viernes, mayo 30, 2008

Iniciativa popular para que se legisle en relación al VIH-Sida en Veracruz


El Grupo Multisectorial VIH-Sida de Veracruz y la UV
presentaron una iniciativa popular ante el Congreso
del Estado con el objetivo de que se legisle para
enfrentar la epidemia del VIH-Sida en el territorio
estatal.

Ayer, la investigadora del CIESAS-Golfo, Patricia Ponce Jiménez; la presidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC, Ana María Vera Cid; la integrante del Grupo Multisectorial VIH-Sida de Veracruz, Nicté Lakshmi Aguilar, y otros
representantes de organizaciones sociales, entregaron
la iniciativa popular, acompañada de las 29,510 firmas
que respaldan la propuesta, al presidente de la Junta
de Coordinación Política, Héctor Yunes Landa.

Antes de la entrega de la iniciativa en el Congreso
local, Patricia Ponce Jiménez, Ana María Vera Cid y
Nicté Lakshmi Aguilar reconocieron públicamente el
papel que representó la Universidad Veracruzana, ya
que el rector Raúl Arias Lovillo facilitó que el Grupo
Multisectorial VIH-Sida de Veracruz recolectara las
firmas necesarias para impulsar la iniciativa popular.

“No es que como grupo no lo hubiéramos logrado, pero
nos hubiéramos llevado otros dos o tres años más y
dado el tamaño de la epidemia no son tiempos para
esperar”, precisó Patricia Ponce.

De acuerdo con la ley, el Grupo Multisectorial
VIH-Sida de Veracruz requería 25,656 firmas para
cumplir con uno de los requisitos establecidos para la
presentación de la iniciativa popular, pero finalmente
se obtuvieron 29,510 a lo largo del estado.

Durante la presentación a los medios de comunicación
en la sala de juntas de la rectoría, Raúl Arias
destacó que la universidad se ubica a la vanguardia
nacional al impulsar la iniciativa popular “que surge desde la sociedad civil para impulsar una iniciativa con relación a un tema fundamental como lo es el VIH-Sida”.

El funcionario calificó como “inédito” que la UV se
haya comprometido directamente con la recolección de
las firmas para impulsar la iniciativa.

“Se viene a demostrar una vez más el compromiso social
de una universidad pública como la Universidad
Veracruzana, esto nos vuelve a llenar de orgullo, la
UV está presente en todos los temas que ustedes
conocen, pero en México la primera universidad que se
compromete en el impulso de una iniciativa popular es
la UV”, subrayó.

“A través de esta ley estamos tratando de
responsabilizar a muchas otras instituciones, además
de la secretaría de salud, como la Secretaría de
Educación, la Procuraduría General de Justicia, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría
del Trabajo, y muchas otras que hoy no han puesto sus
manos en el tema del VIH/Sida”, dijo Nickté Aguilar,
pues dijo que la pandemia se debe enfrentar de manea multisectorial.

martes, mayo 20, 2008

NO A LA ZONA DE TOLERANCIA

Organizaciones civiles adherentes a La Otra Campaña y el colectivo feminista "Cihuatlatolli" se unieron al rechazo de grupos y trabajadoras sexuales del valle de Orizaba, a la creación de una zona de tolerancia en la ciudad, por considerar que ésta se convertiría en un "centro de reclutamiento y distribución" de mujeres para los centros de prostitución que operan en el sureste del país.

La oposición al proyecto de crear una zona de tolerancia en el valle de Orizaba obedece a que la región, sobre todo Ixtaczoquitlán y otros municipios vecinos, son conocidos como "exportadores" de mujeres con fines de explotación sexual y porque "son tierra de lenones". Maricruz Jaimes, directora de la Casa de la Mujer y representante del colectivo feminista, acusó que en Orizaba, Veracruz, al igual que en otras zonas del país como La Merced (en la Ciudad de México) operan bandas de lenones que gozan de la protección de autoridades federales, estatales y municipales.

