El combate de la trata de personas esta rezagado

Viernes 27 de febrero de 2009 , nota El Universal
Evangelina Hernández evangelina.hernandez@eluniversal.com.mx

Los “enganchadores” ubican a las jovencitas más atractivas en centrales camioneras, estaciones del Metro o a través de internet. Saben aprovecharse de las condiciones de pobreza y exclusión en las que viven muchas de ellas, por lo que comienzan el engaño ofreciéndoles trabajo, una relación sentimental o nuevas oportunidades de vida. Sólo es cuestión de tiempo para que varias terminen siendo explotadas sexualmente.Aunque a finales de 2007 entró en vigor la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, expertos advierten que faltan muchos puntos por cumplirse para combatir el problema. La ONU ha señalado incluso negligencia oficial. La incapacidad institucional para tipificar el delito ha impedido, a niveles federal y local, que miembros de redes criminales sean procesados y condenados. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (de la PGR) investiga sólo aquellos casos en los que esté implicado el crimen organizado; se traslade a las víctimas a otro país, o haya participación de servidores públicos.

El país carece de un diagnóstico integral sobre el alcance, víctimas y costos sociales de la trata de personas; sin embargo, testimonios recogidos por la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL aportan indicios.

Trata de personas ´moderniza´ la esclavitud
Promesas de trabajo, dinero y nuevas oportunidades de vida contribuyen a que millones de niñas y mujeres pobres de México sean presa fácil de “enganchadores”, quienes las convierten en seguras “esclavas sexuales”. La incapacidad para sancionar este delito ha impedido salvaguardar a las víctimas y que los miembros de estas redes sean procesados y condenados

No le tengo miedo, pero mi mamá sí, desde que sabe que es lenón. Hace tres meses terminamos y todavía me manda mensajes; ahora que sabe que no tengo trabajo, me dice: ‘Aquí tienes la papa asegurada, nomás me avisas y luego, luego te ponemos a chambear’.” Es Juana, de 18 años, refiriéndose a Pepe, un enganchador al que conoció hace un año en Tlaxcala y le propuso matrimonio. Su historia ilustra cómo suele comenzar un caso de trata de personas —considerada un fenómeno de “esclavitud moderna”.

El tráfico, con su ruido incesante, invade su modesta casa, en Tenancingo (Tlaxcala). Señalando hacia la carretera, Juana dice: “Por esa salida se llevan cada fin de semana a las chavas que lograron convencer; las traen de Poza Rica (Veracruz). Pepe tiene (de forma permanente) como seis y dice que ‘su mercancía’ le ha dado para comprar su casa, que está bien grande”. La madre de Juana se enteró por una amiga de que Pepe —o quien dice llamarse así— se dedica a la trata de personas con fines de explotación sexual, de modo que “hablé con los padres, que bien saben en qué anda metido el muchacho. Me prometieron que ya no iba a buscar a Juana y creo que lo han cumplido, pero les tengo miedo... si el gobierno no hace nada por detenerlos, menos nosotros”. No se equivoca.

La negligencia oficial y la falta de reconocimiento del crimen que representa la trata de personas socavan la lucha global contra este ilícito en aumento constante, acusa el Informe Mundial sobre Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dado a conocer el 2 de febrero, y el cual precisa también que 79% de los casos está relacionado con explotación sexual, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 20 mil niños y niñas son esclavizados en explotación sexual.

Ante tal escenario, ayer y hoy se realiza en Villahermosa el Seminario Internacional “Mejores prácticas para combatir la trata de personas”, que busca involucrar a la sociedad civil y a la iniciativa privada en la lucha contra éste, que es el segundo negocio criminal más rentable del mundo —después del narcotráfico—, de acuerdo con el FBI.

“Mi hija pasaba horas en internet...”

No existe en nuestro país un diagnóstico integral de la trata de personas (alcance criminal, número de víctimas, costos sociales y personales), pero los testimonios de víctimas o sus familias aportan indicios. La Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL entrevistó a la madre de una niña oaxaqueña de 14 años —desaparecida en la zona del istmo de Tehuantepec el 2 de enero pasado—, quien relató que “mi hija se pasaba horas en internet, donde tenía muchos amigos y hasta novios. Sé que recibió un correo electrónico en el que la invitaban a venir al DF. Ella comentó a su prima, que fue la última persona con la que habló, que venía (al Distrito Federal) a encontrarse con su destino”. Después sólo se han conseguido ciertos rastros, como el de que la niña viajó de Tierra Blanca (Veracruz) a la ciudad de México en un camión de la línea Autobuses Unidos, lo cual se sabe a partir de versiones recogidas entre los operadores de aquella unidad y una vendedora de boletos. Con la experiencia de quien ha hecho todo a su alcance para encontrar a su hija, esta mujer conoció diversos casos semejantes en la zona del istmo de Tehuantepec (Oaxaca). En particular, refiere los de otros dos menores que fueron contactados a través de la red y llevados con engaños a otras ciudades del país en autobús; en uno de estos casos la menor fue localizada por sus familiares en una casa de seguridad de tratantes de personas en la ciudad fronteriza de Reynosa (Tamaulipas).

