro del PAN, Alejandro González Alcocer, no ha logrado que PRI y PRD fijen la fecha de la comparecencia del ex procurador de Justicia de Chihuahua.

Los senadores del PRI han recibido solicitudes de varias organizaciones defensoras de derechos humanos para que se les reciba y exponer sus puntos de vista en este caso. Este jueves estuvo en la casona de Xicoténcatl el grupo Justicia para Nuestras Hijas, para dar a algunos legisladores del tricolor sus argumentos contra la ratificación de Chávez Chávez por su actuación negativa en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

jueves, septiembre 10, 2009

Clausura simbólica de la sede de la CNDH, Soberanes no llegará a la Corte: ONG


Elizabeth Velasco C.

Dirigentas Dirigentes de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y de género advirtieron al aún presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, que no permitirán que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni a ningún otro cargo relacionado con los derechos humanos y el mundo de la legalidad.

En un acto de clausura simbólica del edificio de la CNDH, donde levantaron un muro con cajas de cartón donde se leía “por Ernestina Ascencio, por no respetar la libertad reproductiva de las mujeres, por ser cómplice en los feminicidios de Ciudad Juárez, por Jacinta, por las violaciones en Atenco”, María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género, acusó al ombudsman de ser el fiel peón de las posturas conservadoras. Y en referencia a los intereses que Soberanes representa, usaron una efigie de cartón del ombudsman, vestido de obispo. Durante la manifestación, a la que se unieron decenas de personas del estado de Hidalgo para protestar por la detención arbitraria de 94 elementos de la policía municipal y estatal, Romero enumeró la vergonzosa actuación del titular de la CNDH.

Se refirió a casos representativos: el recurso de inconstitucionalidad que presentó en la SCJN contra las reformas legales que despenalizan la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Los argumentos de Soberanes fueron la base de 15 proyectos legislativos que dieron motivo a la aprobación desesperada de la penalización de las mujeres que se atreven a interrumpir su embarazo.

Destacó la falta de perspectiva de género en los programas de la CNDH, y el silencio de esa institución ante los crímenes de odio por homofobia, circunstancia por la cual el país ocupa el nada honroso segundo lugar global. Le recriminaron la evidente protección de los soldados que torturaron, violaron y asesinaron a Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica, así como las recomendaciones “tibias y laxas que emitió respecto al brutal operativo de la Policía Federal Preventiva en Atenco”, en 2006; la falta de atención a los asesinatos de periodistas, y su falta de actuación congruente en los feminicidios en Ciudad Juárez.

Romero recordó: No podemos olvidar que el 16 de marzo de 2005, en San Luis Potosí, usted (Soberanes) se durmió durante una conferencia sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Acompañada de las ex diputadas Elsa Conde y Martha Tagle, así como dirigentes de las agrupaciones Grupo de Información y Reproducción Elegida, Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres y de una docena más de la República, Romero demandó al Senado que en la SCJN se elija a alguien comprobadamente comprometido con los derechos humanos y los de las mujeres. Entre consignas, decenas de mujeres reprocharon a Soberanes las graves omisiones y negligencias en el ejercicio de sus responsabilidades al frente de la CNDH, y le advirtieron que no pasará a la SCJN

miércoles, septiembre 09, 2009

De aprobarse, ARTURO CHAVEZ CHAVEZ como Subprocurador General de la República "se premia la ineficiencia"

Blanche Petrich y Javier Salinas

San Salvador Atenco, Méx., 8 de septiembre. Una amplia red de organizaciones de derechos humanos de Chihuahua se moviliza para pedir con urgencia al Senado que en nombre de la ética y la congruencia no ratifique el nombramiento que propuso el presidente Felipe Calderón de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, anunció ayer Malú García Andrade, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez.

Como procurador de justicia del Estado de Chichuahua en el periodo de gobierno de Francisco Barrio, cuando se multiplicaron los casos de violentos asesinatos seriales contra mujeres en Ciudad Juárez, Chávez se distinguió por su negligencia, por amenazar a las familias de las víctimas y por su actitud misógina.

El nombramiento como procurador general de un funcionario que nunca reconoció la realidad del feminicidio en su estado y bajo su jurisdicción, añadió García Andrade, sería un pésimo mensaje en dos sentidos: por un lado dará luz verde a la continuidad de los homicidios y la impunidad. Por el otro, será entendida por quienes aspiran a cargos públicos que la ineficiencia es lo que se premia en esta administración.

Fue Chávez quien como procurador estatal, al confrontar a las madres de las jóvenes que eran secuestradas y asesinadas a un ritmo vertiginoso a finales de los años noventa, les recomendó como solución que no dejaran salir a sus hijas con minifaldas a la calle. Estas expresiones le valieron una amonestación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en una recomendación de mayo de 1998, calificó esas expresiones discriminatorias como violaciones a la integridad emocional y mental de los familiares de las víctimas y de la sociedad.

