Exhibe injusticia en Ciudad Juárez y Chihuahua OSC entregan informe sobre feminicidio a Parlamento Europeo

Por Lourdes Godínez Leal México DF, 17 oct 08 (CIMAC)

La violencia de género en Ciudad Juárez y Chihuahua, traducida en feminicidio, ha exhibido a nivel internacional la discriminación, una actuación y procuración de justicia deficientes, tortura a detenidos, fabricación de culpables, falta de certeza en los casos, así como hostigamiento y persecución a los defensores de derechos humanos, sostiene en un informe entregado el miércoles pasado al Parlamento Europeo (PE) el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), con sede en Chihuahua.

Luz Esthela Castro, directora del CEDEHM y abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas --quien entre diciembre y enero próximos presentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conjuntamente con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el caso de David Meza, confeso de un feminicidio bajo tortura-- entregó un informe sobre violencia de género en Ciudad Juárez al PE.

Cabe recordar que en octubre de 2007, el PE condenó los asesinatos de mujeres en México y Centroamérica, luego de un proyecto de resolución presentado por el eurodiputado español Raúl Romeva i Rueda, que exhorta a ambos gobiernos a trabajar conjuntamente con la Unión Europea para frenarlos.

Las abogadas del CEDEHM, Alma Gómez Caballero y Castro Rodríguez (ésta última que participa en el Festival de la Libertad, que se realiza del 13 de octubre al 2 de noviembre en Bruselas, Finlandia y Suecia, donde hablará del feminicidio en Ciudad Juárez) elaboraron el informe que consta de 43 cuartillas, para la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional.

EL DOCUMENTO

El documento presentado al PE expone la situación de la violencia de género en la entidad fronteriza con Estados Unidos, la cual, señalan, se ha “proyectado a nivel internacional por los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas” desde 1993.

Pero ésta, dicen, “no es considerada como una violación de derechos humanos y desde luego ni se investigan, ni se juzgan, mucho menos existe la posibilidad de una reparación del daño”.

Y mencionan cómo la violencia y discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados “como naturales” por quienes operan el sistema de justicia, lo que se refleja en la respuesta y tratamiento por parte de los encargados de impartirla.

Denuncian que en los casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres, los Ministerios Públicos tienen la facultad de archivar la carpeta informativa, cuando no aparezcan antecedentes necesarios para esclarecer los hechos, mientras que los policías no ofrecen un trato digno y humano a las víctimas, además de carecer de perspectiva de género.

Por otra parte, enfatizan que existe un desdén de las autoridades hacia este tipo de casos que en su mayoría son desechados. De 12 casos por el delito de violación presentados en el periodo de enero a mayo de 2007 ante un juez de garantía, dice el informe, en diez de ellos los imputados fueron exonerados.

También informan de algunos avances que ha habido como la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para identificar los restos de mujeres no identificadas o de dudosa identificación tanto de Juárez como de Chihuahua.

A la fecha, informan tanto a AI como al PE, se ha logrado la identificación de 26 desaparecidas con restos de mujeres, entre los que destacan los de Minerva Teresa Torres Albeldaño, Miriam Cristina Gallegos Venegas, Rosalba Pizarro Ortega, Neyra Cervantes, Claudia Judith Urías Berthaud y Gloria Irene Tarango Ronquillo.

La participación de los expertos en criminalística forense, Pedro Díaz y Raúl Joffre, quienes se han dado a la tarea de revisar tres casos para hacer un diagnóstico general y están a la espera de integrar seis más y la recuperación de los restos de Ángela Alejandro Ortiz, indígena del estado de Guerrero, cuya hija pudo ser finalmente reintegrada con sus abuelos, son otros logros contenidos en el informe.

EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Castro y Gómez hacen un recuento en su informe de lo que ha sucedido con el tema de la violencia de género en la entidad, a partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal que, enfatizan, ha vulnerado aún más los derechos humanos de las mujeres al privilegiar la conciliación y los acuerdos reparatorios con sus agresores.

El derecho de las mujeres a contar con protección judicial que cuente con adecuadas garantías frente a actos de violencia no es atendida en este nuevo Sistema, dice el informe, aún cuando el Estado está obligado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos.

“Los avances contenidos en la legislación sobre este tema son letra muerta”, no hay refugios del Gobierno que atiendan a las mujeres víctimas de violencia, sólo existen dos en la entidad creados por la sociedad civil que atraviesan por situaciones difíciles financieras para permanecer vigentes, mientras que la Ley estatal de Violencia, que pese a haber sido la primera en aprobarse, a la fecha, no ha contado ni contará con presupuesto para el siguiente año para aterrizarse.

El informe también documenta los casos de violencia de género atendidos por el CEDEHM y las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de violación sexual, en especial de las menores de edad, a quienes pese a contar con el derecho de una interrupción legal del embarazo, se les niega en los servicios de salud estatales.