Inicia primer juicio oral por tentativa de feminicidio
El 22 de octubre se llevará a cabo en Chihuahua la primera parte del primer juicio oral, una audiencia intermedia, por tentativa de feminicidio, en el que cinco expertas en violencia de género descargarán pruebas para demostrar que el caso de Dolores Tarín, sobreviviente de intento de homicidio por parte de su expareja, es un delito de género, informó Luz Esthela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y representante legal de la víctima. La fecha para el juicio oral está programada entre el 15 y 20 de noviembre del 2008.
Cabe recodar que ésta será la primera vez que a través del nuevo sistema de justicia penal, vigente en Chihuahua desde 2007, se realice una audiencia pública ante un juez de garantía por un caso de tentativa de feminicidio que incorpora convenios internacionales signados por México, enfatizó Luz Esthela Castro. Las cinco expertas en violencia de género que participarán mañana descargarán pruebas para demostrar que se trata de un delito de feminicidio, dijo Castro. Entre ellas están la abogada y especialista en derechos humanos Adriana Carmona; la chilena Rina Montt, quien hará peritajes con perspectiva de género; Alicia Leal, de Alternativas Pacíficas y experta en violencia de género y Elena Rosina Uranga, terapeuta especializada en violencia contra mujeres.
La activista y también abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas pugnó porque el caso de Dolores no se fuera a juicio abreviado, tal y como lo había solicitado el Ministerio Público, ya que, a decir de Castro, éste es un minijuicio donde sólo está el juez de garantía y el inculpado, quien acepta su culpa con una penalidad muy baja que es de 6 años, aunque el Código Penal estatal establece que cuando se trate de un homicidio agravante, donde el sujeto pasivo es mujer, la penalidad va de los 30 a los 60 años. "Por ello no aceptamos", dijo Castro, quien recordó que la organización que dirige y que tiene la coadyuvancia del caso solicitó a la jueza encargada de éste incorporar la perspectiva de género en la audiencia de vinculación a proceso del imputado.
Y que por tratarse de una mujer, tal y como lo establece el Código Penal, se considere tentativa de homicidio calificado y que la fundamentación legal de la resolución de la audiencia sea con base en los convenios y tratados internacionales especialmente CEDAW y Belém Do Pará, así como en la Ley estatal por el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Además, que se califique la tentativa de homicidio como un delito de género y una violación de Derechos Humanos.
Dolores presentó en agosto de 2007 una denuncia en la Unidad de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia estatal por violencia familiar y amenazas de muerte contra su ex pareja Héctor Gabriel Rábago Andrade. Su caso, como el de muchas otras mujeres que denuncian violencia familiar, fue remitido al Centro de Justicia Alternativa, donde se hacen "convenios" entre las víctimas y sus agresores para no llevar los casos a juicios. Ahí, Dolores "llegó a un acuerdo" en el cual su agresor y ex pareja se comprometió a no agredirla a partir de ese día. En septiembre de 2008, Dolores fue agredida por dos hombres contratados por Héctor para matarla, quienes la visitaron en su oficina bajo el pretexto de buscar trabajo, para después apuñalarla por la espalda. Después de una cirugía y de permanecer algún tiempo hospitalizada, Dolores decidió cerrar su negocio y mudarse a Ciudad Juárez con su hermano. No obstante, hasta ahí han llegado los sicarios, quienes ya balearon la casa de sus familiares. Aunque Dolores y su familia pidieron vincular la investigación con los hechos anteriores, las autoridades se negaron.
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