En 2002, violada por soldados; ahora, amenazada de muerte por denunciarlos

HERMANN BELLINGHAUSEN (La Jornada 24Ago): Inés Fernández Ortega y su esposo Fortunato Prisciliano, miembros de la Organización de Pueblo Indígena Mepha´a de Ayutla de los Libres, Guerrero, y adherentes a la otra campaña, han recibido amenazas de muerte por denunciar abusos del Ejército federal, y sus alegatos han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya emitió una recomendación.

La organización Mepha'a en la región tlapaneca de la montaña guerrerense documenta que Inés Fernández Ortega fue atacada y violada por tres soldados del ejército federal el 22 de marzo de 2002. "Los soldados entraron a su casa de madera y tierra para interrogarla acerca de una carne que estaba colgada fuera de la casa y que según los soldados era robada; después fue interrogada sobre el paradero de su esposo y fue ultrajada. Inés Fernández y su esposo Fortunato Prisciliano denunciaron ante las autoridades locales la violación e inicialmente se abrió una investigación en el Ministerio Público de Ayutla de los Libres".

Sin embargo, "las autoridades militares no tardaron mucho en atribuirse la jurisdicción del caso y en 2003 el fiscal militar recomendó cerrar las investigaciones. Según los informes, ese mismo año, soldados intimidaron a la pareja y acosaron a otros vecinos de Ayutla".

Inés y Fortunato, con el apoyo de la organización indígena, "no han dejado de luchar por obtener justicia. Como parte de su digna lucha, en octubre de 2006, su caso fue aceptado por la CIDH, con lo cual están muy cerca de sentar al Ejército federal en el banquillo internacional de los acusados por violar los derechos humanos de los civiles y de los pueblos indígenas". El caso ha sido retomado también por Amnistía Internacional.

A partir de que la Corte Interamericana aceptó su caso y que los indígenas agraviados mantienen su voluntad de seguir adelante en su denuncia, han sido objeto de agresiones y amenazas que ponen en riesgo su integridad física y mental, añade la organización Mepha'a (del pueblo tlapaneco). El 30 de junio de este año, Fortunato Prisciliano, quien ahora tiene cargo comunitario como policía del pueblo, "fue golpeado frente a la comisaría por una persona que sirve de guía al Ejército federal cuando patrulla las cercanías de la comunidad de Te Cuani (Cerro de Tigre), de donde es originario".

Según la organización tlapaneca, "mientras Fortunato era golpeado, el agresor le mostró una pistola que llevaba bajo la ropa y le dijo: 'Si intentas decir algo aquí te traigo tu comida, lo que estás denunciando con tu esposa en contra de los guachos es mentira, y ya sabemos que hasta Estados Unidos vas a ir, pero no te va a servir de nada porque es mentira lo que estás diciendo'".

El ataque fue denunciado ante el jefe de la policía municipal, quien ordenó al agresor presentarse en la comisaría. "Este se disculpó y explicó que estaba borracho. Sin embargo, después de esto han proseguido el acoso y las amenazas. El 27 de julio se le acercó el tío del hombre que le había pegado y amenazado y le dijo: 'Deja de chingar a los guachos, sabemos que quieres ir hasta a Estados Unidos a denunciarlos, y si no paras algo feo te puede pasar'".

Por último, los días uno y 3 de agosto, recibió nuevas amenazas: "Hijo de tu chingada ya deja de decir que a tu esposa la violaron los guachos, ya te dije que te vamos a partir tu madre".

La Coordinadora Costa-Montaña de Guerrero de la Organización Indígenas Mepha'a concluye: "Tememos por la integridad física y mental de nuestros compañeros. Vemos que estos hechos se realizan con la clara intención de que Inés y Fortunato abandonen su lucha y no se presenten al juicio internacional en el cual exhibirán al Ejército mexicano como violador de los derechos humanos, en contra de la clara y completa impunidad que siempre ha tenido el Ejército en nuestro país, y del discurso oficial que lo presenta como institución ejemplar y respetuosa de los derechos humanos".

A todo esto se suma la creciente militarización y violación a los derechos humanos que, "en especial el año reciente, han implementado el Estado y su Ejército en contra de las comunidades indígenas organizadas en la sierra de Ayutla, Guerrero".