Por otra parte, Malú García Andrade –hermana de Lilia Alejandra, una chica de 17 años asesinada– alertó que hoy en día, a 10 años de distancia de la controvertida actuación del ex procurador, las amenazas en contra de las organizaciones de mujeres víctimas de feminicidio se han intensificado. Relató asaltos a mano armada sufridos por Maricela Ortiz, presidenta de la organización; allanamientos y robo de documentación de las oficinas, e incluso una llamada telefónica amenazante que le fue hecha a Ortiz mientras recibía en la ciudad fronteriza la visita de la comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos.

MAS SOBRE CHAVEZ CHAVEZ

Arturo Chávez Chávez cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos humanos, acusaciones por múltiples negligencias cuando iniciaron los homicidios múltiples de mujeres y señalamientos por solapar a bandas de asaltabancos dirigidas por un ex precandidato a diputado federal por el PAN. Entre 1992 y 1999, Chávez Chávez ocupó diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Chihuahua, incluidas la titularidad y la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando en el país el procurador era el también panista Antonio Garcia Lozano. Actualmente, ambos personajes son socios de un lucrativo despacho jurídico que brinda servicios, entre otros, al Gobierno de la República.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americano (OEA) concluyó en 1999 que Chávez Chávez y varios funcionarios estatales más bloquearon las investigaciones sobre personas desaparecidas en Juárez, entre ellos la del juarense Alfonso Saad Cordero, en 1998. Ese mismo año, 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió al entonces gobernador Francisco Barrio aplicara a Chávez Chávez la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por las omisiones en que incurrió ante las violaciones y crímenes de más de 100 mujeres ocurridas en Ciudad Juárez entre 1993 y 1998. Todo fue debidamente documentado por la CNDH.

También la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en 1997 una recomendación a Barrio para que sancionara a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia responsables de agredir a un grupo de manifestantes del ejido Monterde. Tampoco esta recomendación fue atendida. Chávez Chávez también solapó por esas mismas fechas a una banda de asaltabancos que operó en todo el estado y que era liderada por el entonces panista Luis Prieto Tovalí, ex precandidato a diputado federal por el blanquiazul en 1997. Cuando el delincuente y varios de sus cómplices fueron detenidos traían chalecos antibalas y armas pertenecientes a la Procuraduría de Justicia.La información correspondiente de inicio fue ocultada por Chávez Chávez. Fue conocida públicamente hasta finales de febrero de 1999, tres años después de la detención.

sábado, septiembre 05, 2009

Se omiten y tergiversan datos sobre feminicidios en el tercer Informe


Mariana Norandi. Viernes, 4 septiembre, 2009. La Jornada

De acuerdo con datos proporcionados por la organización civil Justicia Para Nuestras Hijas, en lo que va del año en el estado de Chihuahua se han registrado 106 feminicidios, de los cuales 67 han sido en Ciudad Juárez. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres sostuvieron que en el tercer Informe de Gobierno no aparecen esos datos y se tergiversan otros, lo cual refleja absoluta impunidad del Estado mexicano hacia los responsables de estos crímenes.

Luz Estela Castro Rodríguez, presidenta del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, señaló que la información proporcionada por el Ejecutivo en materia de violencia contra las mujeres está descontextualizada, ya que no tiene en cuenta la actual militarización de la zona y, por consiguiente, el incremento de la violación de los derechos humanos de las mujeres. No es posible hablar de implementación de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en un contexto de militarización, cuando estamos documentando violaciones por hombres armados, militares o sicarios, y donde se ha disparado la situación de prostitución y trata de personas.

Agregó que en el Informe no hay rendición de cuentas en materia de resultados jurídicos de feminicidios ni en pago por reparación de daños. El pago en reparación de daños no tiene que ver sólo con cuestiones económicas, sino que incluye el reconocimiento de la negligencia, la omisión de casos y que se encuentre a los responsables de los asesinatos. Explicó que en el Informe sólo se reconocen ocho mujeres extraviadas en Ciudad Juárez, cuando a esa cifra se le deberían agregar las mujeres desaparecidas a escala estatal y aquéllas cuyos cuerpos no han sido identificados. Solamente en la morgue de Ciudad Juárez hay 28 osamentas que no se han podido identificar, comentó.

Por otro lado, Leticia Cuevas, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, sostuvo que el Informe omite cualquier información que tenga que ver con aborto y la Norma Oficial Mexicana 046 sobre Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, la cual, entre otros aspectos, obliga al personal de salud a proporcionar anticoncepción de emergencia a las víctimas de una violación.

Es un informe esquizofrénico donde aparentemente las políticas van bien, pero no presenta ningún dato preciso y, por lo tanto, no sabemos si las políticas implementadas funcionan, concluyó.

Tres años de retroceso para las mujeres


SARA LOVERA 4 Sep 2009(08:06:39) PROCESO.COM.

Hay evidencias documentadas de que en los últimos tres años las mujeres hemos vivido un profundo retroceso en derechos, posición pública, empleo y capacidad organizativa.

Hace unos días, al cierre de la LX Legislatura, Elsa Conde, del Partido Socialdemócrata (PSD), integrante del pequeño grupo de legisladoras feministas, reveló que las diputadas progresistas tuvieron que enfrentar en resistencia un cúmulo de acciones, algunas fallidas, contra los avances de las mujeres.

