Las árabes reivindican el sexo

BEIRUT.- "¿Pero es vamos a ser como los animales? ¡Si pensamos que el sexo es una actividad que se puede practicar en público, pues comencemos ahora mismo, en esta misma sala!¡Todos a practicar el sexo, vamos!". La intervención airada de la invitada de Emiratos Arabes Unidos (EAU) al Segundo Foro de Mujeres Árabes provocó una estruendosa carcajada entre todas las presentes y la adhesión fervorosa de un sujeto, que llegó a levantarse de su asiento aplaudiendo a la susodicha y declarándose presto a responder a cualquier requerimiento en tal sentido.

Una libanesa que se identificó como Carole Arayed irrumpió en el debate quejándose de la comparación establecida por la señora. "¡No somos animales, pero las mujeres tenemos derecho a nuestra sexualidad! ¿O es que vamos a terminar como pasó en ese país árabe donde apedrearon a una pareja de camellos porque el camello estaba practicando el sexo con la camella?", soltó a través del micrófono.

Intercambios tan singulares como el presente se prodigaron este viernes durante la clausura del Segundo Foro de Mujeres Árabes que se celebró en Beirut, que dedicó la jornada a debatir sobre sexo y belleza femenina en una región donde esta temática todavía sigue siendo un tabú.

La convocatoria reunió a más de medio millar de empresarias, artistas, políticas, feministas y activistas de los derechos humanos de mundo árabe.

La polémica cineasta

Ateniéndose a su polémica aureola, la directora de cine egipcia Inas al Degheidy suscitó más de un murmullo cuando arremetió contra las "tradiciones" y alabó "lo sublime que es la relación sexual". "No es cierto que los árabes no tengamos relaciones sexuales, ¡las tenemos y a veces muy perversas pero siempre a escondidas!", dijo promoviendo una ovación.

'El sexo es algo natural, no podemos considerarlo vil', dice la controvertida directora Inas al Degheidy

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A sus 54 años y todavía con un porte ciertamente seductor, Degheidy no sólo es la cineasta más famosa de Egipto sino un personaje repetitivo a la hora de contabilizar escándalos por su audacia a la hora de filmar películas y sus exabruptos de tono erótico.

Ella misma reconoce que "la adora un 10 por ciento" del público egipcio pero que otro "90 por ciento" simplemente la "quiere matar". No es una afirmación banal. La policía egipcia desmanteló en el 2001 un comando islamista que tenía entre sus objetivos asesinar a la realizadora.

El último alboroto mediático lo generó el pasado verano cuando defendió en sendos programas de TV la legalización de la prostitución —"existe en todo el mundo y en Egipto también. Tenemos que aceptar la realidad", dijo—, la homosexualidad y puntualizó que, si no recurría a desnudos completos en sus películas, era sólo porque se lo impedía la censura.

"Yo también crecí en una familia donde el sexo era tratado con repugnancia hasta que descubrí lo que era el placer. El sexo es algo natural, no podemos considerarlo vil", manifestó Deghidy durante su intervención en el Foro.

En defensa de la masturbación femenina

La postura aperturista de la egipcia recibió el apoyo de la libanesa Rania Barghout, presentadora del conocido programa 'Kalam Nawaem' (Conversaciones dulces), de la cadena saudí MBC, especializado en "temas prohibidos", que exigió "la completa libertad corporal e intelectual" de las mujeres. "Por ejemplo, aquí siempre se ha presentado la masturbación femenina como un crimen y en nuestro programa trajimos a un famoso 'sheik' (experto religioso) que declaró que las mujeres tienen todo el derecho a masturbarse", puntualizó.

Sin embargo esta postura chocó contra la que mantenían un sector del respetable —en su mayoría llegadas del Golfo y Arabia Saudí— que defendían la necesidad de adecuar la sexualidad femenina con las costumbres locales. "La reivindicación sexual varía de una sociedad a otra y la libertad de expresión tiene como límite no herir a nadie", manifestó la poetisa saudí Thuraya Al-Arrayed

'No estamos reclamando una revolución sexual ni el libertinaje sino ser conscientes de que vivimos una contradicción', dijo una psicoanalista

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La discrepancia era incluso obvia en las vestimentas que se apreciaban en la sala donde se entremezclaban los velos y las 'abayas' con las minifaldas, transparencias, escotes y el derroche de silicona. Ello no impidió que las disquisiciones se extendieran también a la inexistencia de educación sexual en las escuelas árabes, el culto a la belleza y en especial a la práctica extendida de la cirugía plástica o el incremento de la venta de ropa interior a cada cual más sugerente que marcha de forma paralela a la proliferación del velo.

