De aprobarse, ARTURO CHAVEZ CHAVEZ como Subprocurador General de la República "se premia la ineficiencia"

Blanche Petrich y Javier Salinas

San Salvador Atenco, Méx., 8 de septiembre. Una amplia red de organizaciones de derechos humanos de Chihuahua se moviliza para pedir con urgencia al Senado que en nombre de la ética y la congruencia no ratifique el nombramiento que propuso el presidente Felipe Calderón de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, anunció ayer Malú García Andrade, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez.

Como procurador de justicia del Estado de Chichuahua en el periodo de gobierno de Francisco Barrio, cuando se multiplicaron los casos de violentos asesinatos seriales contra mujeres en Ciudad Juárez, Chávez se distinguió por su negligencia, por amenazar a las familias de las víctimas y por su actitud misógina.

El nombramiento como procurador general de un funcionario que nunca reconoció la realidad del feminicidio en su estado y bajo su jurisdicción, añadió García Andrade, sería un pésimo mensaje en dos sentidos: por un lado dará luz verde a la continuidad de los homicidios y la impunidad. Por el otro, será entendida por quienes aspiran a cargos públicos que la ineficiencia es lo que se premia en esta administración.

Fue Chávez quien como procurador estatal, al confrontar a las madres de las jóvenes que eran secuestradas y asesinadas a un ritmo vertiginoso a finales de los años noventa, les recomendó como solución que no dejaran salir a sus hijas con minifaldas a la calle. Estas expresiones le valieron una amonestación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en una recomendación de mayo de 1998, calificó esas expresiones discriminatorias como violaciones a la integridad emocional y mental de los familiares de las víctimas y de la sociedad.

Por otra parte, Malú García Andrade –hermana de Lilia Alejandra, una chica de 17 años asesinada– alertó que hoy en día, a 10 años de distancia de la controvertida actuación del ex procurador, las amenazas en contra de las organizaciones de mujeres víctimas de feminicidio se han intensificado. Relató asaltos a mano armada sufridos por Maricela Ortiz, presidenta de la organización; allanamientos y robo de documentación de las oficinas, e incluso una llamada telefónica amenazante que le fue hecha a Ortiz mientras recibía en la ciudad fronteriza la visita de la comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos.

MAS SOBRE CHAVEZ CHAVEZ

Arturo Chávez Chávez cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos humanos, acusaciones por múltiples negligencias cuando iniciaron los homicidios múltiples de mujeres y señalamientos por solapar a bandas de asaltabancos dirigidas por un ex precandidato a diputado federal por el PAN. Entre 1992 y 1999, Chávez Chávez ocupó diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Chihuahua, incluidas la titularidad y la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando en el país el procurador era el también panista Antonio Garcia Lozano. Actualmente, ambos personajes son socios de un lucrativo despacho jurídico que brinda servicios, entre otros, al Gobierno de la República.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americano (OEA) concluyó en 1999 que Chávez Chávez y varios funcionarios estatales más bloquearon las investigaciones sobre personas desaparecidas en Juárez, entre ellos la del juarense Alfonso Saad Cordero, en 1998. Ese mismo año, 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió al entonces gobernador Francisco Barrio aplicara a Chávez Chávez la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por las omisiones en que incurrió ante las violaciones y crímenes de más de 100 mujeres ocurridas en Ciudad Juárez entre 1993 y 1998. Todo fue debidamente documentado por la CNDH.

También la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en 1997 una recomendación a Barrio para que sancionara a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia responsables de agredir a un grupo de manifestantes del ejido Monterde. Tampoco esta recomendación fue atendida. Chávez Chávez también solapó por esas mismas fechas a una banda de asaltabancos que operó en todo el estado y que era liderada por el entonces panista Luis Prieto Tovalí, ex precandidato a diputado federal por el blanquiazul en 1997. Cuando el delincuente y varios de sus cómplices fueron detenidos traían chalecos antibalas y armas pertenecientes a la Procuraduría de Justicia.La información correspondiente de inicio fue ocultada por Chávez Chávez. Fue conocida públicamente hasta finales de febrero de 1999, tres años después de la detención.