Atemperaron una larga andanada contra la anticoncepción de emergencia, hubo un error en la reforma electoral que vio disminuir, en lugar de aumentar, las bancas para las mujeres; el priismo nacional se unió al panismo para declarar, vía modificaciones a la Constitución en 14 entidades del país, al neonato con personalidad jurídica y considerar eliminadas las excepciones que permiten el aborto legal. Por primera vez en casi cien años hay mujeres perseguidas y algunas encarceladas por haberse practicado un aborto. De la misma forma se aumenta el presupuesto para políticas públicas, pero no se avanzó en los instrumentos de vigilancia y rendición de cuentas, a pesar de haber varias iniciativas.

Mientras tanto, en esos tres años aumentó la violencia contra las mujeres, y ningún estado del país se ha hecho cargo de que existen dos leyes generales, una para la igualdad entre mujeres y hombres y otra para garantizar a las mujeres una vida sin violencia. Lo más grave es que, desde el comienzo de la Legislatura, dos instancias importantes, como son la Comisión Especial para el Feminicidio y el Centro de Estudios y Avance para las Mujeres, quedaron en manos de la extrema derecha, con el signo del Partido Acción Nacional (PAN). En estos momentos hay un nuevo debate para definir su presidencia y por tanto el tono y la forma en que serán conducidos los trabajos legislativos.

El retroceso admitido oficialmente y por escrito por la diputadas, que apenas hace una semana entregaron el cargo, tiene muchas vertientes: el gobierno panista que lucha contra el Estado laico; la falta de organización de las mujeres y su debilidad palmaria para negociar; la crisis económica y la cruenta lucha por el poder en lo que conocemos como la realpolitik.

En una reunión desangelada, donde unas cuantas diputadas salientes, se diría en resistencia, y apenas cuatro mujeres de la nueva bancada que ya está en funciones, examinaron apuradamente lo que ha pasado con las demandas programadas de las mujeres y tuvieron que reconocer que hubo pasos para atrás y que se amenaza con llevar al Congreso de la Unión la prohibición absoluta del aborto; la restricción en el uso de anticonceptivos y, adicionalmente, muchas de las nuevas diputadas del PRI, como lo hizo la gobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, están encantadas con el retroceso.

Las leyes, de igualdad y para una vida sin violencia, simplemente no pueden aplicarse, no sólo porque hay "virreinatos" en las entidades que caminan para atrás, en algunas, como la de Guerrero, los delitos de violencia contra las mujeres y la privación ilegal de la libertad son considerados no graves, y en otras, como Guanajuato, sencillamente se negó la instalación de un alerta de género, prevista en la ley, pero que no se admite.

No se ha conseguido definir el delito de feminicidio, a pesar de varias iniciativas y contundencias tan lacerantes como que ya van en este año 62 asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua; 52 en Sinaloa y una veintena en el Estado de México. Las iniciativas están archivadas, así como las denuncias en todo el país.

Esta situación plantea grandes desafíos para las diputadas feministas, unas cuantas que consiguieron llegar a la XLI Legislatura. Solamente cuatro firmaron un compromiso con las mujeres feministas de la sociedad civil, todas de los partidos de izquierda, porque Beatriz Paredes, dirigente del PRI, otrora aliada de las feministas, ni siquiera contestó la invitación, ni protestó porque sus correligionarios y las priistas en los Congresos locales votaron y a veces promovieron las leyes del neonato.

Es evidente que la crisis nos ha tocado en todos sentidos. Los discursos se han convertido en acciones de la extrema derecha, timorata, que con frecuencia tiene doble discurso, pero que al cegar derechos sexuales y reproductivos, votar con trampa una ley electoral que impidió una mayor presencia femenina en la Cámara, está contra toda la historia de las mexicanas que, a principios del siglo XX, fueron la vanguardia en la lucha por la justicia para las mujeres.

De todas formas, no es posible pensar en el fracaso absoluto. En la reunión de referencia, Francisco Hernández Juárez, líder visible de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), firmó el pacto con las feministas, me declaró que considera un derecho el que las mujeres decidan sobre su maternidad y se comprometió a hacer una labor de promoción de los derechos de las mujeres entre los trabajadores y la Cámara.

A ver si con ese compromiso, puesto que hay muchísimas mujeres trabajadoras, que vacían sus fuerzas en la doble jornada, que mueren en abortos clandestinos, están viviendo la amenaza del desempleo y han visto disminuir sus salarios, podemos enderezar en el Congreso y en la sociedad este terrible retroceso de la política violenta y antidemocrática de Felipe Calderón y los poderes de facto que hoy toman las decisiones fundamentales en este país.

El reto es también para las mujeres organizadas en el movimiento feminista, en las organizaciones no gubernamentales y en las de derechos humanos. A ver si se puede iniciar un camino que aglutine y llame a las mujeres de todas las ciudades y pueblos de este país para que defiendan sus derechos y su vida, porque los abortos clandestinos las matan.