Trabajadoras Sexuales de BC exigen frenar violencia en su contra

Un centenar de Trabajadoras Sexuales de Mexicali, Baja California protestaron por la violencia de que son objeto y para exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el esclarecimiento de cuatro asesinatos de sus compañeras. Asimismo, demandaron que se cancele el incremento de precio de las tarjetas sanitarias que deben portar. La tarifa incluye una revisión clínica quincenal de la dirección de servicios médicos municipales.

El más reciente asesinato de una trabajadora sexual, de los cuatro documentados por la PGJE, fue cometido el viernes pasado. El cadáver semidesnudo de la víctima fue abandonado en un canal de riego de la colonia Gabriela Mistral, en la zona poniente de Mexicali. En esa región se descubrió en septiembre pasado el cuerpo de Vilma Arellano Díaz, también dedicada al trabajo sexual. "Somos muy vulnerables, por la confidencialidad de nuestros servicios", comentó una mujer que participó en la protesta, quien sostuvo que unas 4 mil personas ejercen el trabajo sexual en Mexicali, pero sólo una de cada dos está inscrita en el padrón de servicios médicos municipales, que controla esa actividad.

Para tener derecho a laborar, las trabajadoras sexuales deben acudir cada quincena a practicarse una revisión que les costaba 171 pesos, cifra que se duplicó a partir de este mes. De acuerdo con el secretario del ayuntamiento capitalino, Raúl López Moreno, el incremento corresponde a la Ley de Ingresos que los regidores aprobaron por unanimidad. El incremento del costo de la tarjeta sanitaria afecta a alrededor de mil 500 mujeres que complementan con el trabajo sexual sus ingresos como meseras o trabajadoras de cantinas. Los dueños de establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual tienen que pagar multas de al menos 5 mil pesos si se descubre que contratan a mujeres que carecen de la tarjeta actualizada.

Por otra parte, las manifestantes señalaron que unas 2 mil mujeres laboran sin estar en el padrón del municipio, pues ofrecen sus servicios por teléfono, Internet o recomendaciones personales. "A ellas nadie las molesta. Por eso el gobierno está obligado a ser preventivo, no recaudatorio", comentó una de las inconformes.