Subrayó que no es casual la pretensión de crear una zona de tolerancia, "porque de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud federal sobre la migración, tres de las cuatro rutas que siguen los indocumentados centroamericanos pasan por el valle de Orizaba. Ahí está la razón por la que las autoridades quieren convertir ese lugar en un centro de maquila y distribución de mujeres para luego explotarlas sexualmente".

Resumió que la instalación de una zona de tolerancia atenta contra las garantías individuales de las personas que se dedican al trabajo sexual en Veracruz.

viernes, mayo 16, 2008

Actualidad: CASO Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Medina

PGR atrae las pesquisas sobre el doble homicidio..... hasta que horas

La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de atracción, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas (FEADP), para investigar el asesinato de las locutoras triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Medina, ejecutadas el 7 de abril en el poblado de San Juan Copala, Oaxaca.

En un comunicado, la dependencia se refirió al hecho sin mencionar que trabajaban en la radio comunitaria La voz que rompe el silencio. Tampoco se informa que se trató de un homicidio, únicamente destacó que indagará los hechos, “pese a no ser un caso del orden federal”.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Oaxaca medidas cautelares en favor de los integrantes de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, para otras los deudos de las víctimas y para dos locutoras de la misma estación que acompañaban a las indígenas el día en que fueron asesinadas.

En un comunicado, la CNDH recordó que por la trascendencia de los hechos y en respuesta a la petición de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, atrajo el caso e inició su investigación al día siguiente de lo ocurrido, y continuará las actuaciones que sean necesarias hasta emitir una resolución.

Agregó que hasta la fecha cuenta con los testimonios de las personas lesionadas, del personal de la radio comunitaria –que emite en San Juan Copala, en la zona de Putla de Guerrero– y de familiares de las agraviadas, y solicitó información sobre los hechos a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad.

Las periodistas Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez (primera y tercera), durante un acto público en su comunidad

Colega de las locutoras triquis asesinadas aspira a continuar su labor periodística

Yanira Vázquez Martínez es una sobreviviente. Ella y sus dos mejores amigas, Teresa Bautista y Felícitas Martínez, que además es su prima, eran las locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, que transmitía desde el municipio autónomo de San Juan Copala, en la zona triqui, Oaxaca. Juntas preparaban el noticiero diario, investigaban y hacían los programas especiales, entrevistaban a todo aquel que cayera en sus redes reporteriles. Eran pioneras, pues nunca había sonado la lengua triqui en las ondas hertzianas.

“Pienso que ellas tenían su futuro en la radio. Yo también”, asegura. Felícitas y Teresa fueron asesinadas el 7 de abril en una emboscada en la carretera, cuando regresaban de Putla hacia su pueblo, Copala. Yanira quiere retomar sus tareas en la pequeña cabina de la radio en cuanto tenga condiciones mínimas de seguridad para regresar a la comunidad.

Vibra con el tema del periodismo. “Los que hacíamos La voz que rompe el silencio éramos tres chavas y dos chavos, de entre 20 y 23 años. Nosotros nacimos con el problema en la zona triqui. Como jóvenes no estamos de acuerdo con la violencia y las venganzas. En nuestros programas lo decíamos: que haya reconciliación. Yo tengo la esperanza de que también nos escuchen los jóvenes del otro lado, del Movimiento Unificado de Lucha Triqui. Sólo así puede terminar este problema”.

El programa favorito de las muchachas asesinadas era el de los derechos de las mujeres. “Pienso que era muy importante. Estábamos muy orgullosas. Muchas señoras del pueblo nos comentaban que les gustaba, sobre todo porque ayudaba a sus hijas a entender que como mujeres tienen derechos”.

De entrada, la procuraduría de justicia de Oaxaca descartó como línea de investigación que el ataque contra las comunicadoras ocurriera por su papel de locutoras. Las considera simplemente “empleadas” de una radioemisora. El Ministerio Público local desacredita su pertenencia al gremio periodístico y sólo contempla dos vertientes en la averiguación previa: su pertenencia a una organización social, la Ubisort, y “la presencia de las féminas lejos de su comunidad de origen”.