Otra de las participantes, la psicoanalista Marie Therese Khair Badawi, intentó situarse en un término medio al incidir en la necesidad del "diálogo para entender que el cuerpo de la mujer sigue siendo un tabú en el mundo árabe". "Aquí se defiende la virginidad pero al mismo tiempo tenemos clínicas especializadas en reconstituir el himen. No estamos reclamando una revolución sexual ni el libertinaje sino ser conscientes de que vivimos una contradicción", precisó.

Contra el matrimonio forzado

El auditorio sí coincidió en descalificar una práctica común en Oriente Próximo: el matrimonio forzado de las jóvenes. "Es una violación", lo calificó la argelina Sihem Habchi, presidenta de la Asociación francesa 'Ni Putas ni Sumisas' Habchi. "Es pura violencia de la familia", le secundó la saudí al-Arrayed.

Los escasos participantes masculinos tuvieron que refugiarse en la ironía frente a un público crítico con su sexo

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En este sentido, Kaltham al Koheji, directora regional de comunicación del banco HSBC, aludió a su caso particular como ejemplo de cómo enfrentarse a este flagelo. La familia de Koheji, natural de EAU, la obligó a desposarse con 13 años con un sujeto de 30 que ni conocía. "Un día llegué a mi casa y estaban bailando. Pregunté: ¿y por qué es la fiesta?. Y me dijeron: es tu fiesta de compromiso. Rompí a llorar y dije que quería continuar mis estudios", recordó.

Koheji aceptó sólo bajo la promesa de que podría continuar estudiando y cuando el futuro marido se retractó de tal pacto le llevó a juicio con el apoyo entonces de sus allegados. "Estamos hablando de hace 25 años, pero conseguí que un tribunal anulara el compromiso. Me casé a los 28 con el hombre que yo elegí y ahora soy madre de dos hijos", añadió.

Los escasos participantes masculinos tuvieron que refugiarse en la ironía para afrontar a un público especialmente crítico con el desempeño de su sexo. El profesor de arte libanés Michel Jabre llegó a proponer que en la lucha femenina a favor de la igualdad estas "impongan un boicot sexual" a los hombres, lo que generó de nuevo las carcajadas y gestos explícitos de varias chicas que menearon la cabeza rechazando de plano tal hipótesis.

El carácter quizás inédito de estos debates no eclipsa la marginalización de las féminas en la región, que se encargó de recordar este jueves la propia responsable de dicha cuestión en la Liga Árabe, Hana Sorour. La egipcia aclaró que un 65% de las árabes son analfabetas y sólo un 30% tiene acceso al mercado laboral.

Un contraste abismal con la concentración de riqueza que se está generando en los países del Golfo, donde las mujeres controlaban 364.000 millones de dólares el año pasado, según cifras reveladas en la cita de Beirut.

"Todas estas discusiones están centradas en una clase media que está desapareciendo. La mujer cuya única preocupación es conseguir pan para que coman sus hijos no tiene tiempo para exigir la liberación sexual", sentenció Farida Farisi, una profesora saudí.

Inicia primer juicio oral por tentativa de feminicidio

El 22 de octubre se llevará a cabo en Chihuahua la primera parte del primer juicio oral, una audiencia intermedia, por tentativa de feminicidio, en el que cinco expertas en violencia de género descargarán pruebas para demostrar que el caso de Dolores Tarín, sobreviviente de intento de homicidio por parte de su expareja, es un delito de género, informó Luz Esthela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y representante legal de la víctima. La fecha para el juicio oral está programada entre el 15 y 20 de noviembre del 2008.

Cabe recodar que ésta será la primera vez que a través del nuevo sistema de justicia penal, vigente en Chihuahua desde 2007, se realice una audiencia pública ante un juez de garantía por un caso de tentativa de feminicidio que incorpora convenios internacionales signados por México, enfatizó Luz Esthela Castro. Las cinco expertas en violencia de género que participarán mañana descargarán pruebas para demostrar que se trata de un delito de feminicidio, dijo Castro. Entre ellas están la abogada y especialista en derechos humanos Adriana Carmona; la chilena Rina Montt, quien hará peritajes con perspectiva de género; Alicia Leal, de Alternativas Pacíficas y experta en violencia de género y Elena Rosina Uranga, terapeuta especializada en violencia contra mujeres.

