México de nuevo ante la CIDH

Miguel Concha, La Jornada 21 de Noviembre, 2009

En el marco del 137º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo lugar del 28 de octubre al 13 de noviembre, varias organizaciones civiles mexicanas e internacionales acudieron a Washington para exponer de nueva cuenta casos y temas de preocupación en materia de derechos humanos en el país. Dentro de las funciones de la CIDH está el recibir peticiones individuales que alegan violaciones a las garantías individuales, observar la vigencia de los derechos humanos en los estados miembros, publicar informes especiales sobre la situación en un país en particular, realizar visitas a las naciones con el fin de generar un informe y, en general, estimular la conciencia de los derechos humanos en América, realizando y publicando estudios sobre distintos temas.

En sus periodos ordinarios de sesiones, la CIDH realiza audiencias dos veces al año. En ellas se estudian casos o se analizan temas específicos. En esta ocasión se llevaron a cabo cinco audiencias sobre México. La primera de ellas fue sobre un caso, el de Ricardo Ucán Seca, a quien la falta de intérprete traductor, la ausencia de una defensa adecuada y la discriminación de que fue objeto, le impidieron demostrar que actuó en legítima defensa cuando fue procesado por homicidio en junio del año 2000, y finalmente sentenciado a 22 años de prisión. En dicha audiencia, y gracias al gran trabajo de Indignación, una organización de derechos humanos en Yucatán, el gobierno mexicano ofreció abrir mesas de trabajo para encontrar una solución al caso.

Otra de las audiencias fue la que presentó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyos representantes denunciaron el desinterés del Estado mexicano para revertir el trato discriminatorio, deshumanizante y de explotación que padecen miles de indígenas de la montaña de Guerrero por parte de empresarios agrícolas, resaltando la muerte de niños en labores agroindustriales. Asunto que generó gran interés por parte de los comisionados de la CIDH.

La tercera audiencia, en torno a la situación de violencia institucional en contra de las mujeres en México, fue para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. En ella las agrupaciones participantes de la Red expusieron que el Estado mexicano, al no contar con una política integral que erradique la violencia contra las mujeres, tiene responsabilidad en el aumento de feminicidios en el país. Presentaron además información sobre la violencia que las mujeres sufren en situación de reclusión y en el contexto actual de militarización social, así como sobre el impacto que hoy tienen en los derechos de las mujeres las actuales reformas constitucionales estatales a propósito del aborto, y sobre la ausencia de armonización legislativa con los estándares internacionales en la materia.

Por su parte la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, plantearon en otra audiencia cuatro casos de tortura en contra de civiles y policías, perpetrados este año por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Tijuana, Baja California. Las organizaciones denunciaron el abuso que las autoridades hacen del arraigo, incluso en instalaciones militares, toda vez que propicia violaciones graves a los derechos humanos, como tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias; allanamientos de morada; incomunicación de detenidos; violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica, entre otros. Ello no impidió que siguieran cometiéndose posteriormente aquí, en México, a pesar de que el segundo vicepresidente de la CIDH haya resaltado en la audiencia que el delito de tortura es fácil de encubrir, por lo que es indispensable una actitud proactiva del Estado para investigarlo y esclarecerlo con eficacia, además de una actitud proactiva para prevenirlo, sobre todo cuando hay condiciones, como las denunciadas, que la facilitan. Ni que los familiares de las víctimas hayan dejado de padecer amenazas e intimidaciones posteriores en el país para obligarlas a retirar sus peticiones, no obstante que el artículo 61 del Reglamento de la CIDH obliga al Estado a otorgar garantías a todas las personas que concurran a una de sus audiencias, o le suministren informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter.

La última audiencia sobre México fue con relación a los derechos políticos en el país. En ella se cuestionó el sistema electoral y el distanciamiento entre los partidos políticos y la sociedad. La respuesta del gobierno fue una defensa a ultranza del sistema electoral, sin hacer mención alguna de los fallos que pueda tener. En estos días también la Corte Interamericana de Derechos Humanos delibera y estudia en San José, Costa Rica, la posibilidad de dictar por primera vez sentencia sobre tres casos acumulados de feminicidio en Ciudad Juárez, paradigmáticos por la implicación de agentes del Estado y la cadena de hechos que hacen evidente su responsabilidad en su impunidad, que probablemente sentará jurisprudencia sobre esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Y para la semana próxima se espera también la sentencia de la Corte sobre el famoso caso de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente en un retén militar en el estado de Guerrero, el 25 de agosto de 1974, y posteriormente desaparecido, sin haber esclarecido jamás su paradero, ni haber reparado a sus familiares por los daños producidos por su sensible pérdida.

