La vida no vale nada

Reproducimos la columna:
"La política en tacones" de, Pilar Ramírez, del 12 de agosto 2010.


Estudió una licenciatura en ingeniería en sistemas de cómputo en el Tecnológico de Monterrey, otra en Orientación Familiar en la Universidad de Navarra; una maestría en Administración de Empresas también en el ITESM y otra más sobre Mujer, Cultura y Sociedad en el Instituto de Estudios Superiores de la Mujer en la Universidad Europea de la ciudad de Roma, además de cursos y diplomados, lo que supone haber pasado entre doce y dieciséis años de su vida entre los muros de una institución de educación superior; todo ello viene a demostrar una vez más la sentencia popular española del siglo XII que reza “lo que natura no da Salamanca no presta”. Se trata de Luz María Ramírez Villalpando, actual directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense.

La funcionaria refiere una vida académica larga aunque una experiencia laboral corta, fue fundadora y colaboradora de la Asociación en Defensa de la Familia, directora del Instituto Municipal de la Mujer en León y su puesto actual, tiempo suficiente para darse a conocer por escándalos y por haber sido denunciada en dos ocasiones ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.

Ramírez Villalpando, siendo servidora pública, aplicó exámenes a trabajadores en los que les inquiría sobre su vida sexual y sus creencias religiosas; despidió a empleados que se encargaban de la difusión de los derechos de las mujeres; ha hecho pública su postura en contra del aborto aun cuando sea producto de una violación; afirma que el mejor antídoto para la violencia intrafamiliar es la triple R: resignarse, reír y rezar; llamó terroristas a las activistas por considerar que con el aborto promueven la muerte; declaró que cuando las mujeres son violadas su cuerpo eleva el ph, que se convierte en una especie de espermicida que impide el embarazo y su más reciente aportación fue la aseveración de que las mujeres que usan tatuajes y perforaciones son ejemplo de la pérdida de valores.

La funcionaria guanajuatense, sin embargo, como Johnnie Walker, keeps walking y sigue tan campante. El procurador de los Derechos Humanos está “recopilando las pruebas” en torno a las quejas, para emitir una determinación “totalmente objetiva y apegada a la ley”. Algunos afirman que Ramírez Villalpando no ha sido removida porque es cuñada del secretario de Gobierno, pero las razones quizá se encuentran en que su actuación corresponde con los principios que aplica el gobierno estatal, el cual vuelve a colocarse bajo el escrutinio de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos por mantener en la cárcel a seis mujeres que abortaron, varias de ellas, según se desprende de los datos de sus expedientes, sufrieron abortos de manera involuntaria y en un par de casos el embarazo fue producto de violación, otras 160 mujeres están a punto de ir a prisión por la misma razón.

Lo escandaloso del caso ya generó una investigación por parte de un visitador de las Naciones Unidas y ante la profusión de notas sobre el tema, las autoridades judiciales de Guanajuato intentan impedir el acceso de los medios y de los representantes internaciones a las mujeres encarceladas, obligándolas a firmar un documento en el que rechazan dar entrevistas. El hecho cobró tal nivel de indignación que incluso el obispo de León se sumó a las voces que piden investigarlo.

No es la primera vez que el gobierno guanajuatense está en el ojo del huracán por intentar imponer valores morales y religiosos para gobernar, aunque ello implique desconocer derechos. Si los líderes panistas quieren encontrar respuestas a los resultados de las recientes elecciones, en Guanajuato tienen algunas. Es cierto que una parte de la población no milita en las causas relacionadas con el género, sin embargo, las proporciones del caso en Guanajuato rebasa el asunto de género que no es menor, para ser percibido como un hecho meramente político; se trata de un gobierno que en el afán de imponer sus puntos de vista morales está dispuesto a truquear la ley y a violar derechos. En la insistencia por hacer valer principios religiosos no le importa quebrantar la ley. El mensaje de intolerancia e inobservancia del derecho debe quedarle muy claro ahora a mucha gente. Los correligionarios partidistas del gobernador Juan Manuel Oliva han guardado un vergonzoso silencio, no así muchos ciudadanos que acudieron a las urnas el mes pasado y otros que lo harán en las elecciones por venir.

Las mujeres encarceladas no fueron acusadas de abortar, pues el Código Penal del estado marca penas de seis meses a tres años de prisión por el delito de aborto y especifica en su artículo 163 que no es punible cuando el embarazo sea producto de una violación, sino que se les imputó el delito de homicidio en razón de parentesco, razón por la cual todas ellas purgan penas de 25 a 35 años de prisión. En uno de los casos, el procurador de justicia estatal argumentó que eso se debió a que el embarazo estaba avanzado; otra argucia, pues el mismo código señala que el aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

Hoy como nunca es cierto, como dice la canción, que en Guanajuato la vida no vale nada, pero no nos indignemos en la soledad; propongo entrar a la página del gobierno estatal, donde muy amablemente invitan a ponerse en contacto con el gobernador y enviar mensajes para exigir la libertad de María Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas, Ofelia Frías y Liliana Moreno. Estas mujeres, a las que se castiga no por abortar sino por la pobreza y la ignorancia y cuyo infortunio es residir en Guanajuato, merecen además de la libertad, como una pequeña reivindicación, la remoción del procurador estatal y de la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense. También se puede hablar al buzón de voz 01 800 221 5866. Por ley, los ciudadanos tienen derecho a recibir respuesta de los servidores públicos. Estoy en espera de que me conteste el gobernador de Guanajuato.