viernes, agosto 28, 2009

La Trata de personas sin castigo en México


Gustavo Castillo

En México operan 47 bandas del crimen organizado involucradas en la trata de personas y tienen presencia en 17 entidades, principalmente en el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Quintana Roo y Jalisco; además tienen vínculos en Centroamérica y Estados Unidos, señalan datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contenidos en el informe denominado Instrumento para el estudio de las condiciones de trata en México, dado a conocer por la asociación de abogados de Estados Unidos (ABA-Roli, por sus siglas en inglés).

En ese contexto, la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra), Guadalupe Morfín Otero, aseguró que no existen siquiera cifras estimadas de las ganancias que genera este delito en México, debido a que inclusive la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera que en México existen entre 50 mil y 500 mil personas afectadas por la trata, pero este delito no sólo se comete para explotación sexual o pornografía, sino hasta para cuestiones de esclavitud laboral.

El documento, cuyo contenido fue dado a conocer en la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el centro de la ciudad de México, por Michael McCullough, director para América Latina y el Caribe de ABA-Roli, también menciona que de los 47 grupos, la SIEDO ha identificado que 14 operan en Guerrero y, además del delito de trata, también realizan acciones de pornografía infantil. Sin embargo, el estudio realizado en México en los meses recientes resalta que a pesar de la existencia de legislación para perseguir y sancionar el delito de trata de personas, ni en el ámbito federal ni en el fuero común se ha dictado una sola sentencia por ese ilícito.

Agrega que la SIEDO ha iniciado acción penal en tres casos relacionados con trata de personas, pero ninguno según la ley federal en la materia, y que las redes de delincuentes involucrados en estos asuntos eran dirigidas por ciudadanos de México, Guatemala y Ecuador. El informe señala de igual manera que debido a que los traficantes suelen recurrir a lavado de dinero para esconder las ganancias ilícitas que obtienen del delito de trata de personas, es de vital importancia que México persiga las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto de la actuación de los encargados de impartir justicia en los casos de trata de personas, el documento refiere que en la práctica, los jueces a nivel tanto federal como estatal se han mostrado reacios a aceptar los cargos de trata de personas conforme a las nueves definiciones, y han preferido cambiar los cargos delictivos a delitos más comunes que pueden conllevar penas menores, como lenocinio.

Según la investigación realizada por ABA-Roli se identificó a Baja California como el estado con más altos niveles de trata de personas para explotación sexual, tanto de niños y niñas como adolescentes y posible trata de migrantes trabajadores en el sector agrario. En Chiapas, “la situación de las mujeres y niños centroamericanos es una preocupación especial, y predomina la explotación sexual comercial, trabajo doméstico y trabajo forzado en sectores agrícola e informal. Chihuahua registró altos niveles de turismo sexual, especialmente explotación sexual comercial de niños.

En Guerrero las situaciones de trata de personas varían de explotación sexual de niños, especialmente, para el turismo sexual en Acapulco, hasta la posibilidad de trata de personas indígenas como trabajadores agrícolas temporales. En Oaxaca se registran altos niveles de migración hacia Estados Unidos, además de que existe la preocupación de trata de personas en comunidades indígenas para trabajo agrícola y explotación sexual comercial, y existe la trata potencial de migrantes centroamericanos.

lunes, agosto 24, 2009

Afganistán, uno de los peores países para ser mujer


Escrito por Xthina Ávila-Zesati.

En fechas cercanas a las elecciones presidenciales afganas, quisiera hoy revisar lo que constituye la triste normalidad de las mujeres en ese país, porque sin duda, la discriminación es siempre un generador de violencia, y este hecho es ineludible en el caso de Afganistán, una nación sometida a la guerra durante tres décadas, en donde ser mujer es, en sí mismo, una condena. Según estadísticas de diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas, aún tras la caída del régimen Talibán (2002), 87% de las mujeres afganas sufren algún tipo de maltrato y su expectativa de vida promedio no excede los 44 años.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) reconoce serias desigualdades en materia de género, y el aumento de la violencia contra las afganas que participan en la vida pública, así como una gran recurrencia a las violaciones en el país. Afganistán firmó ya la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y (al menos en papel) su Constitución garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres, sin embargo, la realidad cotidiana dice todo lo contrario.