La activista y también abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas pugnó porque el caso de Dolores no se fuera a juicio abreviado, tal y como lo había solicitado el Ministerio Público, ya que, a decir de Castro, éste es un minijuicio donde sólo está el juez de garantía y el inculpado, quien acepta su culpa con una penalidad muy baja que es de 6 años, aunque el Código Penal estatal establece que cuando se trate de un homicidio agravante, donde el sujeto pasivo es mujer, la penalidad va de los 30 a los 60 años. "Por ello no aceptamos", dijo Castro, quien recordó que la organización que dirige y que tiene la coadyuvancia del caso solicitó a la jueza encargada de éste incorporar la perspectiva de género en la audiencia de vinculación a proceso del imputado.

Y que por tratarse de una mujer, tal y como lo establece el Código Penal, se considere tentativa de homicidio calificado y que la fundamentación legal de la resolución de la audiencia sea con base en los convenios y tratados internacionales especialmente CEDAW y Belém Do Pará, así como en la Ley estatal por el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Además, que se califique la tentativa de homicidio como un delito de género y una violación de Derechos Humanos.

Dolores presentó en agosto de 2007 una denuncia en la Unidad de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia estatal por violencia familiar y amenazas de muerte contra su ex pareja Héctor Gabriel Rábago Andrade. Su caso, como el de muchas otras mujeres que denuncian violencia familiar, fue remitido al Centro de Justicia Alternativa, donde se hacen "convenios" entre las víctimas y sus agresores para no llevar los casos a juicios. Ahí, Dolores "llegó a un acuerdo" en el cual su agresor y ex pareja se comprometió a no agredirla a partir de ese día. En septiembre de 2008, Dolores fue agredida por dos hombres contratados por Héctor para matarla, quienes la visitaron en su oficina bajo el pretexto de buscar trabajo, para después apuñalarla por la espalda. Después de una cirugía y de permanecer algún tiempo hospitalizada, Dolores decidió cerrar su negocio y mudarse a Ciudad Juárez con su hermano. No obstante, hasta ahí han llegado los sicarios, quienes ya balearon la casa de sus familiares. Aunque Dolores y su familia pidieron vincular la investigación con los hechos anteriores, las autoridades se negaron.

Basado en Nota de: Lourdes Godínez Leal (Rotativo de Queretaro)

Exhibe injusticia en Ciudad Juárez y Chihuahua OSC entregan informe sobre feminicidio a Parlamento Europeo

Por Lourdes Godínez Leal México DF, 17 oct 08 (CIMAC)

La violencia de género en Ciudad Juárez y Chihuahua, traducida en feminicidio, ha exhibido a nivel internacional la discriminación, una actuación y procuración de justicia deficientes, tortura a detenidos, fabricación de culpables, falta de certeza en los casos, así como hostigamiento y persecución a los defensores de derechos humanos, sostiene en un informe entregado el miércoles pasado al Parlamento Europeo (PE) el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), con sede en Chihuahua.

Luz Esthela Castro, directora del CEDEHM y abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas --quien entre diciembre y enero próximos presentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conjuntamente con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el caso de David Meza, confeso de un feminicidio bajo tortura-- entregó un informe sobre violencia de género en Ciudad Juárez al PE.

Cabe recordar que en octubre de 2007, el PE condenó los asesinatos de mujeres en México y Centroamérica, luego de un proyecto de resolución presentado por el eurodiputado español Raúl Romeva i Rueda, que exhorta a ambos gobiernos a trabajar conjuntamente con la Unión Europea para frenarlos.

Las abogadas del CEDEHM, Alma Gómez Caballero y Castro Rodríguez (ésta última que participa en el Festival de la Libertad, que se realiza del 13 de octubre al 2 de noviembre en Bruselas, Finlandia y Suecia, donde hablará del feminicidio en Ciudad Juárez) elaboraron el informe que consta de 43 cuartillas, para la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional.