Pese al empeño del gobierno de Ulises Ruiz por minimizar la función de las jóvenes en la radio, Felícitas y Teresa recibieron ayer, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de orientación a la comunidad.

Testigo silencioso de la premiación fue la abuela de Felícitas y de Yanira, Gregoria Agustina. Sólo tuvo dos dudas cuando tomó la determinación más arriesgada de su vida: salir por primera vez de su sierra y viajar hasta la capital. ¿Quién iba a cuidar a sus nietos más pequeños, y quién iba a cuidar de la olla con frijoles y nopalitos que puso sobre el fogón? A los nietos se los trajo a México. Apagó el fogón. Y vino al Distrito Federal. De premios y periodismo Gregoria Agustina, de 76 años, no entiende nada, pero sí de lo que su corazón le exige: clamar porque se haga justicia. “¿Usted qué puede hacer para que haya justicia?”, pregunta a sus entrevistadores, una y otra vez.

Los padres de las jóvenes asesinadas no vinieron. El papá de Felícitas, Tiburcio Martínez, y la mamá de Teresa, Paulina Merino, han evitado dar la cara. Primero denunciaron que habían recibido amenazas. Poco después el gobernador Ulises Ruiz los llevó a Oaxaca, se tomó la foto con ellos y les dio apoyos económicos.

Pero los arreglos de los padres no alcanzaron a la abuela Gregoria, quien desde la muerte de su hija, la madre de Felícitas, se había hecho cargo de los nietos. Sin hablar una palabra de español, fue ella quien aceptó dar su testimonio a los periodistas locales en Copala. Y ahora jaló a la capital con Laura, de 14 años, Aniceto de 12 y el pequeño Hernán, de 8, para insistir, desde aquí, en su única palabra: justicia. Y en representación de Teresa, en ausencia de su madre, vino su prima Gregoria.

Jorge Albino y Macario García, autoridades del ayuntamiento autónomo, las acompañan: “Si no fuera porque pertenecían a la radio, hubieran sido dos muertas más del montón, dos más a las que se les da carpetazo sin hacerles justicia jamás”, señala Jorge Albino, coordinador del proyecto radiofónico.

Por delitos contra la salud, 70% de las mujeres encarceladas en el país

Cerca de 70 por ciento de las mujeres que se encuentran recluidas en las cárceles del país fueron juzgadas por delitos contra la salud, informó Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quien precisó que la mayoría de quienes se han involucrado en actividades de narcotráfico lo hicieron por lazos afectivos, lo cual incluso las ha motivado a asumir culpas ante la ley o intentar introducir droga a los reclusorios para sus esposos, parejas o hijos.

En un desayuno ofrecido con motivo de la presentación del programa Proigualdad, la funcionaria también criticó el hecho de que los jueces determinen penas mucho más severas para las mujeres que para los hombres en torno a la comisión de delitos similares.

Señaló que el Inmujeres está creando un fideicomiso para pagar fianzas de reclusas sin recursos económicos y de esa manera sacar a las inocentes de las cárceles, debido a que muchas delinquen por conservar y reforzar sus lazos afectivos con parejas, esposos o hijos que se dedican a esas actividades, y porque ante la mayor rudeza con que son juzgadas, sólo 5 por ciento de las que cometen un delito y son encarceladas reincide, “lo cual demuestra que aprendieron la lección”.

Liliana Rojero Luévano, secretaria ejecutiva del Inmujeres comentó también que en los últimos años se ha dado una nueva tendencia en el narcomenudeo, pues a esta actividad se han integrado no sólo más mujeres jóvenes, sino también de la tercera edad, las cuales ven en este comercio la posibilidad de subsanar su precariedad financiera, debido a que, por lo general, no tienen acceso a empleo.