Las afganas tienen el ingreso per cápita más bajo del planeta y el índice de mortalidad materna es el segundo del mundo. Informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos revelan que el asesinato de mujeres por cuestiones de honor, el intercambio de mujeres y niñas como si fueran objetos, y la violencia doméstica, son actos que pertenecen a una “triste normalidad”. Los matrimonios arreglados son una costumbre que está lejos de erradicarse, pues 57% de las mujeres en Afganistán todavía contrae matrimonio antes de los dieciséis años, la mayoría de las veces en contra de su voluntad.

Las defensoras de la paz perseguidas por los señores de la guerra

Malalai Joya es la diputada más joven del parlamento afgano. A sus 31 años, no ha conocido nunca a su país en estado de paz. Y sabe lo que es vivir en uno de los peores lugares del planeta para ser mujer: “matar mujeres aquí es como matar a un pájaro”. Ella ha sobrevivido cinco intentos de asesinato, ha sido expulsada del parlamento y se ha visto obligada a ocultarse, pero nada de esto ha conseguido silenciar su voz
Pero el caso de Malalai Joya no es el único ejemplo de quienes, desafiando todas las reglas, se han sumado a la vida pública y a la defensa de los derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres en particular. A principios de 2009, Amnistía Internacional recordó el caso de Zakia Zaki, quien fuera directora de Radio Paz en la provincia de Parwan y una conocida detractora de los señores de la guerra. Ella fue asesinada a sangre fría en 2007, mientras dormía en su casa al lado de sus hijo pequeños.

Y las cosas parecen no haber cambiado: Shahla, es hoy la directora de un refugio para mujeres que corren peligro de ser víctimas de matrimonio forzado y de violencia sexual e intrafamiliar. Está amenazada de muerte. Lo mismo ocurre con Laila, quien trabaja en pro de la justicia a las víctimas de crímenes de guerra: “Desde 2007 estoy sometida a una presión sistemática por personas que me llaman por teléfono, me envían mensajes de correo electrónico, me siguen por la calle y amenazan con matarme. Durante los primeros seis meses de 2008, al menos en dos ocasiones intentaron secuestrar a mis hijos cuando volvían de la escuela”.

La diputada afgana Shinkai Karokhail, saltó recientemente a las noticias internacionales por su férrea oposición a una ley misógina, que ha entrado en vigor a tan sólo un mes antes de las elecciones afganas; una ley que afecta a las mujeres de la minoría chiita, y cuyo texto permite explícitamente la violación de las mujeres por parte de sus maridos, y las somete en casi todos los aspectos de su vida a la vigilancia masculina, incluso para salir de casa.

Suraya Pakzad, reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2009, y fundadora de la organización Voces de la Mujer, ha contado a quien quiera oírla que la violencia de género es una enfermedad endémica en este país, pues en su refugio en Herat, al oeste del país, recibe víctimas de maltratos y matrimonios forzados, en algunos casos de niñas de tan solo nueve años.

Actualmente, y a pesar de las reformas del gobierno actual, el 80% de las mujeres en Afganistán no tienen acceso a la educación, y aunque tras la caída de los Talibanes este país tiene uno de los más altos porcentajes de legisladoras en el mundo, lo cierto es que sus voces no logran escucharse, lo que hace pensar en cuotas femeninas que sirven para maquillar desde el gobierno una realidad bien diferente de la vida diaria.
La interminable guerra ha dejado viudas a por lo menos 2 millones de afganas, mujeres que en un país sometido al fanatismo masculino no son nada para nadie sin un hombre a su lado; aunque tenerlo sólo parece garantizarles de momento, vivir una vida sin libertades.