El Gobierno mexicano es responsable de feminicidios:CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo condenatorio al Gobierno de México por ocho feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. La CIDH responsabiliza a México por la “falta de una investigación adecuada” en torno a ocho de 480 asesinatos de mujeres cometidos desde 1993, estos casos fueron elegidos como muestra de la impunidad y complicidad que se ha dado en las investigaciones. Aunque la condena será hecha pública la próxima semana, los familiares de las víctimas y la abogada Karla Micheel Salas, adelantaron la noticia. Se trata de la primera resolución internacional por estos casos, decisión para la cual no cabe recurso de apelación. Un equipo de abogados españoles y mexicanos, entre quienes se destacan Emilio Ginés (España) y Karla Micheel Salas (México) llevaron los casos ante ese organismo de justicia internacional, tras que se agotaran todas las instancias en México.

Ocho de muchas La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio cabida al caso de ocho mujeres violadas, torturadas, mutiladas y asesinadas en un lugar llamado Campo de Algodón De los ocho cadáveres encontrados, sólo se pudieron identificar tres, el de Esmeralda Herrera Monreal, quien tenía 15 años de edad; el de Claudia Ivette González, de 19, y el de Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17. Estas muchachas fueron asesinadas en el 2001 y sus cuerpos fueron arrojados frente a la sede del Sindicato de Maquiladoras.

La CIDH y México La próxima semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hará oficialmente pública la resolución en la que establece que el Estado mexicano es culpable de falta de prevención de los crímenes pese al pleno conocimiento de un patrón de violencia de género. En el 2007, la CIDH ya había acusado a México de violar derechos a la vida, la honra, la dignidad, la integridad personal, la libertad, la protección y las garantías judiciales de sus ciudadanos. El 27 de abril del 2009, en Bruselas, Bélgica, la presidencia checa de la Unión Europea recibió con satisfacción la noticia de que por los menos ocho de los feminicidios en México estaban en manos la CIDH.

Macabra broma
Lucia Melgar es investigadora en el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, instituto que ha dado un seguimiento multidisciplinario a los feminicidios en Ciudad Juárez. En entrevista a Radio Nederland, la investigadora manifestó su agrado con el fallo, “porque se hace justicia a las familias de las víctimas que han recibido tanta persecución, tantas humillaciones A pesar de la impresionante presencia militar, continúan los asesinatos. Hace tres días, tres cuerpos de mujeres con huellas de tortura y violencia sexual aparecieron tirados en un descampado, y puede que haya una correlación entre esos asesinatos y la sentencia de la Corte. Es muy grave lo que ha hecho el Gobierno mexicano manteniendo tanta impunidad.”

“La Corte Interamericana, además de la condena, exige a México que dé seguimiento a los demás casos. Tal responsabilidad recaerá en la Procuraduría General de la Republica, cuyo titular es, desde fines de septiembre, Arturo Chávez Chávez. Este hecho puede calificarse de broma macabra, pues precisamente Chávez Chávez se desempeñó como procurador de Ciudad Juárez, y en dicha capacidad fue incapaz de dar solución a ninguno de los feminicidios. Como si eso no bastara, cuando el Senado ratificó su cargo, apareció un documento en Ciudad Juárez en el que se afirmó que de los 96 asesinatos cometidos durante su mandato, casi todos habían sido resueltos, lo cual es absolutamente falso,” comenta Lucía Melgar.

Durante la administración de Chávez Chávez se recrudeció la violencia en Chihuahua, no sólo contra las mujeres sino en todos los aspectos. En el caso de las víctimas de Juárez, “se perdieron expedientes”, aumentaron las agresiones a los familiares de las victimas, y muchos abogados fueron asesinados. No se sabe si por negligencia u otra razón, pero los huesos de los cadáveres fueron revueltos. En pocas palabras, si Chávez Chávez debe investigar los feminicidios, significa que continuará la impunidad. A tal respecto, la doctora Melgar agrega que “ni el Procurador General de la República Chávez Chávez ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos van a hacer nada, al igual que en los años anteriores. Por tal razón, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a las ONG’s y a la población en general, para que se informe, participe y exija cuentas. También lo dirigimos a la opinión internacional, pues considero muy importante que esta última presione al Gobierno mexicano para que actúe”

Opera impunemente red de explotación sexual a mujeres en la zona centro

Orizaba, Ver.- La libertad con la que trabaja una presunta red de explotación sexual en la zona centro del estado parece indicar que hay complicidad tanto de las autoridades judiciales como de las municipales e incluso sanitarias. Esta red podría estar vinculada con la desaparición de jóvenes de diversos municipios de la zona, las que son llevadas a otras entidades federativas para someterlas al trabajo sexual.