EL DOCUMENTO

El documento presentado al PE expone la situación de la violencia de género en la entidad fronteriza con Estados Unidos, la cual, señalan, se ha “proyectado a nivel internacional por los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas” desde 1993.

Pero ésta, dicen, “no es considerada como una violación de derechos humanos y desde luego ni se investigan, ni se juzgan, mucho menos existe la posibilidad de una reparación del daño”.

Y mencionan cómo la violencia y discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados “como naturales” por quienes operan el sistema de justicia, lo que se refleja en la respuesta y tratamiento por parte de los encargados de impartirla.

Denuncian que en los casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres, los Ministerios Públicos tienen la facultad de archivar la carpeta informativa, cuando no aparezcan antecedentes necesarios para esclarecer los hechos, mientras que los policías no ofrecen un trato digno y humano a las víctimas, además de carecer de perspectiva de género.

Por otra parte, enfatizan que existe un desdén de las autoridades hacia este tipo de casos que en su mayoría son desechados. De 12 casos por el delito de violación presentados en el periodo de enero a mayo de 2007 ante un juez de garantía, dice el informe, en diez de ellos los imputados fueron exonerados.

También informan de algunos avances que ha habido como la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para identificar los restos de mujeres no identificadas o de dudosa identificación tanto de Juárez como de Chihuahua.

A la fecha, informan tanto a AI como al PE, se ha logrado la identificación de 26 desaparecidas con restos de mujeres, entre los que destacan los de Minerva Teresa Torres Albeldaño, Miriam Cristina Gallegos Venegas, Rosalba Pizarro Ortega, Neyra Cervantes, Claudia Judith Urías Berthaud y Gloria Irene Tarango Ronquillo.

La participación de los expertos en criminalística forense, Pedro Díaz y Raúl Joffre, quienes se han dado a la tarea de revisar tres casos para hacer un diagnóstico general y están a la espera de integrar seis más y la recuperación de los restos de Ángela Alejandro Ortiz, indígena del estado de Guerrero, cuya hija pudo ser finalmente reintegrada con sus abuelos, son otros logros contenidos en el informe.

EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Castro y Gómez hacen un recuento en su informe de lo que ha sucedido con el tema de la violencia de género en la entidad, a partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal que, enfatizan, ha vulnerado aún más los derechos humanos de las mujeres al privilegiar la conciliación y los acuerdos reparatorios con sus agresores.

El derecho de las mujeres a contar con protección judicial que cuente con adecuadas garantías frente a actos de violencia no es atendida en este nuevo Sistema, dice el informe, aún cuando el Estado está obligado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos.

“Los avances contenidos en la legislación sobre este tema son letra muerta”, no hay refugios del Gobierno que atiendan a las mujeres víctimas de violencia, sólo existen dos en la entidad creados por la sociedad civil que atraviesan por situaciones difíciles financieras para permanecer vigentes, mientras que la Ley estatal de Violencia, que pese a haber sido la primera en aprobarse, a la fecha, no ha contado ni contará con presupuesto para el siguiente año para aterrizarse.

El informe también documenta los casos de violencia de género atendidos por el CEDEHM y las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de violación sexual, en especial de las menores de edad, a quienes pese a contar con el derecho de una interrupción legal del embarazo, se les niega en los servicios de salud estatales.

Queja ante órgano de la ONU por actos violatorios de la ley por parte de las autoridades

David Carrizales (Corresponsal)

Monterrey, NL, 10 de octubre. La directora de la agrupación Alternativas Pacíficas (Alpaz), María del Mar Álvarez Morales, denunció ante Bernardo Sepúlveda Amor, juez de la Corte Internacional de Justicia –el principal órgano judicial de las Naciones Unidas– el secuestro que sufrió por la juez noveno de lo familiar, Luz María Guerrero Delgado, quien el pasado 30 de septiembre, acompañada por agentes ministeriales, la obligó a entregarle a dos menores que tenía bajo su custodia en un centro para atender a mujeres y niños víctimas de violencia de género.

Sepúlveda Amor expuso que en las circunstancias en que el estado sea incapaz de cumplir con sus primeras obligaciones, en el ámbito local, habrá la posibilidad de recurrir y reclamar el ejercicio de esos derechos que están consagrados en las convenciones internacionales que protegen los derechos de las mujeres y los niños.