“Les rompen su voluntad y dignidad”

Casos como los de esta niña de 14 años, en Oaxaca, y Juana, en Tlaxcala, muestran algunas modalidades operativas de la delincuencia organizada. Activistas del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local informan que han documentado la existencia de redes de trata de mujeres, principalmente en Tenancigo, donde puede observarse que enganchan a las mujeres con promesas de trabajo, dinero y nuevas oportunidades de vida, aparte del fenómeno del control social basado en la intimidación, lo cual es negado sistemáticamente por las autoridades municipales y estatales. Esas redes aprovechan las condiciones de pobreza y exclusión en la que viven millones de niñas y mujeres en México, opina Mario Luis Fuentes, director general del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). “Además, quienes las enganchan tienen grandes habilidades; son estos jóvenes que merodean las centrales camioneras, (las estaciones) del Metro, cazando a las niñas que se ven atractivas. Se les acercan con ofertas de romance y una vez que hay el primer contacto, hay una enorme habilidad para romperles su voluntad y su dignidad, con lo que las convierten en esclavas; viene esta ruptura total de la personalidad donde la víctima asume la situación como una parte de su destino y las posibilidades de reintegrar a las que escapan son mínimas.”

En todo esto tiene que ver igualmente la complicidad e incompetencia de servidores públicos. En su informe sobre trata de personas 2008, el Departamento de Estado de Estados Unidos define a México como país de origen, tránsito y destino de personas sujetas a trata y considera que las autoridades no están atacando el delito, además de advertir que la corrupción, especialmente de personal de procuración de justicia a nivel local y del Instituto Nacional de Migración, es ya una preocupación seria, pues no sólo algunos aceptan sobornos, sino que desalientan la denuncia o ignoran que la prostitución infantil en burdeles y otros sitios de comercio sexual es un síntoma de la industria criminal de trata de personas.

México, parálisis institucional

En 2003, el gobierno mexicano ratificó el Protocolo de Palermo, primer instrumento internacional que definió la trata de personas, pero su primera legislación especializada en la materia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, entró en vigor hasta noviembre de 2007. Y no es el único retraso: 15 meses después, el presidente Felipe Calderón no ha emitido el reglamento para la atención integral a las víctimas. Sadot Sánchez, director del Programa de Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coincide con especialistas en que la trata de personas es “esclavitud moderna”, y califica como “omisión grave del Ejecutivo Federal” la ausencia de reglamento, pues impide que “las víctimas tengan protección, apoyo y asistencia”. Si bien para perseguir el delito no hace falta reglamento, añade, “en donde sí es necesario y la ley está atada es en la prevención; no se ha creado la instancia que habrá de aplicar las medidas preventivas”, de modo que “la legislación queda como una muy buena intención, pero no sirve de herramienta para salvaguardar los derechos de las víctimas”.

El Artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas impone la creación de una Comisión Intersecretarial integrada por los titulares de 10 instituciones del gobierno federal —incluidos los de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Educación, así como el de la PGR—, además de representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los institutos nacionales de las mujeres, de Migración y de Ciencias Penales, y el Consejo Nacional de Población; también se considera la participación de las organizaciones civiles. Hasta ahora, esa Comisión Intersecretarial no existe, como tampoco el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, mismo que legalmente debe ser formulado por aquella.

Policías, fiscales y jueces, ni idea

El informe citado del Departamento de Estado de EU enfoca uno de los problemas clave para que la ley no se aplique, además de la ausencia del reglamento. De noviembre de 2007 a junio de 2008, precisa, se informó del arresto de apenas siete sospechosos de explotación sexual, pero no se reportaron sentencias ni penas por el delito de trata de personas. Tampoco “hubo esfuerzos por investigar o procesar crímenes de explotación laboral, a pesar de las denuncias sobre mexicanos, centroamericanos y otros ciudadanos extranjeros que son sujetos a este tipo de abusos”. Y agrega que son indispensables mayores esfuerzos para procesar y castigar a los culpables, así como ampliar la capacitación a jueces, Ministerios Públicos y agentes ministeriales, para que el gobierno mexicano pueda cumplir lo establecido por la ley.

Anónimamente, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal aceptaron referir un caso que les ocupó varios meses y al final les produjo frustración. Tras identificar la casa de seguridad de una red de trata de personas en Puebla, iniciaron una investigación que incluyó acciones infiltradas y desembocó en un cateo, en enero pasado. Los detenidos fueron puestos a disposición del MP, que determinó que no había evidencias suficientes para procesarlos por trata de personas —considerado delito grave—, optando por el de lenocinio —delito no grave—. A su vez, las víctimas se negaron a presentar denuncia asegurando que trabajaban ahí de manera voluntaria.

Esta incapacidad institucional para tipificar el delito ha impedido, a niveles federal y local, que miembros de redes criminales sean procesados y condenados. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (de la PGR) investiga sólo aquellos casos en los que esté implicado el crimen organizado; se traslade a las víctimas a otro país, o haya participación de servidores públicos. Todo lo demás queda en el ámbito local, donde según Mario Luis Fuentes, director general de CEIDAS, aunque los gobiernos estatales reformaron sus códigos penales para tipificar de distinta manera el delito “falta la capacitación de los MP y jueces para que sean sensibles a la problemática de las víctimas”; Aparte, dice, los policías están atrapados en esta cultura permisiva que no considera la explotación sexual como delito, que la ve como algo de la cotidianidad, del paisaje urbano.