Asimismo, resaltó que la mayoría de las que están en los reclusorios asumieron la responsabilidad de sus parejas o sus hijos, ya que se culpan cuando a ellos se les encuentra con droga.

García Gaytán reconoció que las mujeres ligadas a la vida de narcotraficantes o de personas que se dedican a la delincuencia organizada experimentan violencia, especialmente la relacionada con la inestabilidad en la residencia, porque “tienen que andar como chapulines, cambiando de casas y de ciudades; ha de ser una vida muy pesada”, consideró.

miércoles, mayo 07, 2008

Comando asesina a la jefa policial de Delitos Sexuales de Ciudad Juárez

"Le dispararon varias ocasiones en la cochera" de su casa con rifles AK-47, señaló la procuraduría estatal. Sólo en este año han sido asesinadas 24 mujeres en la localidad chihuahuense.

AFP
Publicado: 06/05/2008 La Jornada

Ciudad Juárez. La comandante policial de Delitos Sexuales de esta ciudad, Berenice García Corral, fue ejecutada en su casa ayer lunes por un comando armado.

Según los informes de la Subprocuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, los agresores irrumpieron en la casa de García Corral, de 32 años, y "le dispararon en varias ocasiones en la cochera con rifles AK 47".

El organismo señaló que la identificación de García Corral, quien llevaba mas de 10 años en la policía, "la hicieron en el lugar del crimen los mismos familiares que reconocieron el cuerpo que estaba tirado en la cochera".

El homicidio de la oficial policial se suman a otros 13 asesinatos reportados el fin de semana en el turbulento estado de Chihuahua.

Esta comandante era una de las jefas más importantes dentro de la Agencia Estatal de Investigaciones debido a que la mayoría de los mandos han sido ejecutados este año.

Unos 14 agentes policiales fueron asesinados en Ciudad Juárez en lo que va del año como parte de la pugna entre bandas de narcotraficantes por el control del mercado, pese a que el gobierno federal desplegó una fuerza adicional de 2 mil 500 militares en marzo debido a una fuerte escalada de la violencia.

También, en el transcurso de este año, un total de 24 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, donde desde la década pasada se registran cientos de feminicidios.

lunes, mayo 05, 2008

En el gobierno foxista cayó el acceso a métodos anticonceptivos

En México, adolescentes y jóvenes cuentan con menos información y acceso a métodos anticonceptivos que en el año 2000.

Al comienzo del sexenio foxista la demanda insatisfecha de esos productos y servicios era de una de cada cuatro mujeres de 15 a 19 años unida, es decir, viviendo en pareja, y al cierre de 2006 –último dato oficial disponible– el rezago es de una de cada tres, o sea, alrededor de 36 por ciento de ese sector de la población.

“Se trata de un dato muy alarmante, que da cuenta de que entre adolescentes y jóvenes nuestros esfuerzos han sido limitados. Es necesario elevar el acceso a la información y mejorar los servicios de educación sexual que se imparten en las escuelas”, aseveró Elena Zúñiga, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo).

La funcionaria fue nombrada en días pasados presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Pese a las resistencias de grupos conservadores, uno de sus principales objetivos será promover entre los gobiernos el compromiso de brindar servicios e información necesarios a los jóvenes en materia de salud reproductiva y, sobre todo, que las mujeres sean atendidas sin discriminación.

–¿Hay discriminación hacia ese sector de la población por el personal médico?

–Los factores son variados, pero necesitamos vigorizar los servicios para que todo servidor público atienda adecuadamente a la población adolescente y joven en el ámbito de la salud reproductiva.

“Respecto de los embarazos en adolescentes, si bien el índice ha bajado en años recientes, no ha cambiado la edad en que se inicia la maternidad y está aumentando el embarazo prematrimonial, el cual tiene que ver con falta de planeación e información.”

En la población indígena ha sido reducida la demanda insatisfecha en algunas áreas (de 25 a 22 por ciento), pero el nivel continúa alto. La mortalidad materna está intrínsecamente relacionada con la planeación y la edad en que ocurre el primer embarazo.

