Posible juicio a ex gobernador de Chihuahua por feminicidios

Reclamo de familiares de mujeres asesinadas en Ciudad JuárezFoto Archivo / Guillermo Sologuren

Blanche Petrich

Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite un fallo favorable a las madres de tres jóvenes asesinadas del caso Campo Algodonero-2001 de Ciudad Juárez, el ex gobernador de Chihuahua Patricio Martínez y su ex procurador José Jesús Chito Solís tendrán que ser juzgados en México por no haber garantizado la protección a las víctimas, dos de ellas menores, y por no haber prevenido ni esclarecido estos asesinatos pese a que, desde cinco años antes de los hechos, prevalecía un patrón de violencia de género que había y cobrado centenares de vidas de niñas y mujeres.

Además, una larga lista de funcionarios de la anterior administración –la fiscal especial Zulema Bolívar, el agente del Ministerio Público, Manuel Esparza, y varios más– y responsables del actual gobierno, desde el mandatario José Reyes Baeza y su procuradora Patricia González hacia abajo en la cadena de mando, serían condenados por la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos y denegación de justicia.

Al explicar lo anterior, la abogada Sonia Torres, interviniente común de la querella ante el tribunal internacional, indicó que, además, entre las ideas que se están proyectando, se demandará también que el Estado mexicano emita una disculpa pública por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y que las madres sean reconocidas, en su activismo por los derechos humanos, como agentes del cambio en la ciudad fronteriza.

Promotora de la denuncia que hizo suya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la instancia que la elevó a nivel de la Corte –cuyas sentencias son obligatorias para los Estados miembros del sistema de la OEA–, Sonia Torres aseguró que las implicaciones positivas de una condena al Estado mexicano generarán políticas públicas que garanticen efectivamente la seguridad de las mujeres, con instituciones que sí funcionen.

Como muchas otras organizaciones de derechos humanos que en la última década se involucraron en estos casos, Torres es crítica de instituciones que se crearon supuestamente para resolver el problema de feminicidios en Juárez. Entre ellas destaca la Comisión para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Juárez, que presidió Guadalupe Morfín, y la fiscalía especial que condujo María Luisa López Urbina.