25 de febrero del 2009, 2 años del asesinato de Ernestina Ascencio

Alemania despide a su más ilustre y combativa prostituta: Domenica Niehoff

Domenica Niehoff,de 63 años, encabezó la lucha por los derechos de sus compañeras

Domenica Niehoff: 120 de pecho. Y le encantaba enseñarlos. Aquellos escotes, más que generosos, eran altruistas, dadivosos; pura dinamita en las fotos. Era la prostituta más famosa de Alemania y hace unos días murió en un hospital de Hamburgo, la ciudad donde hace 20 años acarició el esplendor. "Lo he tenido todo. Hombres de todo tipo. Los que se quejaban, los que rogaban, los que exigían, los malos. Educados, dulces, ricos, pobres, jóvenes y viejos. No sé qué falta en la lista", declaró hace un año, en una de las últimas entrevistas que concedió. Tenía 63 años. Sus enormes senos vuelven a salir en todas partes, quizá por última vez.
En su historia hay sexo a raudales, pero también hay robos, suicidios, pistolas humeantes, un padre maltratador. Era una niña cuando su madre escapó de los abusos de su marido, y sin recursos ni estudios, desesperada, se dedicó a perpetrar pequeños robos; al poco tiempo ya estaba en la cárcel, y Domenica, con su hermano, en un orfanato católico. Unos años más tarde, a los 17, tuvo el primer contacto con el mundo que la haría famosa. Conoció al due-
ño de un burdel. Se enamoró. Se casó. Diez años de matrimonio. Hasta que un día el marido se pegó un tiro en la cabeza. Ella estaba delante. Mi primer marido se disparó en mi presencia --recordó, años más tarde--. Eso me convirtió en una persona sin techo, alguien que quería hacer dinero de forma rápida. Todavía espero el dinero, y todavía no llega".

MENSAJE CON PINTALABIOS
La mayor parte de los alemanes nacidos entre los años 60 y 70 recuerdan la (difícil de olvidar) portada del (fácil de olvidar) sencillo Bum Bum. El grupo Trio, poco conocido fuera de Alemania, obtuvo un notorio éxito en 1982 con la canción Da, da, da, y un año más tarde sus integrantes intentaron repetir la fórmula: Bum Bum. La que hacía inolvidable la portada era Domenica Niehoff. Y en concreto sus pechos: allí estaban, en toda su exuberancia, rebosando un frágil escote blanco, cada uno de esos gigantes decorado con un Bum que había trazado la punta de un pintalabios. La portada, en virtud de las normas de protección de la juventud, estuvo a punto de ser censurada, lo que, por supuesto, aumentó su popularidad. Para entonces Niehoff ya era sobradamente conocida. Después del suicidio de su marido había salido a hacer la calle; había obtenido un sitio en el Palais d'Amour, un vasto burdel del barrio rojo de Hamburgo en cuya sede sobreviven ahora estrafalarios locales de porno barato; y había, finalmente, levantado su pequeño imperio, su local propio, un lugar donde imperaban sus reglas y donde con los años se convirtió en una dómina de referencia. Era famosa, sí, pero no era aún la prostituta más famosa, aquella cuya muerte haría correr la tinta. Eso no lo logró con el látigo. Lo logró con la boca.

ESTRELLA DE TELEVISIÓN
Su boca, ese instrumento que probablemente se había revelado ya como un arma en el Palais d'Amour, fue transformándose en la más fecunda fuente de reivindicaciones del mundo de las prostitutas alemanas. Si la muerte de Niehoff es noticia, no es tanto por su fama como prostituta --no sería la primera-- ni por sus senos descomunales --de esos hay muchos--, sino por la batalla que a comienzos de los 80 empezó a librar a favor de legalizar la prostitución. Su presencia en los platós de televisión se volvió habitual. La quería el público, la querían las cámaras, las prostitutas. El tema estaba en la calle, y con eso había logrado algo. Mucho. "He logrado que se hable de la prostitución --dijo--, que las chicas se atrevan a decir: he estado en este mundo, pero ahora quiero dejarlo".
El personaje en que se convirtió Domenica Niehoff tuvo un largo --y muy divertido, según confesó una vez--, coqueteo con el mundo de los artistas. Le gustaba. Lo disfrutaba. Actuó en un par de películas. Hay un documental sobre su vida, firmado por Peter Kern, y un álbum que nueve dibujantes de cómic le dedicaron en 1993. El escritor Wolf Wondratschek le dedicó un poema. La prostituta más famosa de Alemania dejó el oficio en 1990, y desde entonces trabajó en proyectos sociales a favor de sus compañeras. Y en 1997 paró. Y dijo lo siguiente: "No aguanto más. Más de media docena de chicas se me han muerto por sobredosis y sida, y otra fue asesinada. Se aguanta con 35, pero no con 52".

Nota de: MAURICIO BERNAL

La zona triqui: un lugar funesto

SARA LOBERA

MÉXICO, D.F., 19 de febrero (apro).- En la zona Triqui de Oaxaca, se vive un estado de violencia insoportable. Los hechos, los datos, los relatos y la historia de vida de las mujeres indígenas, nos hacen imaginar que eso no es posible en un estado de derecho y podríamos pensar que no existe sino que se trata de una novela macabra. Esto ocurre en el siglo XXI, de plena globalización; en el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, cuando concluyó el siglo calificado de las mujeres y en el que se nombran con cinismo incontrastable, todos los derechos de las mujeres, época donde se habla de restitución de la deuda histórica con los habitantes de los pueblos originales.

A pesar de la tecnología de los instrumentos de comunicación de masas, las triquis están borradas, invisibles, negadas. Nada sucede. Ninguna autoridad acude, resuelve, investiga o intenta hacer justicia. Es increíble, por duro y cierto. Sólo en los primeros 11 meses de 2008, de acuerdo con la "cifra oficial" del procurador del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, 55 mujeres fueron asesinadas en Oaxaca, 11 de ellas triquis; aunque las hay humilladas sexualmente agredidas y otras desaparecidas. Ello a pesar de un documental de cientos de cuartillas escritas por la periodista Soledad Jarquín, y las denuncias sustentadas de organismos civiles de mujeres y de Derechos Humanos.