Cabe señalar que, a escala internacional, el aborto no se acepta como método de planificación familiar. Lo que se admite es que cada nación es libre de conducir el tema conforme a sus leyes y marco cultural, pero se recomienda que en los casos en que se permita la interrupción inducida del embarazo –por diversas causas– se garanticen servicios de salud adecuados y seguros.

En México, expresó Zúñiga, ha disminuido significativamente el aborto gracias a los programas de planificación familiar. Entre 1974 y 2006 la incidencia bajó notablemente, con tasas de 100 mil al año, comparadas con los 2 millones de nacimientos, según datos oficiales.

“Es salud pública, y así lo reconoce la política de población. Es necesario evitar por todos los medios que las mujeres pasen por esa situación. En ese sentido, la sociedad misma necesita expresar si necesita discutir el tema”, agregó.

La Ley General de Población establece la política en la materia. Además existe un Programa Nacional de Población, en el cual se plantea “abatir las profundas desigualdades” existentes en nuestro país en materia de salud reproductiva.

“Nuestro gran reto es darle un empujón para abatir las desigualdades”, declaró Zúñiga.

En entrevista, aseveró que por vez primera las metas del Programa Nacional de Población están vinculadas con la disminución de la desigualdad más que con alcanzar metas demográficas, es decir, orientadas a disminuir la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos entre la población rural e indígena.

La responsabilidad

La Comisión de Población y Desarrollo está integrada por 48 países. México ha sido parte de ese grupo de trabajo desde 1994 y ahora asume la presidencia, “lo cual nos da la responsabilidad de conducir este periodo de análisis y recomendaciones en los próximos cinco años”, señaló la funcionaria mexicana.

La ONU tiene comisiones temáticas que se encargan de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos internacionales en diferentes temas: población y desarrollo, y sustentabilidad y equidad de género, relevantes para la comunidad mundial.

Los pactos internacionales más recientes en población y desarrollo se incluyeron en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, donde participaron más de 180 naciones).

Los principales temas de ese programa tienen el objetivo de alcanzar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, lo cual implica abatir las enormes desigualdades en materia de acceso a planificación familiar, acceso a servicios de salud materna, reducir la mortalidad y dar servicios de salud apropiados para reducir la mortalidad perinatal e infantil.

Además, crear un sistema que permita a las mujeres atenderse cuando tengan problemas de fertilidad. Ello implica que las personas comprendan su sexualidad, que sean capaces de prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. De igual forma, que sean capaces de criar hijos sanos.

A raíz de esa conferencia, los representantes acordaron dar seguimiento anual a dichos temas y de manera integral cada cinco años.

En 2009 se celebrará el 15 aniversario del comienzo de ese programa. Es el punto que marca “el último jalón”, porque las metas del programa de acción de El Cairo han sido fijadas para 2015.

“De aquí a esa fecha se delineará qué recomendamos a las naciones para alcanzar las metas y evaluar los avances para dar más posibilidades de desarrollo a nuestras naciones”, concluyó.

domingo, mayo 04, 2008

2ndo aniversario de la represión al FPDT: La impunidad sigue presente

A dos años de las violaciones de los derechos humanos en San Salvador Atenco (3 y 4 de mayo de 2006) por policías, “la constante ha sido la impunidad”, pues a la fecha no han sido castigados “de manera contundente” los responsables materiales e intelectuales de las agresiones, coincidieron víctimas, líderes del movimiento, organizaciones civiles y abogados de los detenidos.

Los saldos de esos hechos son: las muertes de Francisco Cortés Santiago, de 14 años, tras recibir un balazo calibre 38, usado por los uniformados, y de Alexis Benhumea, universitario herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno de la PFP, lo que lo tuvo más de un mes hospitalizado, falleciendo el 7 de junio de 2006.