Además de exponer el caso a Sepúlveda Amor, durante la sesión de Diálogos sobre la Justicia Internacional, que se realizó en el contexto del Festival Internacional de Santa Lucía, al final del encuentro María del Mar Álvarez entregó al ex canciller una relación de los hechos de los que fue víctima, un video sobre la forma en que fue intimidada por la juez, su equipo de trabajo y tres agentes ministeriales, así como una copia de la queja que presentó ayer ante el Consejo de la Judicatura exigiendo la destitución de Guerrero Delgado.

Álvarez Morales comentó que decidió plantear el caso a Sepúlveda Amor, “porque me parece muy claro que necesitamos la protección internacional, ya que el Estado ha demostrado su incapacidad de brindarla”.

Comentó que fue un primer acercamiento para que estén enterados de lo que está sucediendo en México, porque no solamente en Nuevo León se ha violado la confidencialidad de un refugio para mujeres y niños, sino también en otros estados del país estos centros han sido víctimas de actos violatorios de la ley por parte de las autoridades.

Después que el jueves hizo la denuncia pública sobre su detención o secuestro ilegal, Álvarez Morales dijo que el gobierno estatal no ha dado explicación alguna, y ahora sólo espera que el Consejo de la Judicatura resuelva conforme a derecho la queja que presentó contra la juez Guerrero Delgado.

Secuestran autoridades de NL a directora de refugio para mujeres

Sanjuana Martínez (Especial para La Jornada)

Monterrey, NL. 9 de octubre. En violación de la Constitución y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, autoridades judiciales de Nuevo León secuestraron a la directora de la organización no gubernamental Alternativas Pacíficas, María del Mar Álvarez Morales, para apoderarse de dos menores de edad, lo que también transgredió la confidencialidad del albergue y la custodia otorgada a la madre, refugiada en el centro de atención a mujeres maltratadas.

Las acciones estuvieron a cargo de la juez novena de lo familiar, Luz María Guerrero Delgado, quien el 30 de septiembre, acompañada de tres integrantes del personal de su juzgado, una agente del Ministerio Público y tres policías ministeriales privó de su libertad a la activista. “Me exigieron que les entregara a los menores, de la manera fácil o de la manera difícil –cuenta María del Mar Álvarez–. Me secuestraron, me subieron a un coche custodiado y me trasladaron de nuestras oficinas, al refugio de alta seguridad, violando la confidencialidad del centro.”

En el albergue se encontraban Mónica Alejandra Manzo Baschwitz y sus dos hijos, de 11 y ocho años. Los tres pidieron ayuda a Alternativas Pacíficas ante el maltrato físico y sicológico infligido por el cónyuge, Javier Cano Sánchez. “El sistema de justicia mexicano funciona para quien tiene dinero –comenta Álvarez Morales–. La contraparte tiene dinero y muchísimo poder con las autoridades judiciales y gubernamentales de Nuevo León. Los hechos fueron absolutamente ilegales”.

Tras irrumpir en el refugio, la juez Guerrero Delgado se llevó a los niños.“Me sentí en la indefensión porque, además de estar literalmente rodeada, se me impidió hablar con mi equipo de trabajo, hacer una llamada telefónica. Me encajonaron. Cooperara o no, ya habían violando la confidencialidad del refugio, cuya dirección ya conocían. Al final se llevaron a los menores con la amenaza de violar cerraduras.”

En Nuevo León existen solamente dos refugios para mujeres maltratadas. Ambos enfrentan dificultades económicas y reciben poco apoyo estatal. “El daño se lo están haciendo a todas las mujeres que necesitan un centro de alta seguridad ante la ola de asesinatos y feminicidios. Las mujeres necesitan un lugar donde se les pueda garantizar resguardo. Sin embargo, en el momento en que el Estado viola la confidencialidad les retira esa opción. Eso es lo más grave de estos hechos”, señaló Álvarez Morales. Alicia Leal, quien fundó Alternativas Pacíficas hace 12 años, señala que es la primera vez que reciben un ataque de tal magnitud. “En Nuevo León no tenemos una autoridad que responda para proteger nuestros derechos y nuestra integridad como mujeres.”

