PROXENETAS MEXICANOS Fin de una historia de abusos

Leticia Puente Beresford y Carolina Velásquez (Primera Parte)

México D.F. (apro-cimac).- El pasado jueves 24, el diario estadunidense The New York Times publicó en sus páginas interiores una nota sobre el caso de una familia de mexicanos, oriundos del estado de Tlaxcala, que durante 13 años –de 1991 a 2004—se dedicó a trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

Según la información difundida por el periódico, una de las cabezas de la organización, Consuelo Carreto Valencia compareció ante los tribunales estadunidenses y se declaró culpable del presunto delito de trata en comercio sexual, por lo que, de acuerdo con el la legislación penal de aquel país, podría enfrentar una sentencia de al menos 14 años de prisión.

De 61 años de edad, la mujer fue detenida en México en febrero de 2004 y extraditada a Estados Unidos en enero pasado, acusada de los presuntos delitos de conspiración, trata sexual y contrabando. Este asunto es uno de los casos de trata de personas más importantes que ha llegado a las cortes estadunienses desde que entró en vigor el Acta para la Protección de Víctimas de Trata.

La historia se remonta a 2004, cuando la policía neoyoquina detuvo, en una redada, a varios integrantes de la organización de proxenetas, entre ellos a dos hijos de Consuelo, Gerardo y Josué Flores Carreto, así como a Edith Mosquera de Flores, dueña del prostíbulo ubicado en el barrio de Queens, donde los Carreto obligaban a prostituirse a una decena de mujeres internadas ilegalmente en Estados Unidos. Según las investigaciones realizadas por la policía estadunidense, la familia Carreto reclutaba a sus víctimas en zonas rurales pobres del centro de México, además de Tenancingo y la Ciudad de México.

Con base en los propios testimonios de las víctimas, que obran en el expediente, se sabe ahora que los hijos y sobrinos de Consuelo Carreto enganchaban a mujeres con un nivel pobre de educación con la promesa de matrimonio o las deslumbraban con costosos regalos. Una vez que tenían bajo control la situación, las llevaban a vivir a la casa paterna o en departamentos siempre vigilados. Cuando estos métodos no funcionaban, los Carreto recurrían al secuestro, la violación y la violencia para someter a sus víctimas.

De acuerdo con el relato de las víctimas, Consuelo y María de los Ángeles Velázquez, se hacían cargo de las víctimas: las mantenían incomunicadas y cuidaban a los hijos que las jóvenes tuvieron con sus hijos. Antes de llegar a Estados Unidos, las mujeres fueron obligadas a ejercer la prostitución en distintos puntos del territorio nacional: Tenancingo, DF. Puebla, Irapuato y Tijuana. De este último punto, los Carreto cruzaban la frontera hasta llegar a Nueva York. Ahí, se les obligaba a "atender" a un promedio de 30 hombres al día. Por cada sesión de sexo, cobraban de 25 a 35 dólares, de los cuales nunca vieron un centavo. Una parte iba a parar a manos de los Carreto y, la otra, a la dueña del prostíbulo. La investigación de la policía permitió saber que Consuelo recibía de 800 a mil 600 dólares semanales.

La investigación

En el juicio contra los Carreto testificaron nueve víctimas y un "testigo cooperante" íntimamente ligado a la familia mexicana de proxenetas, quien muchas veces la hizo de custodio de las víctimas, así como de acompañante de los acusados durante los "enganches". Adicionalmente, el 4 de enero de 2004, los agentes del Inmigration and Customs Enforcement (ICE), del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, inspeccionaron los dos departamentos en los que vivían los miembros de la familia Carreto y sus víctimas, en Queens, NY. Ahí, los agentes encontraron un número considerable de evidencias: libretas con números y direcciones de burdeles, casas de masaje y centros de alterne, precios y ganancias por el "trabajo" que realizaban sus víctimas, bolsas de dormir, registros telefónicos, condones, lubricantes y artículos para uso sexual, cartas, fotografías y recibos de transferencias monetarias. Un día después de la inspección fueron arrestados Josué y Gerardo Flores Carreto, así como Daniel Pérez Alonso. Y en febrero de 2004, autoridades mexicanas detuvieron a Consuelo Carreto Valencia y María de los Ángeles Velázquez Reyes, en Tenancingo, México. Luego, Edith Mosquera de Flores, dueña del burdel, se declaró culpable de beneficiarse económicamente de la prostitución forzada. Entre las acusaciones que se adjudican a la familia destacan: conspiración, trata con fines de explotación sexual, trabajos forzados, tráfico ilegal para prostitución, conspiración para importar extranjeros con propósitos inmorales, trata y tráfico de personas.