El fin de semana leí en los ojos de Emelia Ortiz, una narración funesta: cansancio y desencanto. "No hay justicia", nos dijo el pasado 14 de febrero, año y medio después en que ella, su tía y las mujeres de las comunidades triquis han tocado todas las puertas, todas, para que se investigue la desaparición de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez sucedida el sábado 5 de julio de 2007. Es curioso, fue Emelia, prima de Daniela y Virginia, habitante en la ciudad de Oaxaca de la casa de estudiantes triquis, quien quiso celebrar lo que llamó fecha oficial de la amistad, para atisbar su esperanza. Mientras departía, y nos convidaba de una comida tradicional de su pueblo, una forma de explicarse la solidaridad de mujeres mestizas que están unidas a la búsqueda de sus primas, esta joven, tierna, sensible e inteligente, narraba cómo, desde que nació, vive en un contexto de violencia, que sólo se explica por la encarnizada lucha de un poder que ella, nos dijo, no entiende. Estaban otras mujeres. Esta vez no llegó Antonia, la madre de las dos jovencitas desparecidas, porque en la región siguen, como es cotidiano, balaceras, amenazas y persecuciones.

Por eso, Antonia Cruz Ramírez no pudo viajar al festejo que, con todo, es una manifestación de vida. Vi en los ojos de Emelia, a pesar de todo, la ilusión de que alguna autoridad investigue, también su deseo de que haya algún resultado a las notas periodísticas, a las quejas interpuestas, sobre los hechos, los datos, los relatos, la tremenda realidad que su generación y la de su tía, experimentan. Lo que advertí, fue simplemente abominable. Como lo es el asesinato contra mujeres cotidiano. El de Ciudad Juárez, el de Michoacán o el de Chimalhuacán, Estado de México, hasta ahora irresolubles por un sistema de justicia inoperante, plagado de corrupción, calificado de inaceptable por los organismos internacionales de Derechos Humanos.

En la zona Triqui la desgracia de las mujeres se acumula. Desde 1979, en que entró el ejército y la comunidad se dividió por razones poco claras, los hombres de la misma tierra se enfrentan sistemáticamente. Las autoridades aducen hoy, casi 30 años después, que por eso no pueden investigar ni perseguir a los delincuentes. En realidad, se trata de la falta de políticas para encontrar puntos de acuerdo entre los pueblos enfrentados, originando que las pugnas continúen inopinadamente. Como continúan las violaciones sexuales a las mujeres, emigraciones forzadas y asesinatos, como los de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de Radio Copala, en abril de 2008. Las mujeres recuerdan, anotan, han vivido todo: pérdidas materiales, la quema de sus viviendas, el robo de ganado y sus cosechas miserables, despojos, actos de tortura, secuestro y asesinatos de líderes y personas que simpatizaban con tal o cual grupo.

La lista de agravios es muy larga. No puede relatarse en este texto, Emelia Ortiz los conoce, los ha vivido y contado, lo mismo de los hombres enfrentados, como de integrantes del ejército, a cada agravio se han levantado denuncias. Pero nada sucede y muchas mujeres ya no quieren denunciar porque dicen que sólo exponen sus casos, salen en la prensa, la comunidad las señala, pero de sus agresores nada. Virginia, maestra rural de 20 años, salió de su casa el 5 de julio de 2007, acompañada de su hermana Daniela, de 14 años, para recoger sus cosas de la comunidad de San Marcos Xinicuesta, puesto que había conseguido que la asignaran a otra escuela cerca de Rastrojo, su comunidad. Se dirigió en taxi a Putla, donde las vieron por última vez. La desaparición fue denunciada tres días después. No obstante el procurador no actuó. Declaró que el conflicto político en la zona, le impedía "exponer a sus hombres". Han pasado 19 meses. Como ya pasaron tres décadas de las primeras denuncias que presentaron mujeres triquis ante las entonces autoridades. Esto me recuerda Acteal, la guerra sucia, me recuerda Ciudad Juárez, me recuerda a los niños abusados por Marcial Maciel, me recuerda que en este país no importan ni los niños, ni los indígenas, ni las mujeres. Me indigna.

Reprobará la ONU a México en logros para evitar la violencia contra las mujeres: ONG

12 de Febrero, 2009. En la evaluación periódica que realiza la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sobre la situación de los derechos humanos, México saldrá “reprobado y regañado en lo que se refiere a los logros alcanzados en el combate de la violencia contra las mujeres, afirmó María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Dijo que “aunque ha habido algunos avances, son más los obstáculos y los incumplimientos de recomendaciones internacionales”, por lo que el país “no pasará el examen”, al menos en este rubro.

En entrevista, precisó que aunque 30 entidades ya cuentan con leyes espejo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo cinco han elaborado sus reglamentos. Expresó que lo peor de esto es que, aun con ley y con reglamentos, “siguen aumentando y quedando impunes los asesinatos de mujeres, porque en los hechos la ley es letra muerta, ya que no se generan los mecanismos para hacerla funcionar”. En tal sentido, para el OCNF México presenta más negros que blancos en torno al tema.

Sin embargo, para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la visión es algo distinta, pues de acuerdo con lo expresado por Pablo Navarrete, coordinador jurídico del instituto, “no se puede plantear una situación de blanco o negro, porque hay matices, hay grises”, señaló hace algunos días, antes de viajar a Ginebra, cuando expresó que en este examen también se abordarán otros temas.