En la zona centro, revela Jairo Guarneros Sosa, integrante del colectivo feminista Cihuatlahtolli, se ha detectado el arribo de mujeres provenientes de otras partes del país para ser explotadas sexualmente. Tenemos datos aportados por algunas de ellas que indican un sometimiento sexual, bajo amenazas”, según apunta. Explicó que muchas de las mujeres que trabajan en la actividad sexual son “enganchadas” con ofertas económicas tentadoras, “pero nunca les explican que serán explotadas sexualmente”.

Cuando ellas descubren cuál va a ser actividad, de inmediato son sometidas por los enganchadores, quienes además de amenazarlas con golpearlas, les advierten de consecuencias para sus familias. “Están muy bien organizados, no sólo se dedican a la explotación sexual, sino que además investigan a quienes enganchan para poder obligarlas a que sigan trabajando”.

Este grupo de trabajadoras sexuales son incluso transportadas en un vehículo desde el lugar en donde están hospedadas hasta el lugar donde trabajan, posteriormente, por la tarde-noche, regresan por ellas para de nuevo llevarlas a donde viven. No tiene día de descanso, no sabemos si son valoradas médicamente, ni ellas mismas saben cuál es su estado de salud. Ahora bien, el centro de trabajo de este grupo de mujeres, según se conoció, son dos mesones que existen en el centro de la ciudad. Ahí a plena luz del día, las mujeres, sin salir del interior de estos inmuebles, ofrecen sus servicios. Faldas cortas de colores llamativos, blusas sumamente escotadas y zapatos altos son las caracterizaciones que diferencia a estas mujeres del resto de la población que ahí se mueve.

Lo curioso de esto, mencionó, es que están a la vista de todo mundo. “Todos sabemos cómo es que llegaron ahí y la autoridad municipal, la judicial e incluso la sanitaria no hacen nada por regular esta actividad. El pretexto que se interpone es que debe haber denuncia para poder proceder y definir responsables. Pero en caso de proceder, seguramente se va a detener a las mujeres que han sido sometidas y obligadas al trabajado sexual y no a quienes en verdad las obligan a laborar en esas condiciones”.

Todo indica que esa misma red de explotación sexual, asentada en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, aplica la misma técnica. “Por ejemplo, tenemos el caso de una menor de edad, originaria del municipio de Rafael Delgado, ella desapareció de su casa y hasta meses después fue localizada en un municipio de Tlaxcala. Cuando ella fue rescatada a incluso atendida por nosotros, nos reveló que aquí fue enganchada, la llevaron a Tlaxcala. Ahí fue obligada a la explotación sexual. Por fortuna ella pudo escapar, se trasladó a las autoridades en aquel estado quienes contactaron a sus familiares en Rafael Delgado para recuperarla. Actualmente ella está bajo tratamiento psicológico y además tiene la ayuda de nuestra organización. Pero lo sorprendente de este es que de todo este tipo de casos muchas organizaciones sabemos de su existencia y todo indica que las autoridades que están inmersas en su prevención, pues dicen desconocerlo o al menos que también estén implicados”.

Veracruz, el estado 17 que prohíbe el aborto

A dos años y medio de que se legalizó el aborto en el DF, Veracruz se convirtió esta noche en el estado número 17 que se blinda con una ley antiaborto. Antes rechazaron el derecho al aborto en Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis y Sonora y Yucatán. El DF es la única entidad en la que se permite su práctica en las primeras 12 semanas de gestación. El tema se discute actualmente en Aguascalientes y Michoacán.

Para nosostr@s en el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli A.C. , es una noticia terrible que se violente de esta manera los derechos de las mujeres disfrazados de moralidad y buenas costumbres. Esta modificación en el Código Penal Veracruzano echa atrás los avances logrados por varias generaciones de mujeres y hombres que lucharon y lograron mejoras en las legislaciones internacionales y nacionales que amparan sus derechos sexuales y reproductivos.

La única diputada que tuvo cara en el congreso Veracruzano fue Dalia Pérez Castañeda que voto con coherencia a la defensa de los derechos de las mujeres y sin sucumbir a las presiones de su partido. La Alianza PRI-PAN fue aplastante para la aprobación de esta ley. Que vergüenza tener diputados que se alinean a una ultraderecha recalcitrante e hipócrita que auto nombrándose "defensores de la vida" alardear la defensa de un "inocente" antes de la vida de la propia madre y el futuro de ese "inocente".

En el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli A.C, esta situación a pesar de ser un gran retroceso, nos alienta más a seguir trabajando por los derechos de las mujeres, nos indica el grado de deterioro de nuestros gobernantes y nuestras leyes. Qué pena tener este tipo de personas en las cúpulas gobernantes que son ciegos a la realidad mexicana, a los cientos de mujeres que con o sin la bendición se seguirán haciendo un aborto poniendo en riesgo su vida y siendo ahora además señaladas como criminales. Estos diputados y diputadas no tuvieron ningún remordimiento en tirar la Primera piedra.