También decenas de torturados y al menos 26 mujeres violadas y agredidas sexualmente –de las 47 detenidas– como acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 207 detenidos, entre ellos cinco extranjeros que fueron expulsados del país.

Varias personas viven una especie de exilio, porque existen órdenes de aprehensión en su contra. Leonel Rivero, abogado del FPDT, informó que es el caso de Adán Espinoza, Bernardino Cruz y Jorge Flores, acusados de secuestro, robo y privación de la libertad, quienes están a la espera de que se resuelva un amparo para evitar su detención. En tanto que para América del Valle, hija del líder del FPDT, el panorama no es alentador pues se agotaron los recursos legales para evitar su aprehensión al negársele un amparo y la revisión de éste.

De las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) contra los 29 detenidos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, se han diluido en los dos años transcurridos, pues la mayoría de los consignados ha demostrado su inocencia.

La PGJEM consignó los expedientes de los 29 detenidos al juez segundo penal de Toluca, quien días más tarde decretó la libertad para todos por delincuencia organizada, pero resolvió enjuiciar a 23 por secuestro y a 17 por ataques a las vías de comunicación. Cuatro más recuperaron su libertad de inmediato por no estar implicados. Cinco fueron deportadas por ser extranjeros y 11 remitidos a la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, donde permanecieron menos de dos meses.

ACTUALMENTE: Permanecen pres@s 16 hombres y mujeres : 12 esperan sentencia por secuestro equiparado (Patricia Romero Hernández, Juan Carlos Estrada Cruces, Román Ordóñez, Jorge Ordóñez, Alejandro Pilón Zacate, Narciso rellano, Raúl Romero, Arturo Sánchez Romero, Inés Rodolfo Cuellar, Edgar Eduardo Morales Reyes, Julio Cesar Espinosa Ramos, Oscar Hernández Pacheco en el penal de Molino de Flores, Texcoco), 1 por ataques a las vías de comunicación y los otros tres (Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo; penal de máxima seguridad del Altiplano) sentenciados a 67 años y medio de prisión por hechos distintos a los ocurridos el 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco ( el secuestro por hechos ocurridos en febrero y abril de 2006). De estos últimos aún está pendiente la resolución por los acontecimientos de mayo 06. También están presos dos floristas de Texcoco detenidos el 3 de mayo de 2006, a quienes se imputaron portación de arma prohibida (machetes) y ultrajes, delitos no graves que alcanzan fianza. La PGJEM y el juez consideraron que ambos son “un peligro social”, por lo que enfrentan su proceso encarcelados.

Quienes perpetraron los abusos y “torturas”, delito considerado de lesa humanidad por organismos internacionales , no han sido sancionados. La justicia mexiquense inició proceso penal sólo contra 21 policías –de más de 2 mil que participaron en el operativo– por delitos no graves; 15 ya fueron exonerados, a cinco se les procesa por abuso de autoridad y están en libertad bajo fianza; mientras el pasado viernes fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión por actos libidinosos el agente Doroteo Blas Marcelo; sin embargo, al no ser delito grave se le fijó una fianza de 8 mil 427 pesos para obtener su libertad.

Justicia por los hechos de Atenco!!!

Amnistía Internacional (AI) sección México demandó el miércoles al procurador general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, que demuestre su compromiso de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de acceso a la justicia y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para ello es necesario que apoye a la fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra), para que concluya la investigación y proceda contra los responsables del ultraje a 26 mujeres de San Salvador Atenco hace dos años.

El director ejecutivo de AI sección México, Alberto Herrera, entregó en la PGR una misiva al titular de esa dependencia, en la que le recuerda que hace dos años en San Salvador Atenco, estado de México, fueron detenidas 47 mujeres, las cuales –en su mayoría– fueron sometidas a tortura y otras formas de maltrato:

“Al menos 26 de ellas fueron víctimas de violencia sexual, ultrajes y humillaciones sexuales. Bajo estándares internacionales de derechos humanos, este tipo de actos a manos de agentes del Estado implica una forma grave de tortura.”