Dicho funcionario hizo hincapié en que en sólo dos años, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya tiene su normatividad espejo en 30 estados, lo cual consideró un “avance muy significativo, porque ya hay todo un andamiaje que permite a las entidades hacer frente a la violencia que se presenta no sólo en el entorno familiar, sino que se generan mecanismos de intervención para evitarla en la comunidad, así como la laboral, la institucional y la feminicida”.

No obstante, Estrada consideró que esto no es tan claro, pues es obvio que resta mucho por hacer, ya que falta coordinación entre los estados, que se tipifique el feminicidio y que el Inmujeres tenga mecanismos de evaluación y presupuesto para ello. Además –dijo–, faltan indicadores y elaborar reglamentos que realmente ayuden y no entorpezcan la situación”.

Nota de Carolina Gómez Mena (La Jornada)

Omiso de justicia, el informe oficial sobre derechos humanos ante la ONU

11 de Febrero Oaxaca, México.- Organismo civiles, calificaron de preocupante la postura asumida por el gobierno Mexicano durante la presentación del Examen Periódico Universal al omitir casos graves de violación de derechos humanos como Atenco y Oaxaca y sin respuesta de justicia para las víctimas. Para Marco Leyva, representante de Educa A.C Servicios Alternativos para la Educación, el balance presentado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación en Ginebra, evidenció el “diálogo de sordos” que mantiene el gobierno federal para escuchar y atender los reclamos de justicia de la ciudadanía a pesar de la presentación contundente de hechos que documentan la trasgresión de los derechos humanos en el país.

Entrevistado durante el foro El Estado Mexicano en la mira de la ONU, el activista expuso que hasta ahora la administración de Felipe Calderón ha ignorado la voz de los organismos civiles locales, nacionales e internacionales sobre la comisión de delitos que afectan a todos los sectores sociales y que siguen en la impunidad. Leyva Madrid consideró como preocupaciones inmediatas para la protección de las garantías individuales de los mexicanos, la afirmación de Gómez Mont sobre la permanencia “hasta que sea necesario” del Ejército en las calles para el combate del crimen organizado.

Además dijo, es doblemente preocupante que el gobierno en aras de justificación, coloque al crimen organizado como agente principal de la violación de derechos humanos en el país, olvidándose de hechos como Atenco o Oaxaca, en donde fue documentada la represión de la fuerzas pública federal y estatal e incluso pasando por alto las bases teóricas que señalan que quienes violenta los derechos humanos es el Estado. Dijo que aunque Gómez Mont abordó temas como los feminicidios, pero solo en Ciudad Juárez o la migración, el informe oficial desapareció prácticamente la situación de derechos humanos en los estados del país. Calificó el informe del gobierno mexicano como un maquillaje internacional a la severa violación de los derechos humanos, ya que dedicó más tiempo a ensalzar las leyes e instituciones creadas para su protección, cuando en los hechos no tienen un impacto real en la sociedad. Por otro lado Leyva Madrid confió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome en cuenta la denuncia civil presentada tanto el en caso de Atenco como de Oaxaca y no refrende la impunidad que ha permeado en todos los niveles de gobierno en los referente a derechos humanos.

México se niega a reformarse para garantizar derechos humanos

Por otro lado, Daniel Tapía encargado para México y Derechos Humanos de la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia con sede en Munich, Alemania, expuso que México se niega a realizar una reforma a fondo para garantizar el respeto de los derechos humanos de su población.

Daniel Tapia: México requiere con urgencia de reformas para garantizar los derechos humanos a la ciudadanía

Por otro lado, señaló que las personas no confían en las instituciones gubernamentales creadas para la defensa de sus derechos humanos, de ahí que México no cumpla aún con los instrumentos ni protocolos internacionales sobre este tema. Es por ello, dijo Daniel Tapia que las víctimas ni siquiera denuncien o esperen la intervención de organizaciones internacionales para dar a conocer hechos de violación de derechos humanos. Califico de insuficiente el informe presentado por el estado mexicano en el Examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas porque se omitieron temas como los derechos de la niñez, de las mujeres, de los periodistas y de las comunidades indígenas y que hasta ahora, en muchos casos, no han tenido la respuesta de la justicia.

Elimina Ssa objeción de conciencia de norma oficial para practicar aborto

15 de Febrero, 2009. La Secretaría de Salud (Ssa) envió este fin de semana a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de redacción de la norma NOM-005-SSA 1993 de los servicios de planificación familiar, para dar por finalizado el diferendo generado por los cambios a la redacción original –promovidos por la autoridad federal–, que incluían la objeción de conciencia del personal médico que practicaría el aborto a mujeres víctimas de abuso y violencia sexual.

Tal modificación al texto, aprobado el 28 de enero en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, también refería que si los médicos y el personal especializado eran objetores de conciencia se debería buscar entre aquellos que no lo fueren. Además, se exigía la aprobación de los padres o el tutor para practicar la interrupción del embarazo que se originara por violencia o abuso sexual.

Ahora, la nueva propuesta de la Secretaría de Salud –de la que se tiene copia– establece que "en caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana Aplicable, prescribir la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias de la utilización de este fármaco, pudiendo prescribirse hasta un máximo de 120 horas después de ocurrido el acto; a fin de que la persona tome una decisión libre e informada". En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en términos de la legislación aplicable, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán practicar el aborto médico a solicitud de la víctima interesada y, en caso de ser menor de edad, a solicitud del padre o la madre o, a falta de estos, de su tutor. "En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión sea informada conforme a las disposiciones aplicables. En todo caso se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento.