Recordó que no es la primera ocasión en que una autoridad judicial solicita la presentación de menores a petición de un juez: “Nosotros siempre hemos presentado a los niños, con la confianza de que se busca su bienestar, pero esta vez la autoridad no confió en nosotras; nos engañó, nos utilizó como arma contra la víctima y los menores que buscaron protección y seguridad en nuestra institución. El agresor ha utilizado el aparato de justicia en contra de la víctima porque tiene más dinero, más poder y más abogados”.

Alternativas Pacíficas es el primer refugio de mujeres maltratadas abierto en México, en cumplimiento de los protocolos internacionales. “El Estado ha violentado los derechos de la directora; violó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que estipula que la dirección de los refugios es secreta. Es inconcebible el ataque que esto significa contra las mujeres de Nuevo León”, dijo Leal.

El gobernador José Natividad González Parás no ha aumentado el apoyo económico a los dos refugios de mujeres que ocupan edificios en comodato con el estado. “Son organismos que pueden brindar ayuda que va más allá de la del Estado. Ninguna agencia gubernamental puede ofrecer los servicios integrales como nosotros. Los refugios son necesarios y tienen que respetarlos”, agregó la activista.

El abogado de la víctima, Ricardo García Treviño, explicó que su cliente, él mismo y otras cinco personas han sido amenazados de muerte por el presunto agresor, quien ya ha sido denunciado. “La resolución de la juez Guerrero Delgado está envuelta en elementos sospechosos porque violó la Constitución y dos suspensiones en vía de amparo. Incluso hay elementos de corrupción porque está beneficiando al agresor de manera ostentosa. Eso muestra su interés particular”.

Los niños fueron llevados al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y su madre, Mónica Alejandra Manzo Baschwitz, tuvo la primera audiencia con ellos la mañana del 6 de octubre. “Es muy doloroso. Recurrimos a Alternativas buscando un lugar seguro y lo que sucedió fue muy grave porque yo estaba con los niños. Nunca los he desatendido. Soy buena madre, trabajo para mantenerlos. Lo único que pido es justicia. ¡Que me regresen a mis niños!”

Visiblemente afectada, afirmó que ha sido acosada por Cano Sánchez desde hace más de dos años, cuando decidió separarse: “Me ha maltratado, torturado, amenazado, golpeado, asediado, encarcelado, y ahora me ha arrebatado a los niños. No es justo. ¿Dónde está la ayuda a las mujeres maltratadas que anuncia el gobierno? ¿Dónde esta la seguridad para quienes nos atrevemos finalmente a denunciar al agresor? ¿Dónde están las garantías para nosotras y para nuestros hijos?”

Avalan sanción leve a policía acusado de ataque sexual a mujer atenquense

La justicia del estado de México ratificó su decisión de que el único policía sentenciado por las agresiones sexuales contra las mujeres detenidas en el operativo en San Salvador Atenco (en 2006) no pise la cárcel, aun cuando el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) apeló de la decisión del juez de condenar al uniformado sólo por "actos libidinosos", delito no grave.

Doroteo Blas Marcelo, policía estatal acusado e identificado por una de las 26 mujeres atacadas sexualmente de obligarla a hacerle sexo oral, fue sentenciado en mayo pasado a tres años, dos meses y siete días de prisión, pena conmutable por el pago de 8 mil 427 pesos. Este fallo fue impugnado por los abogados de la ONG; sin embargo, un magistrado estatal lo ratificó.

Jaqueline Sáenz, del Centro Prodh, resaltó que con esto se manda un mensaje de impunidad para los más de 2 mil agentes que participaron en los operativos. "El Estado les otorga protección (a los agentes que agredieron a las mujeres), pues, si bien condena al agente, no lo obliga a pisar la cárcel."

Agregó que mientras las autoridades condenaron a más de 112 años de prisión (por pena acumulada) al líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle; a más de 67 años a Héctor Galindo y Felipe Álvarez, y a más de 30 años de prisión a 10 personas, paradójicamente del lado de los policías sólo se ha sentencia a un uniformado por un delito no grave y a cinco más se les procesa por abuso de autoridad, tampoco grave.

"En este caso prevalece la impunidad; pese a que son delitos graves (agresiones sexuales), las autoridades son omisas en investigar diligentemente y, por el contrario, obligan a las víctimas a identificar a sus agresores", señaló Sáenz.

