Secuestran autoridades de NL a directora de refugio para mujeres

Sanjuana Martínez (Especial para La Jornada)

Monterrey, NL. 9 de octubre. En violación de la Constitución y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, autoridades judiciales de Nuevo León secuestraron a la directora de la organización no gubernamental Alternativas Pacíficas, María del Mar Álvarez Morales, para apoderarse de dos menores de edad, lo que también transgredió la confidencialidad del albergue y la custodia otorgada a la madre, refugiada en el centro de atención a mujeres maltratadas.

Las acciones estuvieron a cargo de la juez novena de lo familiar, Luz María Guerrero Delgado, quien el 30 de septiembre, acompañada de tres integrantes del personal de su juzgado, una agente del Ministerio Público y tres policías ministeriales privó de su libertad a la activista. “Me exigieron que les entregara a los menores, de la manera fácil o de la manera difícil –cuenta María del Mar Álvarez–. Me secuestraron, me subieron a un coche custodiado y me trasladaron de nuestras oficinas, al refugio de alta seguridad, violando la confidencialidad del centro.”

En el albergue se encontraban Mónica Alejandra Manzo Baschwitz y sus dos hijos, de 11 y ocho años. Los tres pidieron ayuda a Alternativas Pacíficas ante el maltrato físico y sicológico infligido por el cónyuge, Javier Cano Sánchez. “El sistema de justicia mexicano funciona para quien tiene dinero –comenta Álvarez Morales–. La contraparte tiene dinero y muchísimo poder con las autoridades judiciales y gubernamentales de Nuevo León. Los hechos fueron absolutamente ilegales”.

Tras irrumpir en el refugio, la juez Guerrero Delgado se llevó a los niños.“Me sentí en la indefensión porque, además de estar literalmente rodeada, se me impidió hablar con mi equipo de trabajo, hacer una llamada telefónica. Me encajonaron. Cooperara o no, ya habían violando la confidencialidad del refugio, cuya dirección ya conocían. Al final se llevaron a los menores con la amenaza de violar cerraduras.”

En Nuevo León existen solamente dos refugios para mujeres maltratadas. Ambos enfrentan dificultades económicas y reciben poco apoyo estatal. “El daño se lo están haciendo a todas las mujeres que necesitan un centro de alta seguridad ante la ola de asesinatos y feminicidios. Las mujeres necesitan un lugar donde se les pueda garantizar resguardo. Sin embargo, en el momento en que el Estado viola la confidencialidad les retira esa opción. Eso es lo más grave de estos hechos”, señaló Álvarez Morales. Alicia Leal, quien fundó Alternativas Pacíficas hace 12 años, señala que es la primera vez que reciben un ataque de tal magnitud. “En Nuevo León no tenemos una autoridad que responda para proteger nuestros derechos y nuestra integridad como mujeres.”

Recordó que no es la primera ocasión en que una autoridad judicial solicita la presentación de menores a petición de un juez: “Nosotros siempre hemos presentado a los niños, con la confianza de que se busca su bienestar, pero esta vez la autoridad no confió en nosotras; nos engañó, nos utilizó como arma contra la víctima y los menores que buscaron protección y seguridad en nuestra institución. El agresor ha utilizado el aparato de justicia en contra de la víctima porque tiene más dinero, más poder y más abogados”.

Alternativas Pacíficas es el primer refugio de mujeres maltratadas abierto en México, en cumplimiento de los protocolos internacionales. “El Estado ha violentado los derechos de la directora; violó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que estipula que la dirección de los refugios es secreta. Es inconcebible el ataque que esto significa contra las mujeres de Nuevo León”, dijo Leal.

El gobernador José Natividad González Parás no ha aumentado el apoyo económico a los dos refugios de mujeres que ocupan edificios en comodato con el estado. “Son organismos que pueden brindar ayuda que va más allá de la del Estado. Ninguna agencia gubernamental puede ofrecer los servicios integrales como nosotros. Los refugios son necesarios y tienen que respetarlos”, agregó la activista.

El abogado de la víctima, Ricardo García Treviño, explicó que su cliente, él mismo y otras cinco personas han sido amenazados de muerte por el presunto agresor, quien ya ha sido denunciado. “La resolución de la juez Guerrero Delgado está envuelta en elementos sospechosos porque violó la Constitución y dos suspensiones en vía de amparo. Incluso hay elementos de corrupción porque está beneficiando al agresor de manera ostentosa. Eso muestra su interés particular”.

Los niños fueron llevados al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y su madre, Mónica Alejandra Manzo Baschwitz, tuvo la primera audiencia con ellos la mañana del 6 de octubre. “Es muy doloroso. Recurrimos a Alternativas buscando un lugar seguro y lo que sucedió fue muy grave porque yo estaba con los niños. Nunca los he desatendido. Soy buena madre, trabajo para mantenerlos. Lo único que pido es justicia. ¡Que me regresen a mis niños!”

Visiblemente afectada, afirmó que ha sido acosada por Cano Sánchez desde hace más de dos años, cuando decidió separarse: “Me ha maltratado, torturado, amenazado, golpeado, asediado, encarcelado, y ahora me ha arrebatado a los niños. No es justo. ¿Dónde está la ayuda a las mujeres maltratadas que anuncia el gobierno? ¿Dónde esta la seguridad para quienes nos atrevemos finalmente a denunciar al agresor? ¿Dónde están las garantías para nosotras y para nuestros hijos?”