"Las instituciones de atención médica deberán contar con doctores y enfermeras capacitados en procedimientos médico quirúrgicos en aborto, no objetores de conciencia o, en su defecto, referir de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y de instalaciones que garanticen la calidad y la calidez de la atención". La norma original, aprobada el 21 de julio por el Comité Consultivo y consensuada con las organizaciones no gubernamentales, respetaba los derechos de las mujeres en el tema de violación, y era congruente con los códigos penales estatales, para darle servicio a una mujer que necesitara y que requiriera una interrupción legal del embarazo, como producto de una violación, o que se le proporcionara la anticoncepción de emergencia. Tal redacción consideraba prescribir la anticoncepción de emergencia a toda mujer violada de forma inmediata y hasta 120 horas después de ocurrido el hecho para prevenir un embarazo no deseado, brindando información completa.

No obstante, el 28 de enero pasado se generó el diferendo entre los diputados federales, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y la Secretaría de Salud, cuando el Comité Consultivo modificó el contenido de la norma, para quedar como sigue:

"Informar de las posibles consecuencias de la violación y, ante la posibilidad de embarazo, hacer del conocimiento de la víctima sobre la prescripción de la anticoncepción de emergencia, debiendo proporcionarle información de todos los posibles riesgos y consecuencias de la utilización de este fármaco, pudiendo prescribirse éste hasta un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, a fin de que la usuaria tome una decisión libre e informada, conforme a la norma oficial mexicana aplicable"."En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, podrán prestar los servicios de aborto médico, a solicitud de su padre, de su madre, o a falta de éstos, de su tutor. "En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.

"En todo caso se deberá respetar la objeción de conciencia de los médicos y personal de salud. Las instituciones de atención médica podrán contar con prestadores de servicios capacitados en procedimientos médicos quirúrgicos en aborto médico no objetores de conciencia o, en su defecto, referir a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con instalaciones que garanticen la calidad y la calidez de la atención".

El drama de la mutilación genital infantil

6 de Febrero, 2009. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que tres millones de niñas están en riesgo de sufrir una mutilación genital o escisión cada año en el mundo. La mutilación genital femenina o escisión comprende todos los procedimientos quirúrgicos que consisten en la extirpación total o parcial de los genitales externos, así como de otras intervenciones practicadas en los órganos genitales femeninos por motivos culturales o no terapéuticos.

Veronique Taveau, vocera de UNICEF, señaló que actualmente existen entre cien y 140 millones de mujeres que han sufrido este tipo de mutilación en 28 países africanos. En el marco de la conmemoración del día mundial de Cero Tolerancia a la Mutilación Genital Femenina, la UNICEF encomió los esfuerzos del gobierno de Sudán y de las organizaciones de la sociedad civil para poner fin a esta "terrible" práctica que aqueja a 69% de las niñas y mujeres en el país africano.

La representante de UNICEF en esa nación, Iyabode Olusanmi, declaró que "los peligros que la mutilación genital femenina representan son reconocidos por las instituciones de salud, el gobierno, líderes religiosos, ancianos y familias en Sudán, y aplaudimos sus esfuerzos por erradicarla totalmente". Agregó que "es inaceptable que se siga exponiendo a las niñas a esta peligrosa e innecesaria violación de sus derechos".

Subrayó que "ninguna niña debe ser sometida a la escisión. Las familias deben entender que la mutilación genital femenina no tiene ningún valor religioso ni social y solamente pone en riesgo la vida de las menores". En tanto en Suiza se llevó a cabo un panel de discusión sobre esta práctica entre la Unión Interparlamentaria, el Comité Interafricano de Prácticas Tradicionales que afectan la Salud de las Niñas y Mujeres, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Departamento de Instituciones de Ginebra.

Taveau señaló que la mayor parte de las niñas y mujeres que han sido víctimas de esta práctica viven en países africanos, aunque algunas habitan en Asia. Sin embargo, denunció que son crecientes los casos en Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos, principalmente entre inmigrantes procedentes de Africa y el sudeste asiático.

Según UNICEF, los motivos por los que se practica la mutilación genital femenina son múltiples.
Por cuestiones sexuales, a fin de controlar o mitigar la sexualidad femenina; por motivos sociológicos, ya que se práctica, por ejemplo, como rito de iniciación de las niñas a la edad adulta o en aras de la integración social y el mantenimiento de la cohesión social. También en algunas culturas se practica por fines de higiene y estéticos, pues se cree que los genitales femeninos son "sucios y antiestéticos". Además erróneamente se cree que aumenta la fertilidad y hace el parto más seguro. También se practica por motivos religiosos, debido a la creencia distorsionada de que la ablación genital femenina es un precepto divino.

La escisión se practica principalmente a niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años. No obstante, en algunos países la mutilación genital femenina se practica a niñas menores de 1 año, como por ejemplo, en Eritrea y Malí, donde la práctica afecta, respectivamente, a 44 y 29% de estos grupos. Taveau enfatizó que la ablación genital femenina constituye una "violación fundamental de los derechos de las niñas"

Un hecho, que en Atenco se violó la libertad sexual de las mujeres

Las agresiones sexuales denunciadas por 31 mujeres durante los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México, "pudieran configurar actos de tortura proscritos por el derecho internacional y nacional", indica el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Luego de analizar los testimonios, declaraciones ministeriales, pruebas médicas de las mujeres que se quejaron de haber sido vejadas por los policías mexiquenses durante su detención y traslado –los días 3 y 4 de mayo de 2006– al penal de Santiaguito, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisa que su investigación sobre el caso Atenco no es de tipo penal, por lo que corresponde a la procuraduría mexiquense determinar si las agresiones sexuales referidas deben ser consideradas actos de tortura.