Una lectura feminista sobre Acteal



R. Aída Hernández Castillo. La Jornada. 23 de agosto, 2009

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso Acteal no hizo más que confirmar el desprestigio del Poder Judicial en México, ganado a pulso mediante una larga lista de resoluciones en contra de los movimientos sociales y en complicidad con los sectores del poder: protección a los genocidas del 68, a los gobernadores represores en Puebla y Oaxaca, a los paramilitares de Acteal; paralelamente rechazo a las controversias constitucionales de los pueblos indígenas, a las denuncias de Lydia Cacho, a los sobrevivientes de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71.

Como feminista y como antropóloga jurídica, recorro cada uno de estos casos de impunidad y me llama la atención la manera en que la violencia hacia las mujeres sigue siendo legitimada y reproducida por el aparato de justicia, a pesar de todos los acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en los recientes diez años y de todas las leyes aprobadas para prevenirla y sancionarla, parecemos estar en el mismo punto que hace casi 12 años cuando se llevó a cabo la masacre de Acteal. En ese entonces, un grupo de feministas que trabajábamos en la zona y que teníamos conocidas y amigas entre las mujeres asesinadas en Acteal, nos dimos a la tarea de recopilar testimonios de las sobrevivientes y de reconstruir desde una perspectiva de género la historia de la paramilitarización de los Altos de Chiapas. Estábamos movidas por una profunda tristeza e indignación ante la violencia con la que fueron masacrados hombres, mujeres y niños, pero también por la convicción de que no era un caso aislado de violencia intracomunitaria, sino parte de una estrategia más amplia de guerra de baja intensidad en la que los cuerpos de las mujeres se estaban utilizando como campo de batalla.

Cuando nos dimos a la tarea de escribir La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas, antes y después de Acteal, reaccionábamos también ante la indiferencia con la que se manejó la violación por parte de militares de las tres hermanas tzeltales Méndez Sántiz, el 4 de junio de 1994; la violación por parte de paramilitares de Silvia, Lorena y Patricia, tres enfermeras que trabajaban en San Andrés Larráinzar, el 4 de octubre de 1995; de la violación y tortura por parte de policías judiciales de Julieta Flores, activista de la Unión Campesina Popular Francisco Villa, el 15 de diciembre de 1995; la violación en la zona de los lagos de Montebello, el 26 de octubre de 1996, de Cecilia Rodríguez, activista chicana pro-zapatista y presidenta de la Comisión Nacional por la Democracia en México. Estos casos, todos denunciados y documentados, cuyos perpetradores nunca fueron castigados, nos llevaron a pensar que no era casualidad que la violación sexual y la violencia contra las mujeres estuvieran siendo utilizadas como arma de represión tanto por grupos paramilitares como por el propio Ejército Federal, ni que hayan sido mayoritariamente mujeres las asesinadas en la masacre de Acteal. La participación política de las mujeres indígenas las había convertido en una amenaza, tanto para las estructuras de poder comunitario, como para los grupos de poder estatal y nacional. Paralelamente, las ideologías patriarcales que ven a las mujeres como depositarias del honor familiar, hacen que en muchos contextos de guerra el ataque y la violación a las mujeres sean vistos como un ataque a los hombres del grupo enemigo. El grito de ¨Hay que acabar con la semilla”, enarbolado por los paramilitares al atacar a las mujeres embarazadas en Acteal, expresa mucho del contenido patriarcal de estas prácticas de guerra. La ideología compartida por un amplio sector de la población de que las mujeres somos por excelencia fuentes de vida nos convierte a la vez en un importante objetivo de guerra.

En los 11 años que han pasado desde la masacre de Acteal, el gobierno mexicano ha firmado los protocolos facultativos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (2002), y de la Convención Contra la Tortura (2005). así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará 1998). Estos compromisos internacionales han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas represivas del Estado. En estos 11 años nos ha tocado documentar la violación sexual de las mujeres de Atenco por parte de efectivos policiacos; la violación y asesinato de Ernestina Ascención Rosario, por parte de cuatro efectivos del Ejército en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz; la violación y tortura de Inés Fernández Ortega, en Ayutla de los Libres, Guerrero, por parte de militares, por mencionar dos de los casos más denunciados. Pero no se trata de casos aislados pues, según reportes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las fuerzas armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca (precisamente estados en donde hay una gran efervescencia organizativa).

La resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a Acteal nos confirma que el gobierno mexicano no sólo ha fallado en prevenir y sancionar el feminicidio, entendido en un sentido amplio cómo una categoría que incluye toda aquella muerte prematura de mujeres ocasionada por una inequidad de género caracterizada por la violación histórica, reiterada y sistémica de sus derechos humanos y civiles, como nos lo ha demostrado la investigación promovida por la 59 Legislatura sobre violencia feminicida en México, sino que ha sido indirecta y directamente responsable de la utilización de la violencia física y sexual como estrategias represivas contra los movimientos sociales. Para el caso Acteal y para todos los otros casos de violencia de género documentados, exigimos que el gobierno mexicano cumpla con los compromisos internacionales adquiridos y haga justicia castigando a los culpables.

SILENCIO E IMPUNIDAD ANTE LOS FEMINICIDIOS EN EDOMEX



En 4 años, 672 feminicidios en el Edomex; impunes 89% de casos, según la Codhem
Mariana Norandi. La Jornada. 23 de agosto, 2009

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) denunció que en esa entidad, en lo que va de la presente administración, han sido asesinadas 672 mujeres y 89 por ciento de esos casos no han sido esclarecidos. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, en ese mismo periodo (septiembre de 2005-agosto de 2009) han sido ultimadas 500 mujeres, 95 de ellas este año.

Ángeles López García, presidenta del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, una de las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), señaló que la diferencia en el número de casos que denuncia la Codhem y los que asegura la procuraduría de Justicia radica en que ésta maneja otros parámetros para calificar de feminicidio un asesinato; sin embargo, la abogada aseguró que los 672 casos están documentados y las escenas de los crímenes así lo demuestran. Según informó Católicas por el Derechos a Decidir, organización que forma parte del Observatorio, las edades de las mujeres asesinadas va de los 11 a los 40 años; los municipios que registran más feminicidios son Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Chalco. La mayoría de las mujeres eran amas de casa o estudiantes, sus decesos se produjeron principalmente por disparos de arma de fuego, golpes en la cabeza, heridas con objetos punzocortantes o estrangulamiento. Los cuerpos suelen aparecer tanto en la vía pública como en casas. Si bien en otras entidades, con excepción de Chihuahua, la cifra no es tan alarmante, en todos los estados de la República cada año ocurren un promedio de entre 31 y 39 feminicidios, explicó López García.

Esta semana, la Asamblea Legislativa del Distrito Federa aprobó en las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, modificar el artículo 138, fracción cuarta, del Código Penal del Distrito Federal, para tipificar los crímenes de odio en reglas comunes para delitos de homicidio y lesiones. No obstante, representantes de dicho observatorio consideran que si bien esa medida significa un avance, no es suficiente, y el feminicidio debe ser tipificado como delito específico, como el robo, el secuestro o la trata de personas.

Ese cambio no es la tipificación del homicidio en los términos que varias organizaciones proponemos; sin embargo, es un precedente importante para que en otros estados se tomen medidas parecidas, y es un avance, pues, en años recientes hemos documentado asesinatos contra mujeres que los calificamos de crímenes de odio afirmó López García. Reconoció que el concepto de feminicidio forma parte de todo un debate en América Latina y no es fácil introducirlo en el ámbito judicial. Sin embargo, al analizar la escena del crimen, surgen elementos que demuestran que la víctima fue ultimada por cuestiones de género.

“El feminicidio nació como categoría social y política por el movimiento feminista para evidenciar la violencia contra las mujeres hasta el homicidio. Si bien pasar esa categoría al mundo penal implica una discusión técnica legislativa, lo cierto es que la escena del crimen del feminicidio no es la de un accidente de tráfico, sino construida, donde las mujeres aparecen asesinadas con crueldad, violadas, atadas de pies y manos, mutiladas y tiradas a la vía pública”.