Refirió que el Centro Prodh acompaña jurídicamente el caso de 11 de las 26 mujeres que han reportado haber sido objeto de abusos sexuales. Tras la sentencia, dijo, se prepara un amparo "como última opción a escala interna" para acceder a la justicia. Recordó que el 28 de abril de este año se presentó una petición a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la que se demanda al Estado mexicano "por múltiples violaciones a las garantías" de las mujeres.

La resolución del magistrado no modificó el tipo de delito ni el tiempo de sentencia contra Blas Marcelo, aunque sí decidió –a diferencia del juez– destituir del cargo al policía y reparar el daño a la víctima con una cantidad de 9 mil 162 pesos. "Lo anterior muestra la manera en que los elementos de las fuerzas de seguridad actúan al margen de la ley con total impunidad, sin medios de control y sanción efectivos y con la aquiescencia del Estado", subrayó Sáenz.

Nota de : Emir Olivares Alonso

2 de Octubre "No se Olvida"

A 40 años del movimiento estudiantil de 1968 "ni olvido ni perdon"

En aquel 68, los del poder, los de arriba, los intocables, vieron amenazados sus intereses e impunemente aplastaron y masacraron a miles de jóvenes y nada paso. Será por eso que a pesar de tanto tiempo la sangre de tantos mexicanos y mexicanas sigue fresca pidiendo a gritos no ser olvidada. En este movimiento muy importante fue la participación de las mujeres, no solo universitarias, sino también amas de casa que tomaron las calles y la palabra en un intento de luchar contra la injusticia. Para ellas y ellos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por atreverse a luchar por "otro" mundo.

Mitin de Mujeres

El 30 de septiembre tuvo lugar uno de los episodios más significativos del movimiento estudiantil de 1968: la realización de un mitin frente a la Cámara de Diputados organizado por la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, el mismo grupo que había refutado el informe de Gustavo Díaz Ordaz y le había dicho públicamente al presidente que la violencia ejercida contra ellas las semanas previas provino de las fuerzas armadas y policiacas, y no de los estudiantes. El hecho pasó desapercibido en la mayor parte de los periódicos, pero es de un simbolismo muy importante, ya que se trata de la única ocasión en que las mujeres convocaron a un acto público y ejercieron un liderazgo político indiscutible.

El 30 de septiembre de 1968 (dos días antes de la mataza de Tlatelolco), miles de mujeres, “flanqueadas por estudiantes y personas del pueblo” (El Día, 1/10/68) marcharon portando mantas con leyendas en las que se pedía la libertad de los presos estudiantiles y políticos. A su llegada a la Cámara de Diputados, además de colocar sus pancartas en la entrada principal del inmueble, también pusieron una bandera nacional con un crespón negro.

“Una comisión parlamentaria, presidida por el diputado Humberto Acevedo Astudillo, presidente en turno de la XLVII Legislatura federal, recibió dos documentos, uno suscrito por la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y el otro por Mujeres de México, en los que demandaban la amnistía general para todos los presos que mencionan los estudiantes en su pliego petitorio (los dirigentes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, así como los estudiantes detenidos durante el conflicto), y exigieron la inmediata desocupación de los recintos escolares en poder del Ejército” (El Día, I/X/68).

El hecho de realizar el acto e invocar al Poder Legislativo también representa una impronta simbólica muy relevante, ya que ponía en relieve la falta de independencia de los poderes de la Unión y la supremacía del Ejecutivo, que derivaba en la ausencia de democracia. Por todo ello, se trata de una de las reivindicaciones ciudadanas más importantes durante el movimiento, por lo que no sorprende que haya sido marginada por casi toda la prensa.

Una de las excepciones más destacadas en la cobertura corrió a cargo de la revista por qué?, dirigida por Mario Menéndez, que dedicó tres fotografías de los fotógrafos "Hermanos Mayo", contextualizadas oportunamente por un reportaje. En un número posterior, el director desplegaría algunas de estas imágenes intercaladas con las fotografías de los cadáveres de algunas mujeres asesinadas por el gobierno el 2 de octubre. El mensaje icónico resultaba evidente: las madres de familia habían sido ultimadas por la capacidad de protesta desplegada un par de días antes frente a la Cámara de Diputados.

2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!!!!!!!!!!!!!!

con notas de La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/30/index.php?section=politica&article=010n1pol#
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/30/index.php?section=politica&article=011n1pol#