Lo que es un hecho, subraya el texto, es que los policías violaron la libertad sexual de las mujeres que fueron remitidas a prisión. En este sentido, Gudiño cuestiona la actitud asumida por las procuradurías General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la General de la República (PGR), las cuales no llevaron a cabo las pruebas periciales necesarias ni recogieron los testimonios que se requerían para investigar las denuncias de abuso sexual que presentaron 31 de las 50 mujeres detenidas.

En una pormenorizada relatoría de hechos, el dictamen da cuenta que el abuso sexual tuvo lugar durante su aprehensión, al subirlas al transporte, durante el trayecto al penal y al momento de ingresar a éste. Las agresiones sexuales, relatan las quejosas, consistieron en manoseos, tocamientos, apretones a senos, pezones, piernas y pubis, glúteos, ano y vagina, encima y bajo la ropa; dos de las quejosas señalan que fueron obligadas a practicar sexo oral a policías y otra más refiere que le introdujeron un objeto metálico en la vagina. Los malos tratos y las agresiones verbales acompañaban la violencia sexual. Las denuncias son avaladas por los testimonios –algunos de ellos videograbados– de las víctimas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la propia Comisión Investigadora de la SCJN. También se integran en el documento del ministro exámenes médicos que dan cuenta de escoraciones, mordidas y golpes que coinciden con las quejas.

Por otra parte, el dictamen cuestiona a la PGJEM y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, las cuales actuaron tardíamente, a pesar de que por la naturaleza del delito, la realización de exámenes ginecológicos o la búsqueda de lesiones o de semen de los agresores tenía que llevarse a cabo lo más pronto posible. Además, la PGJEM tomó declaraciones de las víctimas hasta el 12 de mayo, a pesar de que el periódico La Jornada reveló en su edición del día 8 de ese mes la existencia de abuso sexual contra las detenidas; tampoco llevó a cabo pruebas periciales en la ropa de las víctimas ni en los camiones y camionetas en que habrían ocurrido los abusos.

El dictamen llama la atención sobre que la Agencia de Seguridad Estatal se negó a proporcionar los nombres de los policías que realizaron las detenciones, con el argumento de que no tenía la información disponible. El ministro censura que la corporación mexiquense no haya grabado los hechos, desde la detención hasta el ingreso de las mujeres al penal, que fueran hombres y no mujeres policías los encargados del traslado y que además no estuvieran presentes observadores de la CNDH.

Por ello, subraya que "no obstante las carencias probatorias", y que los elementos contenidos en el expediente "no permiten establecer con plena certeza si en efecto, los hechos denunciados ocurrieron tal como fueron denunciados, lo cierto es que sí son suficientes para que se pueda considerar creíble que hubo agresiones sexuales contra las mujeres detenidas". Aunque enfatiza: "basta que haya sido así en un caso, para que la violación a la dignidad humana tutelada por la norma en forma de libertad sexual, se haya actualizado".

La Audiencia Nacional española no investigará el caso

Madrid, 5 de febrero. La Audiencia Nacional rechazó hoy investigar la denuncia de una española por presuntas torturas sicológicas, físicas y abusos sexuales sufridos durante su detención en mayo de 2006 en México, tras unos disturbios en la localidad de San Salvador Atenco. La sección segunda de la sala de lo penal desestimó el recurso de Cristina Valls, representada por la organización Women's Link Worldwide, contra la decisión previa en este sentido del juez Fernando Grande Marlaska. El magistrado consideró en su día que no se podía admitir la querella por que ya estaba abierta una investigación en México sobre los mismos hechos." Ha quedado acreditado que en México (...) se están llevando a cabo investigaciones tendentes a esclarecer los hechos", lo que impide "cualquier otro pronunciamiento que no sea reconocer" la prioridad de la jurisdicción mexicana frente a la española, "puesto que el lugar de la comisión del delito es preferente" sobre la nacionalidad de la denunciante, indicó hoy la sección segunda de la sala de lo penal.

Nota: Jesus Aranda

SS comete violencia institucional al aprobar NOM modificada

México DF, 29 enero 09 (CIMAC).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunció hoy que la aprobación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005).Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, a la que se hicieron “modificaciones extraordinarias” en una sesión “dudosa” realizada ayer por la Secretaría de Salud (SS), ya no garantiza el acceso a la anticoncepción de emergencia, ni a la interrupción legal del embarazo producto de una violación y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres.

De ser publicada dicha norma, señala en un comunicado el Observatorio, conformado por 43 organizaciones en 17 estados del país, implicaría una violación al capitulo IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al incurrir en violencia institucional por obstaculizar e impedir el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Por lo anterior, el Observatorio exige al Estado mexicano asumir su responsabilidad internacional de manera cabal, desconozca la versión aprobada en la sesión irregular del miércoles 28 de enero y respete la versión originalmente revisada y aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, órgano colegiado en el que participan los sectores público, social y privado, el 21 de julio de 2008.
La aprobación de una NOM con modificaciones a su redacción, que el jurídico de esta instancia realizó, “demuestra la falta de compromiso del Estado mexicano y particularmente de la Secretaría de Salud, con la protección de estos Derechos y pone de manifiesto la aplicación de políticas públicas cosméticas que no garantizan a cabalidad el cumplimiento de los acuerdos adquiridos por el Estado ante organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos”.

CASO PAULINA, ORIGEN DE LA NOM

La versión aprobada el pasado 21 de julio que fue radicalmente modificada ayer, recuerda el Observatorio, era congruente con la evidencia científica más reciente, y atendía a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos compromisos derivaron del fallo en el caso “Paulina del Carmen”, una adolescente del norte del país quien fue víctima de violación sexual, por lo cual resultó embarazada, pero a quien las autoridades locales le negaron su derecho a interrumpir legalmente el embarazo, como permite la ley.

Es importante resaltar, dice el Observatorio, que la norma 046 enfatizaba la obligación del personal de salud de proporcionar a las mujeres anticoncepción de emergencia o, en su defecto, de informarles sobre las alternativas para la interrupción legal del embarazo en los términos de la legislación estatal aplicable y garantizarles ese servicio médico en las mejores condiciones.

ALBAZO

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denuncia asimismo que, “después de más de dos años de espera y con una versión de la que sólo se esperaba su publicación”, ayer el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (CCNNPYCE) se reunió en una sesión de convocatoria informal e irregular en la Subsecretaría de Salud, para discutir y aprobar nuevas modificaciones a la redacción que el jurídico de esta instancia realizó a la norma 046. Para la Subsecretaría de Salud, señala el comunicado, los cambios realizados fuera del proceso que dicta la ley no afectarían el sentido de la norma; sin embargo, “vemos con preocupación que dichas modificaciones ya no garantizan el acceso a la anticoncepción de emergencia, ni a la interrupción legal del embarazo producto de una violación”.

De igual forma, atenta contra el objetivo de la propia Norma, pues no obliga al Estado a ofrecer dichos servicios, a pesar de que en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006), reveló que 766 mil 501 mujeres han sido obligadas o forzadas a tener relaciones sexuales, situación que preocupa y que es necesaria atender con políticas públicas integrales, que garanticen el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mexicanas, dice el Observatorio.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Es alarmante, afirma el Observatorio, la modificación relativa a la objeción de conciencia al ponderar este derecho a médicos y al personal de salud, por encima de la vida y la salud de las mujeres victimas de violencia sexual. Si bien la objeción de conciencia es un derecho particular, éste no exime a las instituciones públicas y por ende al Estado de su obligación de garantizar el servicio de ILE, aclara el Observatorio, de lo contrario se seguirán reproduciendo casos de negación por objeción de conciencia tal como está sucediendo en Veracruz en donde a una mujer indígena con padecimientos mentales, le fue negado su derecho a interrumpir legalmente el embarazo (Cimacnoticias, 26 enero 09) producto de una violación, por la falta de lineamientos.

Veracruz: SS niega Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a mujer indígena que fue violada

Chicontepec, Ver., 26 enero 09 (CIMAC).- Una mujer indígena con padecimiento mental y abusada sexualmente por un desconocido está embarazada como consecuencia del ataque, pero tiene pocas posibilidades de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE), debido a inconsistencias de la legislación veracruzana. Así lo informó Martha Mendoza Parissi, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), quien conoció el caso de la mujer quien tiene 30 años de edad, pero cuya madurez mental es de tres años, por lo cual su madre y padre solicitaron la ILE.

Informó también la funcionaria que hay nueve mujeres más en la Sierra de Chicontepec con discapacidad mental que sufren situaciones similares. Los padres de la víctima pidieron el derecho a la ILE, pues su condición de extrema pobreza y edad avanzada no les permitiría cuidar al recién nacido ni a su hija, quien al igual que ellos no habla español. Por ello, el IVM solicitó a las autoridades, a través de su titular, la interrupción del embarazo cuando la mujer presentaba siete semanas de gestación, sin embargo el personal de la Secretaria de Salud rechazó la solicitud violentando así su derecho.

De acuerdo al Código Penal vigente en el estado de Veracruz el caso reunía las causales que establece la Ley, es decir, la práctica del aborto en este caso es legal pues se trata de un ataque sexual. Ante la negativa de los médicos veracruzanos, se planteó la posibilidad de la práctica del aborto en el Distrito Federal y para ello se requirió la anuencia de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Ante la gravedad del caso, la PGJE a través de la subprocuradora Especializada en Asuntos Indígenas, Hilda Rojas Pérez, acordó el traslado de la mujer al Distrito Federal, siempre y cuando se cumpla con los términos que marca la Ley y no se ponga en riesgo su vida.

AL MENOS 10 CASOS SIMILARES MÁS

Tan solo en el 2008 fueron denunciados ante el Instituto Veracruzano de las Mujeres ocho casos de mujeres adultas con enfermedad mental y dos casos de niñas víctimas de violación y, como consecuencia, embarazadas, todas de la sierra de Chicontepec, específicamente de los municipios de Chicontepec, Chontla y Tantoyuca. De los casos antes citados, cuatro mujeres dieron a luz y tres están en período gestación avanzada. Tres agresores fueron detenidos, uno de ellos logró su libertad y los otros cinco aún no han sido identificados.

Por ello el IVM pidió al procurador de Justicia de Veracruz, Salvador Mikel Rivera, continúe la investigación de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres con enfermedad mental. Además demandaron asistencia social y respaldo alimentario al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para las agraviadas y sus hijos.

CONGRESO DEBE REVISAR CODIGO PENAL

El problema de violación a mujeres afectadas de sus facultades mentales agredidas sexualmente fue planteado ante el Congreso del estado de Veracruz por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, y se ha exhortado a los y las legisladoras a modificar el Código Penal vigente en Veracruz para apoyar a quienes siendo víctimas de violación desean interrumpir su embarazo pues, aunque la legislación contempla este derecho, no especifica el procedimiento legal para hacerlo.

Dice el Código Penal vigente en Veracruz, en su Artículo 154 fracción II: “El aborto no es punible cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida”. Sin embargo no establece el procedimiento que deberá seguirse para acceder a este derecho, generando así inconsistencias en la propia ley.

Nota de: Laura Castro Medina/ CIMAC